El enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca; la «Ley Eruviel» contra las manifestaciones de comunidades ante el despojo de sus tierras; miles de desaparecidos y otros casos reflejan que el 2016 ha sido un año marcado por la agudización de una crisis de derechos humanos ante la que el Estado mexicano ha hecho oídos sordos, acusó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– De enero a agosto (ocho meses) de este año, 47 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México, en su mayoría de Oaxaca y Veracruz, reveló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
«El 2016 ha sido un año marcado por la agudización de una crisis de derechos humanos ante la que el Estado mexicano ha hecho oídos sordos. Esto, los asesinatos, refleja en particular la gravedad del riesgo cotidiano que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y lo endeble del compromiso del Estado para garantizar la seguridad en el ejercicio y reivindicación de los derechos consagrados en el marco legal mexicano», expuso en un comunicado.
En Oaxaca fueron asesinadas 19 personas defensoras; en Veracruz fueron 12 las víctimas; en Chihuahua mataron a 3; en Chiapas a dos; y una en la Ciudad de México, Sonora y el Estado de México .
A lo largo de este año, por ejemplo, hubo «filtraciones y estrategias» dirigidas a minar la credibilidad pública de reconocidas personas defensoras de casos como el de Ayotzinapa, como en el caso de los reconocidos expertos internacionales que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
«En este caso la descalificación tuvo claros componentes de violencia de género», evaluó la Red.
Durante el informe se enfatiza el enfrentamiento entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y policías en el marco de la ola de protestas contra la Reforma Educativa.
«La criminalización que sufrieron los profesores en general y en particular quienes están agrupados en la CNTE fue uno de los hechos más graves del año. Su punto más agudo se dio con la agresión por parte de fuerzas policiacas de orden estatal y Federal en contra de profesores y pobladores en la comunidad de Nochixtlán, en donde ocho personas defensoras fueron privadas de la vida», acusó.
De acuerdo con la Red de organismos, se trató de un «despliegue policial absolutamente desproporcionado, así como una campaña de desprestigio en medios de comunicación».
Asimismo, el informe anual destaca el proceso de despojo que viven algunas comunidades en torno a los megaproyectos que violan derechos de sus habitantes al no contar con consultas previas e informadas.
A nivel nacional hubo ocho asesinatos de defensores de Tierra y Territorio. No obstante, la situación que existe en el Estado de México, añade, es preocupante.
El caso más conocido es el de la reactivación del proyecto para desarrollar un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México, pero la Red ha documentado al menos cuatro situaciones de comunidades que han sido hostigadas por defender sus derechos: Coyotepec, San Salvador Atenco, Xochicuautla y Tecámac.
«La respuesta del gobierno del Estado de México a esta conflictividad social fue la emisión de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, misma que fue ampliamente criticada por permitir incluso la utilización de armas letales», detalló la Red TDT.
Este ordenamiento se encuentra en revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Respecto a los miles de desaparecidos, en el marco de una guerra que ya lleva diez años, el informe acusa que el gobierno no ha sido incapaz de ofrecer respuesta a las «legítimas demandas» de sus familiares, ni ha sido capaz de facilitar los procesos de búsqueda que las familias valientemente han iniciado ni de impedir que sufran agresiones y hostigamientos en su búsqueda de justicia
Finalmente, al recuento de situaciones de violación a los derechos humanos, los organismos suman «los intentos por parte de diversos grupos de interés, por generar un marco jurídico que favorezca de manera estructural la impunidad».
Por una parte, está el proceso de conformación de la nueva Fiscalía General de la República (FGR), donde se pretendió imponer a Raúl Cervantes «que tiene claros conflictos de interés».
Ante ello, el colectivo #FiscalíaQueSirva exigió que se garantice un procedimiento adecuado y acompañado por la sociedad civil para la designación del nuevo Fiscal, así como una discusión técnica en torno al modelo de FGR.
Por otra parte, están las distintas iniciativas que pretenden «normalizar» la participación del ejército en tareas de seguridad pública para la cual la misma institución ha reconocido que no está capacitada, así como generar un marco para el establecimiento de estados de excepción en donde se pretende legitimar lo que ha propiciado graves violaciones a los derechos humanos.
Todas estas situaciones, concluyó, han caracterizado a 2016 como un año en el que se pretendieron sentar las bases para «el empoderamiento de la impunidad con una fachada democrática».
