La Red detalló que la mayor parte de los defensores agredidos pertenecen a procesos colectivos, “mismos que se ven directamente afectados por dichas agresiones, lo que incrementa el contexto de riesgo en el que llevan a cabo su labor de defensa”.
el 85 por ciento de los ataques fueron cometidos hacia personas defensoras de derechos humanos, y el 15 por ciento hacia colectivos. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó en su informe “2015: Impunidad en casos graves de DH” 76 casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra defensores de derechos humanos en 20 estados de la República en el periodo del 1 de enero al pasado 1 de diciembre.
La organización, conformada por 79 grupos de 21 estados del país, dijo que los estados con mayor número de violaciones a los derechos humanos y agresiones a defensores son Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. Indicó que, de acuerdo a cifras preliminares, alrededor del 58 por ciento de los casos fueron perpetrados por actores estatales.
La Red TDT explicó que el 42 por ciento de las agresiones restantes fueron cometidas por actores no estatales,”lo que nos muestra la existencia de una cultura de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país”.
Dijo que el 85 por ciento de los ataques fueron cometidos hacia personas defensoras de derechos humanos, y el 15 por ciento hacia colectivos.
Detalló que la mayor parte de los defensores agredidos pertenecen a procesos colectivos, “mismos que se ven directamente afectados por dichas agresiones, lo que incrementa el contexto de riesgo en el que llevan a cabo su labor de defensa”.
El reporte refiere que la mayoría de los casos registrados fueron en relación a la defensa de Tierra y Territorio, seguidos por Violencia e Inseguridad, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y Políticas Públicas.
Dijo que ejemplos de estas agresiones fueron la ocurrida en la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, derivada del hecho de haber implementado “un ejemplo de policía comunitaria que logró, a través de la organización popular, garantizar la seguridad que el Estado no fue capaz”.
La Red también enlistó el caso del parque eólico en Juchitan, en Oaxaca, donde el derecho a la consulta fue vulnerado por diversos vicios en el proceso, “lo cual afecta principalmente a las comunidades que reivindican sus derechos ancestrales”.
“Esta división nos ayuda a comprender los principales intereses afectados, pero al mismo tiempo es necesario recordar que los derechos humanos son interdependientes e inseparables, y que el contexto nacional de violencia e inseguridad afecta transversalmente a todas las luchas”, indicó la Red.
A decir de la Red TDT lo anterior da cuenta de “una estrategia clara para desarticular dichas colectividades a favor de los intereses económicos y políticos afectas por sus luchas”.
“El Estado está obligado a generar estrategias integrales para la protección de la labor de defensa de los derechos humanos, al igual que visibilizar su importancia para la construcción de un país democrático”, demandó la organización.
El reporte de la Red también hizo un “recuento de la impunidad” en el que destacó la masacre en contra de un grupo de integrantes de la Fuerza Rural en Apatzingan y el presunto enfrentamiento entre federales y un grupo armado que dejó 42 personas muertas en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato. Ambos casos ocurridos en Michoacán.
Se refirió además al multihomicidio de 5 personas en la colonia Narvarte de la ciudad de México, en donde 2 de las personas asesinadas habrían denunciado amenazas desde el entorno del Gobierno de Veracruz, que a la fecha encabeza el priistsa Javier Duarte de Ochoa.
“Hasta hoy todos estos casos mencionados y muchos más permanecen impunes”, denunció la Red.
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