Londres, 31 oct (EFE).- Los trabajadores sanitarios y los profesores del Reino Unido están obligados desde hoy a denunciar los casos de mutilación genital femenina de los que tengan conocimiento, bajo la amenaza de afrontar sanciones laborales que pueden llegar al despido.
La norma se aplicará a médicos, enfermeros, comadronas y profesores en Inglaterra y Gales que traten con niñas menores de 18 años.
El Gobierno británico calcula que cerca de 137 mil mujeres han sufrido esa práctica, declarada ilegal en el Reino Unido desde 1985 y que el Ejecutivo se ha propuesto erradicar «durante esta generación».
«Los profesionales de la salud están en la primera línea de la lucha contra la mutilación genital femenina y este nuevo deber es el siguiente paso en esa batalla», afirmó la secretaria de Estado de Sanidad, Jane Ellison.
«Estamos proveyendo a los empleados del sistema público de herramientas para reforzar la respuesta ante niñas que estén en riesgo de sufrir esa práctica y protegerlas mejor», afirmó.
La directora de Enfermería de la sanidad pública inglesa (NHS England), Hilary Garratt, afirmó por su parte que los trabajadores deben «contribuir a acabar con la mutilación genital femenina y asegurarse de que las mujeres y niñas que han sido víctimas de esa práctica reciben el tratamiento y apoyo adecuados».
En Escocia e Irlanda del Norte no es una obligación legal denunciar a la policía casos de ablación.