El Caso Narvarte evidencia la incapacidad de las autoridades encargadas de impartir justicia en la Ciudad de México, coincidieron abogados y también la Comisión de Derechos Humanos local. Las irregularidades y el desaseo en la investigación del multihomicidio, que cobró la vida de cuatro mujeres y un hombre hace dos años, impiden que en este caso pueda llegarse a la verdad.
Aun cuando se tiene a tres personas detenidas, la debilidad de su situación jurídica, basada en dichos y no en hechos, generan más incertidumbre, plantearon.
“La Procuraduría [General de Justicia de la CdMx], o no quiere investigar por absoluta negligencia, o tienen temor de lo que las investigaciones arrojen; es decir, que lo que hay detrás de este crimen sea tan grave para la imagen de la Ciudad de México, que prefieren que no salga a la luz”, consideró el abogado de las víctimas Héctor Pérez, quien es también integrante Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– Cometido hace dos años, el asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte evidenció las limitantes del sistema de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con familiares de las víctimas, sus representantes legales e incluso una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, las agentes del ministerio público e incluso del Tribunal Superior de Justicia local cometieron tal cantidad de negligencias que, aun cuando hay tres personas detenidas, no se ha aclarado plenamente el móvil de los hechos y, por tanto, se ha negado el acceso a la verdad y la justicia.
“Estos feminicidios y homicidio reafirman el clima de riesgo con que se vive en la Ciudad de México”, advirtió la Comisión de Derechos Humanos de esta capital en su recomendación 4/2017, emitida el 21 de junio.
“Visibilizan una vez más la violencia estructural y generalizada que existe en la misma, reflejando los resultados de la impunidad y la corrupción imperante, así como las condiciones favorables que se presentan en la ciudad para la comisión de conductas delictivas”, agrega.
El crimen se cometió el 31 de julio de 2015, cobrando la vida de Mile Virginia Martin, de 31 años y de nacionalidad colombiana; Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 y originaria de Baja California; Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años y originaria de la Ciudad de México, así como Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años, nacida en el estado de Chiapas, y Rubén Espinosa Becerril, de 31 años y originario de la Ciudad de México.
Por el trabajo periodístico de Rubén Espinosa en el estado de Veracruz, el contexto de reporteros asesinados en México, así como por el activismo político de Nadia Vera en esa entidad y las amenazas que ambos denunciaron de parte del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, familiares y organizaciones exigieron la ampliación de la investigación hacia ese contexto.
La Procuraduría capitalina, por su parte, lo consideró sólo bajo exigencia de las familias y cerró la investigación desde el primer día alrededor del círculo de Mile Virginia Martin.
Una huella en el clóset de una de las recámaras condujo a la detención de Daniel Pacheco Gutiérrez. Él, a su vez, incriminó al ex policía preventivo Abraham Torres Tranquilino y éste a Omar Martínez Zendejas, de quien el segundo dijo haber escuchado que trabajaba para un grupo de la delincuencia organizada.
Ninguna de las dos líneas, sin embargo, ha sido agotada en dos años. Desde 2015, los abogados de las familias de Vera Pérez y de Espinosa Becerril pidieron profundizar, entre otras líneas de investigación, en la relación que Torres Tranquilino tenía con la víctima Mile Virginia Martin.
Para este fin, desde el 17 de agosto de ese año, pidieron conocer si los agentes de la Policía Investigadora de la Ciudad de México “se entrevistaron con las anteriores inquilinas que cohabitaban en diverso departamento con Mile Virginia Martin, así como a la anterior arrendadora”.
Esto, debido a que Torres Tranquilino proporcionó la dirección de un departamento ubicado en la Colonia del Valle en el que habría convivido con Mile Virginia Martin meses antes del crimen y, también, donde se generó la demanda por despojo interpuesta por la joven el 22 de julio de 2015, pocos días antes de su muerte.
La respuesta entregada por la Procuraduría diez meses después, sin embargo, fue que la dueña del departamento y el resto de los inquilinos “no fueron localizados”.
Pero en el departamento, ubicado sobre la calle Adolfo Prieto 1345, casi esquina con calle Pilares, este medio recopiló información que indica que Mile Virginia –conocida ahí como Nicole– empezó a frecuentar el departamento 501 como visitante y que, en noviembre de 2014, cuando el inquilino que frecuentaba se fue, se quedó como ocupante junto con otras cinco o seis personas, entre ellas Abraham Torres Tranquilino, que se identificaba como su hermano.
La misma información planteó que, luego de que el arrendatario original dejó de pagar la renta, en diciembre de 2014, los dueños dieron la orden de que una compañía de mudanza sacara los muebles y que los dejara en el estacionamiento del edificio.
“Horas después del desalojo, alrededor de las una de la madrugada, Mile Virginia Martin llegó con otra persona que también frecuentaba el lugar, a quien conocían como ‘La Licenciada’, y de entre el mobiliario desalojado y cubierto sólo con sábanas sacaron dos maletas y una caja de cartón”, publicó SinEmbargo hace un año.
“La fuente consultada, y que pidió no ser identificada, dijo que en el año transcurrido desde el homicidio de Martin y de otras cuatro personas en la colonia contigua no ha sido entrevistada por autoridad alguna”, agregó la información.
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UNA AUTORIDAD OMISA
La falta de profundidad en las líneas de investigación, tanto la relacionada con Veracruz como la vinculada con Mile Virginia Martin, fue también documentada por la Comisión de Derechos Humanos.
“La autoridad incumplió con su obligación de manera sistemática y continuada, debido a que el personal ministerial omitió realizar diligencias por motu propio que consideraran el contexto y antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de las actividades que orillaron al desplazamiento interno tanto de Nadia como de Rubén del Estado de Veracruz a la Ciudad de México”, dice la CDH.
“La autoridad está obligada a investigar la información proporcionada por el probable responsable B (ahora sentenciado –el ex policía José Abraham Torres), quien ante la autoridad ministerial manifestó que el probable responsable C (Omar Martínez Zendejas) tenía vínculos con una organización delictiva; además que el día de los hechos, aunado a los vehículos en los que se transportaron al lugar del hecho, acudió otro vehículo, el cual permaneció fuera del departamento con otras personas a bordo, quienes venían acompañando al probable responsable C”, agrega.
La recomendación de la CDH capitalina, dijeron familiares de las víctimas y representantes legales un día después de difundido el documento, sintetiza las omisiones y maltratos que ellos habían denunciado durante los últimos casi dos años.
“Eso es sólo un ejemplo”, dijo Héctor Pérez de la Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Si seguimos en cada una de las cinco víctimas, líneas de investigación sin agotar para poder esclarecer cuál fue el móvil de este crimen, en ninguno de los casos las hay. Pasa en el caso de Alejandra (…) ella claramente señaló a su ex pareja, ni siquiera se indagó a esta persona ni qué estaba haciendo el día de los hechos. Es decir, la PGJDF sólo investiga un hecho que para ellos ocurrió durante 40 minutos, sin un antes ni un después”, agregó el abogado Pérez, también representante de las familias de Nadia Vera, Mile Virginia Martin y Yesenia Quiroz Alfaro.
Desde la primera semana, este medio documentó un patrón de actuación de la PGJDF que incluyó, además de la exclusión de líneas de investigación, la omisión de revisión de datos, como el teléfono de Rubén Espinosa, y la filtración de información personal de las víctimas que les criminalizaba.
De acuerdo con la CDH, además, las autoridades de esta capital también contaminaron la escena, omitieron la aplicación de protocolos de investigación para crímenes contra víctimas mujeres, periodistas y activistas y, en general, violentaron diferentes derechos de los afectados por el crimen, como al debido proceso –en relación con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión–, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad personal y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“A casi dos años de ocurridos los hechos, la PGJ-CdMx continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de las líneas de investigación constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia”, dice la recomendación.
Cuatro días después de la difusión del informe de este informe de la CDH, el Procurador Rodolfo Ríos Garza, que desde 2010 había trabajado con el Jefe de Gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera, renunció a su cargo.
Pendiente, sin embargo, dijo Alma Espinosa Becerril, queda el compromiso formulado el Jefe de Gobierno desde 2015, cuando ofreció “llegar hasta las últimas consecuencias” y agotar la línea de investigación sobre el trabajo periodístico Rubén y el activismo de Nadia Vera.
“La Procuraduría, o no quiere investigar por absoluta negligencia, o tienen temor de lo que las investigaciones arrojen; es decir, que lo que hay detrás de este crimen sea tan grave para la imagen de la Ciudad de México, que prefieren que no salga a la luz”, consideró Pérez.
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