El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, presentó el día de hoy, ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, una demanda en la que exige la destitución de 10 ministros de Temer, a los que acusa de violar la ética política y la propia Constitución.
Por Eduardo Davis
Brasilia, 31 de mayo (EFE).- El Partido de los Trabajadores (PT), de la Presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, recuperó hoy la ofensiva y exigió la destitución de diez ministros del Gobierno interino de Michel Temer, que con 20 días en el poder enfrenta su primera gran crisis política.
Casi aletargado desde el pasado 12 de mayo, cuando Rousseff fue separada del cargo para responder a un juicio político y sustituida por el entonces vicepresidente Temer, el ahora opositor PT recuperó bríos tras la caída del ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, quien renunció este lunes en medio de un escándalo.
Silveira dimitió después de que se filtraron unas grabaciones en las que critica las investigaciones sobre corrupción en Petrobras e incluso aconseja en su defensa a algunos sospechosos, y se convirtió en la segunda baja del flamante Gobierno interino de Temer.
Hace 10 días, el titular de Planificación, Romero Jucá, hombre de confianza de Temer, también dejó su cargo luego de que la prensa divulgó un audio en el que sostenía que se debía «delimitar» el caso Petrobras, por el que se investiga a medio centenar de políticos.
El PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, son las formaciones más afectadas por ese asunto y las críticas del entorno del Presidente interino a esa investigación levantaron una ola de indignación que arrastró a Silveira y Jucá.
El partido de Rousseff se valió de ese clima y hoy presentó ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República una demanda en la que exige la destitución de 10 ministros de Temer, a los que acusa de violar la ética política y la propia Constitución.
Según el PT, hasta su nombramiento, 8 de los 24 ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara baja y otros 3 en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, lo cual sugiere que «negociaron sus cargos antes de las votaciones».
La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendonça Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney Filho; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, y Trabajo, Ronaldo Nogueira.
También incluye a Romero Jucá, pese a que dejó el Gobierno la semana pasada.
«La votación del proceso de ‘impeachment’, que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff», argumenta el PT.
En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de «conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país».
El PT sostiene que eso se «comprueba» con «instrucciones dadas» a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría «ordenado» que «el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país», como afirma Rousseff.
Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución nacional, que se refiere a la «moralidad» y la «ética», y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la «plena separación de intereses públicos y privados».
La demanda puede ser rechazada por la Comisión de Ética de la Presidencia, pero su sola presentación basta para agitar el denso mar de fondo que han dejado las renuncias de dos ministros en tan corto plazo.
Dado el carácter puramente político de la nueva fase en que entrará el «impeachment» contra Rousseff, la intención de Temer de consolidarse en el poder camina sobre un delgado hilo sobre el que deberá mantener un absoluto equilibrio para no caer.
La apertura del proceso que suspendió temporalmente a Rousseff fue aprobada en el Senado con 55 votos y superó por sólo uno la mayoría calificada de dos tercios que será necesaria en la próxima fase del juicio para su destitución definitiva.
Sin embargo, al menos 2 de los 81 senadores ya han admitido que pudieran cambiar de opinión y rechazar la destitución de Rousseff, quien recuperaría el poder en caso de ser absuelta.
