El Ministerio Público señaló hoy en un comunicado que la petición se hizo ante el Juzgado de Letras Primero de Intibucá, que lleva el caso del asesinato de la dirigente indígena hondureña.
Tegucigalpa/Ciudad de México, 31 mar (dpa) – El ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, testigo en el caso del asesinato de la dirigente ambientalista e indígena Berta Cáceres, podrá abandonar Honduras, luego de que el Ministerio Público pidió a la Justicia hondureña suspender la medida que le impedía abandonar el país.
El Ministerio Público señaló hoy en un comunicado que la petición se hizo ante el Juzgado de Letras Primero de Intibucá, que lleva el caso del asesinato de la dirigente indígena hondureña.
La jueza Victorina Flores Orellana comunicó este jueves a las autoridades de migración de Honduras que deja sin «valor y efecto la medida de prohibición de salir del país» a Castro Soto.
El mexicano Castro Soto se encontraba en la residencia de Cáceres cuando el 3 de marzo sicarios llegaron a la misma y tras derribar la puerta asesinaron a la dirigente indígena en la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento (provincia) de Intibucá. Castro Soto resultó herido en el ataque.
Cáceres era la coordinadora del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que aglutina a las tribus lencas, la mayor etnia precolombina en suelo hondureño.
El Ministerio Público dijo que tras pedir que se libere a Castro Soto de permanecer en suelo hondureño, tras agotar «todas las investigaciones y pruebas científicas», no descarta que a futuro «se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación».
Por su parte, la Cancillería mexicana señaló que en respuesta a varias solicitudes enviadas, «las autoridades hondureñas reconocen que el señor Castro ha venido colaborando de la manera más amplia posible en las investigaciones y que podrá seguir haciéndolo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua vigente entre ambos países».
En un comunicado, la Cancillería mexicana aseguró que mantuvo una constante comunicación con el activista, quien recibió asesoría legal y protección durante el cumplimiento de sus obligaciones en calidad de testigo en Honduras.
Asimismo, el Ministerio Público destacó que «intervino por orden judicial» la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), donde «han decomisado armas, secuestrado documentos y tomado declaración testifical a empleados», como parte de las líneas de investigación.
DESA es la empresa energética que desarrolla el proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Cáceres se opuso a su construcción, ya que utilizaba las aguas del río sagrado para los lencas.
