Este 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, por quienes se han emprendido al menos 650 operaciones para hallarlos vivos o muertos, sin ningún resultado positivo sobre su paradero. Sin embargo, durante esta búsqueda se han encontrado con fosas clandestinas en Iguala y Cocula con 32 cuerpos de casos distintos a los normalistas, así como 12 plantíos ilegales de amapola, y tres escondites de criminales con pequeños arsenales en casas abandonadas por sus moradores.
México, 24 Septiembre (Xinhua).- En la búsqueda de 43 normalistas desaparecidos, las fuerzas federales mexicanas se han topado con la violenta realidad que vive el sureño estado de Guerrero: cuerpos en fosas clandestinas, plantíos de droga, armas en casas usadas por criminales y miedo entre pobladores.
Este 26 de septiembre se cumplen dos años de que los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron raptados por policías de la ciudad de Iguala y entregados al crimen organizado, un hecho que el propio gobierno federal califica como una indignante y dolorosa huella en la historia de México.
«El caso desató tal indignación por la visibilidad que tuvo, la manera tan descarada en la que estudiantes fueron desaparecidos a los ojos de todo mundo», refirió a Xinhua el integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Santiago Corcuera, quien habló a título personal.
La Procuraduría General de la República (PGR) da cuenta en su «Informe del Caso Iguala» que desde entonces militares, marinos y policías federales han emprendido más de 650 operaciones para hallar vivos o muertos a los normalistas en decenas de poblaciones y montañas de por lo menos 38 municipalidades de Guerrero.
Los uniformados han peinado casas, túneles fluviales, iglesias, bodegas, hospitales, panteones, basureros, pozos, cavernas, cuevas, minas abandonadas, rancherías y sembradíos buscando huellas de los jóvenes, atacados y plagiados por los policías cuando viajaban en autobuses por calles de Iguala.
Rescatistas de la Cruz Roja brindaron apoyo descendiendo 230 metros por un sumidero y policías buzos se han sumergido en ríos, lagunas y presas dentro de la búsqueda, que también abarca vuelos sobre terrenos accidentados y rastreos en una decena de municipalidades vecinas de los estados de México y Morelos.
Las operaciones no han dado con pistas sobre los normalistas, según el informe de la PGR, cuya primer hipótesis apuntó a que pistoleros del grupo «Guerreros Unidos» los mataron y desaparecieron sus cuerpos en una gran hoguera dentro de un basurero de la municipalidad de Cocula después de que los policías corruptos se los entregaron.
«No se encontraron indicios de los estudiantes» o «Sin resultados positivos», concluyen la mayoría de los extractos de reportes de las 650 operaciones incluidos en el informe, publicado por la PGR en junio pasado.
En cambio, las fuerzas armadas han encontrado a su paso siete fosas clandestinas en Iguala y Cocula con 32 cuerpos de casos distintos a los normalistas, así como 12 plantíos ilegales de amapola, y tres escondites de criminales con pequeños arsenales en casas abandonadas por sus moradores.
El sociólogo profesor del Colegio de México (Colmex), Arturo Alvarado, expuso que esos hallazgos son botón de muestra de la operación del narcotráfico y la falta de control e incluso colusión de autoridades locales, lo que ha derivado en que la población de Guerrero viva inmersa en una violencia social que todavía persiste.
«Hay un problema serio porque las condiciones de violencia y de impunidad donde ocurrió el caso permanecen», dijo a Xinhua Alvarado, director del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex.
Las pesquisas de la PGR señalan que «Guerreros Unidos», grupo surgido de una escisión del antes poderoso cártel de los Beltrán Leyva, había tejido una red de complicidades con autoridades de Iguala y Cocula que le permitían controlar a sus cuerpos policiales.
El grupo criminal ordenó a los policías que atacaran a los normalistas, que habían llegado a Iguala para interceptar autobuses de pasajeros para viajar a una protesta a la Ciudad de México, porque sospechó que eran miembros de una organización con la que disputaba el territorio, según la versión oficial.
A su paso por pequeñas comunidades o barrios dentro de la búsqueda, los soldados y policías federales también se han encontrado con el miedo de pobladores que prefieren no hablar y testimonios sobre pistoleros que rondan calles, cobran extorsiones o secuestran gente, muestran los partes del informe de la PGR.
Las disputas entre criminales llevaron, en buena medida, a Guerrero a padecer una incidencia de 67 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015, una tasa casi cuatro veces mayor a la media del país, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
«No sé si es una falta de autoridad absoluta pero sí es una situación alarmante que, sin duda, muestra una aguda crisis humanitaria en ese territorio», manifestó Corcuera al respecto.
Hasta junio, las fuerzas federales habían capturado y llevado a prisión a 130 presuntos criminales y policías de Iguala y Cocula implicados en la desaparición de los normalistas, además de que buscaban a otros 38 sospechosos.
La PGR difundió recientemente a la prensa que se dispone a rastrear a los estudiantes en por lo menos 40 puntos de Iguala y Cocula detectados a través de tecnología LIDAR, un sistema de rayos láser que captura imágenes desde el aire para identificar irregularidades en terrenos.
El profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colmex, Ariel Rodríguez Kuri, apuntó que la desaparición de los 43 jóvenes y las posteriores protestas de sus familiares, que rechazan la hipótesis de su calcinación en la hoguera, dejaron de manifiesto una crisis de seguridad pública.
«Los hechos de Iguala y las protestas que siguieron después subrayaron el hecho de que la violencia aparece en muchas partes en cualquier momento» , dijo Rodríguez Kuri en entrevista.
