Francisco Cravioto, miembro de Fundar –una de las organizaciones que conforman la Alianza contra el Fracking–, explica que hasta el momento no hay pozos de exploración petrolera que operen con la técnica en la región de la Huasteca de San Luis Potosí. Pero se prevé que en poco tiempo lleguen las empresas transnacionales para trabajar ahí, debido a que la Ley de Hidrocarburos, producto de la Reforma Energética, contempla licitaciones para proyectos de ese tipo en la zona. «Son 18 municipios de la Huasteca pertenecientes a comunidades de origen náhuatl, teének y no indígenas, los que se encuentran amenazados por estos proyectos que se ciernen sobre sus territorios», asegura Cravioto. Parte de los integrantes de las al menos 110 comunidades luchan para que la imposición de estos proyectos no taladren sus tierras, ni contaminen el agua que usan diariamente.
Por Rogelio Velázquez
Ciudad de México, (SinEmbargo/Vice News).– Las poblaciones indígenas mexicanas se encuentran en alerta ante lo que consideran un posible «despojo» por parte de empresas petroleras internacionales, que buscan imponer proyectos de extracción de hidrocarburos en su territorio.
Por ello, a finales de julio se reunieron representantes indígenas y no indígenas de varios municipios de San Luis Potosí, estado ubicado en el centro-norte del país, para buscar detener el proceso de fracking en su región, el cual, denunciaron, afecta directamente a sus comunidades, a sus cultivos y a su vida.
El proceso del fracking es el siguiente: se taladra de manera hidráulica la corteza de la tierra y se inyecta agua y diversos fluidos químicos, para que con una alta presión se abran los poros de las rocas y por medio de maquinaria avanzada, se pueda extraer petróleo o gas del subsuelo.
Ese modo de extracción está prohibido en varios países de Europa como Francia, Alemania, Bulgaria y Rumanía, pero es permitido en Estados Unidos. Y desde agosto de 2014, mediante la aprobación de una reforma energética, también está autorizado en México. El argumento para que fuera aprobado fue que el país no posee la tecnología que tienen empresas petroleras transnacionales para extraer petróleo de nuevos yacimientos.
Sin embargo, diversas organizaciones se han manifestado en contra de este proceso por considerar que causa daños severos a la salud de las personas y al medio ambiente. Una de ellas es la Alianza Mexicana Contra el Fracking, formada por medio centenar de organizaciones sociales, ambientales y ciudadanas.
Francisco Cravioto miembro Fundar, una de las organizaciones que conforman la Alianza explica a VICE News que hasta el momento no hay pozos de exploración petrolera que operen con la técnica del fracking en la región de la Huasteca de San Luis Potosí, pero se prevé que en poco tiempo lleguen las empresas transnacionales para trabajar ahí, debido a que la Ley de Hidrocarburos, producto de la Reforma Energética, contempla licitaciones para proyectos de ese tipo en la zona.
«Son 18 municipios de la Huasteca pertenecientes a comunidades de origen náhuatl, teének y no indígenas, los que se encuentran amenazados por estos proyectos que se ciernen sobre sus territorios», asegura Cravioto.
Afirma que la gente de la región no está de acuerdo con lo que se pretende hacer en sus comunidades, debido a varios factores, entre ellos, porque se trata de una imposición, porque la ley permite a los contratistas acceder a terrenos que nos les pertenece y son propiedad de los pobladores, y porque se daña irreversiblemente el medio ambiente.
La Alianza señala que para el proceso del fracking se necesitan entre 9 y 29 millones de litros de agua para perforar un pozo. Además de que con dicho proceso se contaminan los mantos freáticos y las aguas de la superficie, lo cual afecta el abasto vital de este líquido. Asimismo, asegura que en Estados Unidos hay mil casos documentados de contaminación en los hogares cercanos a lugares donde se realiza esa técnica de explotación petrolera.
«Cuando hay un desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, y se pone en peligro el agua para consumo humano y doméstico, así como para la producción agrícola y el sostenimiento de los ecosistemas», explica la organización en su sitio web.
De acuerdo con la respuesta que dio Pemex — la principal petrolera paraestatal de México — al investigador Manuel Llano, mediante una solicitud de información, en el país ya hay 900 pozos perforados mediante del fracking y se ubican en los estados de Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas, en estos trabajan las empresas Halliburton, BJ Services Company y Dowell Schlumberger.
Ahora, las poblaciones indígenas de San Luis Potosí luchan porque no se taladren sus tierras, ni se contamine el agua que usan diariamente. Por ello, desde inicios del año pasado y hasta la fecha, al menos 110 comunidades de los municipios de Ébano, Ciudad Valles, Tanlajás, Tancanhuitz, Huehuetlán, Coxcatlán, Matlapa, Axtla de Terrazas, Aquismón, Tamazunchale y Xilitla, han realizado asambleas en las que han rechazado proyectos de exploración petrolera realizados con la técnica del fracking.
En ese sentido, en el encuentro celebrado a finales del mes pasado, en donde también acudieron personas de Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua y de la Ciudad de México, entre otras entidades, se denunció que empresarios pretenden desplazar a comunidades y ejidos para obtener ganancias a partir de la explotación de los bienes naturales, los saberes comunitarios y la mano de obra de las poblaciones locales.
Además, alertaron de la operación de supuestas empresas privadas que presuntamente se disfrazan de centros de investigación para tratar de abrir pozos mediante engaños.
En un comunicado, producto del encuentro, las comunidades señalaron que en el municipio de Xitla, «la población cerró el paso a los investigadores que argumentaban falsamente buscar fuentes de agua para el municipio». Sin embargo, en otras comunidades se les permitió realizar perforaciones, «lo cual provocó la contaminación de hidrocarburos de los arroyos locales».
