Cuatro días después de la salida del aire del programa matutino de la cadena MVS de Carmen Aristegui en 2015, solicité a la Presidencia, vía acceso a la información, una copia de todos los documentos oficiales generados en la dependencia y que contuvieran las palabras Carmen, Aristegui, Vargas y MVS.

La petición incluía el acceso al correo electrónico del vocero de Los Pinos y exvicepresidente corporativo de MVS, Eduardo Sánchez. Inquiría cuáles comunicaciones se habían registrado hacia y desde Sánchez, en canales oficiales, sobre la salida del aire del programa que arrastró a Peña Nieto a una crisis de su popularidad como líder político.

¿Qué se dijo en los canales oficiales de Los Pinos, y desde el correo institucional de Sánchez, sobre aquel hecho en la vida pública del país que saltó a los titulares de la prensa internacional? La respuesta fue una escueta serie de capturas de pantalla del correo institucional de Eduardo Sánchez, fechadas diez días después del despido, en las que el nombre de Aristegui no aparecía siquiera en una síntesis matutina de noticias. Lo acompañaron de los links para unas búsquedas en la página de MVS, que marcaban “error”.

La explicación que suscribió la dependencia fue que no había más datos, ya que la presidencia de este país, por cuestiones de espacio en su servidor, borra los correos electrónicos de sus empleados cada 30 días.

Otros peticionarios cuestionaron cuál era el seguimiento que le hacían desde la Presidencia al programa. La respuesta: “no se encontró evidencia documental que dé respuesta al requerimiento del peticionario”. Uno más preguntó cuánto había sido entregado al portal Aristegui Noticias, en ese año el tercero más visitado de México, por concepto de publicidad oficial. La Secretaría de Gobernación contestó que se les habían entregado 349 mil pesos en el ejercicio fiscal 2012, y nada más.

En el torrente de claroscuros que ha marcado el mandato de Peña Nieto, con un gabinete en el que más de uno toma decisiones por su cuenta sin graves secuelas visibles, la Presidencia no ha sido clara en su participación respecto al conflicto entre los Vargas y Aristegui que la sacó, literalmente a ella y a su equipo, a la calle.

El conflicto que comenzó con la escena, ya mítica en el periodismo mexicano: un chico lee una revista de sociales mientras espera su turno en la caja de un supermercado. Tiempo después se integra a un nuevo equipo de trabajo. Lleva bajo el brazo las preguntas surgidas de aquella lectura. Su nuevo jefe concluye que la investigación va a la mitad. La hipótesis está aún lejos de concretarse, pero es prometedora.

Siguieron meses de labor silenciosa y cooperativa, dos virtudes de las que suele carecer un gremio que en México está integrado en su mayoría por colegas cuyos bajos sueldos, nula protección a su integridad e intensa carga laboral imposibilitan que una nota aguarde en sus archivos más de una semana. En muchos casos, la censura local no concede siquiera que de una incipiente investigación prospere una indagatoria básica.

El equipo al que se integró Rafael Cabrera tenía una lección aprendida: no mencionarían el conflicto de interés. El público haría las calificaciones, si así las consideraba.

Sus medidas de seguridad eran obsesivas. El día cuando propusieron a colegas de otros medios publicar conjuntamente el reportaje que probaba no la hipótesis inicial, sino una mucho más elaborada, requirieron a los presentes apartar sus teléfonos.

El trabajo gozaba también de las virtudes de la obsesión, que atañen al buen periodismo: las afirmaciones fueron verificadas por distintas vías, una gran parte de la información era un contraste propio de datos oficiales y la construcción del texto se diseñó como un cruce metódico de líneas del tiempo, cuyo jugo resultó una hábil trenza de causas y consecuencias, en conjunto demoledoras.

La consigna era sustituir cada calificativo por un hecho, que estuviese respaldado por archivos, diagramas y líneas del tiempo, contó en diciembre pasado a un grupo de periodistas Daniel Lizárraga, jefe del equipo de investigación que al momento de la pesquisa trabajaba en el noticiero matutino estelar de la cadena MVS.

El resultado fue un reportaje que siguió la ruta del dinero, al igual que lo hizo en los setentas una investigación que derrumbó la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos y encumbró a sus dos autores a la meca del reconocimiento de su gremio.

Como sabemos, en México esta historia de periodismo no ha tenido un final feliz. A la imposibilidad de tirar el intrincado andamiaje con el que Lizárraga y su equipo apuntalaron su investigación, siguió el despido de los reporteros y la salida del aire de Carmen Aristegui, la conductora con mayor audiencia en la radio mexicana y que, luego de un año de no transmitir cuatro horas de noticias cada mañana, aún es considerada por la revista Líderes Mexicanos como una de las mujeres más poderosas de México.

Aristegui ha trabajado en los últimos meses para reunir a su equipo, mientras sus abogados lidian con un número creciente de demandas en su contra. Durante un encuentro con un puñado de periodistas la semana pasada en la sede de la editorial Penguin Random House en la Ciudad de México, ella reveló que algunas de estas demandas “sospechosas y descabelladas” se multiplicaron luego de anunciar que están cercanos al lanzamiento de un nuevo proyecto informativo en formato digital.

La conductora planteó sus dudas a los reporteros invitados al encuentro sobre el verdadero origen de la más reciente de esas demandas, esta vez por daño moral, recibida por ella y la editorial el 27 de mayo último. La familia Vargas, dueños de MVS, alegaron sentirse lastimados por los calificativos sobre su “derrumbe moral” que ella plasmó en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La petición: una disculpa pública, una multa para Aristegui y la destrucción de todos los libros ya impresos que contengan el prólogo de su autoría.

Antes de la publicación del libro los Vargas fueron inquiridos para responder preguntas puntuales sobre la investigación. En los archivos del equipo, contó Lizárraga, aún están los envíos de DHL con las peticiones de entrevista, que fueron contestadas con un comunicado, incluido como un link al final de la publicación.

¿Es esta demanda un plan urdido desde Los Pinos, para impedirle regresar al aire, ahora a través de Internet? ¿La presidencia de México está buscando que el libro de la Casa Blanca salga de circulación, en el entendido de que sus autores no aceptarían que se mutile el prólogo?

En un análisis político básico resulta un tanto inexplicable que los mismos asesores que midieron el impacto positivo que tendría una disculpa pública del presidente sobre la “irritación entre los mexicanos”, que provocó la revelación periodística, hayan considerado el negativo de una demanda simultánea contra sus autores.

El triste capítulo de una demanda que busca quemar libros en la plaza pública, sumado al supuesto desconocimiento de la Presidencia de lo que hacía Aristegui en su programa, lo que decía y las circunstancias de su despido, abonan más al sentimiento colectivo de que no vivimos en una democracia real en la que un trabajo periodístico pulcro y una opinión, por más polémica que le parezca a los aludidos, tiene graves consecuencias para los políticos, no para los autores, y mucho menos, para la editorial.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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