Los perpetradores de la tortura en México han utilizado su ingenio e incluso reformado las leyes locales del nuevo sistema penal acusatorio, para poder adecuar la tortura y seguir obteniendo confesiones para fabricar culpables e inculpar a los mexicanos, dicen activistas y expertos. Si no hay jueces especializados, la nueva legislación fracasará.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- El nuevo sistema penal acusatorio no garantiza la eliminación de la tortura en México para obtener confesiones o para asegurar que ya no habrá detenciones arbitrarias, coincidieron activistas e investigadores expertos en la materia.
Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), consideró que hay entidades en donde se empezó a aplicar el nuevo sistema oral acusatorio, no sin antes realizar contrarreformas que abonan a continuar con la tortura como un mecanismo para fabricar culpables.
“Lo que hemos visto es que los torturadores y las instituciones implicadas en la tortura no les gusta este nuevo modelo de mayores condiciones de debido proceso. Lo que vimos en varios estados y en casos que hemos acompañado desde el Prodh, que implantaron el nuevo sistema antes de este código nacional, es decir según sus propios códigos estatales, que esos códigos sufrieron nuevas contrarreformas, como es el caso de Chihuahua, donde en el nuevo sistema acompañamos casos de tortura, incluso caso de tortura sexual de mujeres.Es el mismo modus operandi, adaptado al nuevo formato y con algunas reformas para posibilitar el uso de pruebas obtenidas bajo tortura”, dijo durante el “Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada, cometida por particulares en México” que se realizó hoy en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México.
Brewer y otros investigadores plantearon incluso que en México no se combate ni siquiera a los eslabones más elementales que hacen posible la tortura, como la detención arbitraria que no está tipificada como delito.
El nuevo sistema acusatorio, indicó el académico Miguel Sarre, por sí solo no constituye un remedio para la tortura, debido a que los delitos que están alrededor continúan sin ser perseguidos.
“La detención arbitraria en nuestro país no está tipificada, no es delito la detención arbitraria. Cómo queremos combatir la tortura, si no estamos combatiendo las causas elementales, cotidianas. Vemos la tortura como el gran trofeo”, explicó.
El experto agregó que se requieren jueces especializados para poder aplicar con éxito el sistema oral acusatorio, de lo contrario fracasará: “tenemos un logro de la sociedad civil, pero que tiene algunos obstáculos que hay qué identificar, para que no se nos venga abajo”, precisó.
Brewer y Sarre coincidieron en que además de leyes y del nuevo sistema penal acusatorio, se requiere voluntad política para combatir y erradicar la tortura en el país.
EN MÉXICO SIGUEN LOS CASOS DE TORTURA
Alba Cruz, abogada defensora de derechos humanos en Oaxaca, recordó el caso del joven comunicador Salvador García Olmos, detenido en junio en Huajuapan de León por policías municipales por hacer una pinta alusiva a los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, murió luego de ser atropellado por una patrulla.
Salvador era locutor del programa Pitaya Negra en una radio comunitaria fue detenido arbitrariamente, y después de tres horas fue atropellado por una patrulla, “rematado al pasarle en dos ocasiones con el vehículo sobre su cuerpo”, dijo Cruz.
La abogada que está inmersa en ese caso, declaró que en la muerte del joven hay varias inconsistencias que apuntan a que fue torturado durante las tres horas previas a su muerte.
“Se encontró en un lugar distinto a donde fue atropellado sus rastas, es decir le arrancaron con el cuerpo cabelludo sus rastas lo que hace suponer que fue torturado, totalmente golpeado, lesiones que no correspondían a un atropellamiento, pero el Ministerio Público inicia una averiguación por homicidio culposo y los policías gozan en estos momentos de su libertad. Es en el momento que cuestiono este nuevo sistema de justicia penal, porque dónde está el poner a disposición inmediata de la autoridad a la persona detenida. Provocó la tortura y la muerte de Chava”, dijo.
En el caso de Salvador no hay cadena de custodia, denunció: "nos responden con incapacidad. No hay mecánica de hechos, cadena de custodia, peritajes. Mi experiencia como abogada en estos casos es esa, lamento y lo lamento mucho. Creo que hay que incentivar que las cosas cambien en la realidad, no sólo en las leyes o en el papel".
Jorge Hernández , activista del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, coincidió con Alba y expuso el caso de los migrantes en Chiapas y el Plan Frontera Sur, un programa que es utilizado para que la Policía Federal, Municipal, Estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM) torturen a personas.
"Para que se llevara a cabo el control militar se crearon los Centros de Atención Integral de Tránsito Fronterizo con presencia de la Marina, el Ejército y de migración. Nosotros hemos documentado casos de desaparición forzada como el de Maximiliano Gordillo Martínez desaparecido recientemente por migración. Un joven campesino, indígena de 18 años, fue bajado en una caseta y fue la última vez que se le vio. Las autoridades de migración han negado que lo hayan bajado, pero también en estos centros de atención hay muchos casos de tortura, acusados de migrantes y de pertenecer al crimen organizado. Para el Gobernador Manuel Velasco Coello, su prioridad no son los derechos humanos. Su prioridad es su imagen pública, carreta política", dijo.
Hernández recordó que Manuel Velasco mantiene en dos puestos claves a perpetradores de tortura: en la Secretaría de Seguridad Pública a Jorge Luis Llaven Abarca y como Procurador General de Justicia a Raciel López Salazar.
"Al primero cuando fue Delegado de la PGR [Procuraduría General de la República] la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo señaló como perpetrador de tortura. El Procurador Raciel López también ha sido señalado por organizaciones como perpetrador de tortura. El Gobernador Manuel Velasco no tiene ninguna intención en prevenir la tortura en el estado", indicó.
Ayer Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), recordó que la situación de México en materia de Tortura y Desapariciones forzadas tiene un diagnóstico crítico.
Hace un mes Leticia Gutiérrez Valderrama, directora y fundadora de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR), sección México, reveló que incluso desde el año 2015 operan las “guardias privadas de seguridad” del tren y de la vías que atraviesan el país de sur a norte, una empresa privada que tiene la orden de disparar a matar a todo lo que se mueva que no sea un vagón.
“Es una empresa que se ha estado cambiando el nombre y que tiene la encomienda de tirar a matar a todo lo que se mueva en el tren que no sea un vagón. La empresa se llama Cusaem [Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México], opera con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Gobernación (Segob). Ahora los migrantes son perseguidos por la autoridad, el crimen organizado y la iniciativa privada”, indicó.
La compañía ha cambiado en varias ocasiones de nombre. En un primer momento se llamó Cusaem y hoy opera bajo el nombre de Seicsa y es la que se encargó de la seguridad privada de Enrique Peña Nieto cuando era Gobernador del Estado de México, reveló Leticia Gutiérrez.
La compañía es originaria de Toluca, Estado de México y además de encargarse de la custodia del tren, también resguarda edificios públicos del Gobierno federal, así como parques y espacios públicos.
De acuerdo con la religiosa, hay nueve denuncias de migrantes y activistas en contra de la empresa, debido a que llevan en el cuerpo las balas incrustadas tras ataques de sus custodios.
“Las denuncias son de migrantes y activistas que traen las balas incrustadas en la cabeza, en los brazos, piernas y cuerpo, les dispararon cuando ellos iban en el tren en movimiento”, dijo.
Ayer Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), recordó que la situación de México en materia de Tortura y Desapariciones forzadas tiene un diagnóstico crítico.
“Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) lo han expresado en un concierto de voces, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita en el 2014 y el propio Alto Comisionado de la ONU, todos han coincidido en los últimos cinco años en un diagnóstico crítico, pero también en el diseño de una ruta propositiva”.
Jarab reiteró que México enfrenta una situación muy preocupante. Si bien reconoció que este concierto de voces solo se dio gracias a la permisión del Estado de ser escrutado, resaltó que tampoco hubiera sido posible sin el papel de las víctimas de no dejarse vencer por el miedo.
“La sociedad civil ha jugado un rol central en la detección de los problemas que enfrenta México en materia de tortura y desaparición de personas, su contribución ha sido notable en la documentación de casos, acompañamiento, exigencias, eventos a favor de la memoria y en contra del olvido, y muestras de conciencia pública, como este foro”, recalcó.
El defensor de defensor de derechos humanos reconoció la aprobación de las leyes federales contra la tortura, la implementación de protocolos y unidades especializadas al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, puntualizó, son procesos que se han replicado a nivel estatal “pero a manera dispar”.
Con información de Juan Luis García Hernández
