Activistas que han levantado la voz y han participado activamente para lograr que el Gobierno de la CdMx cancele un proyecto inmobiliario que ha gastado más de mil 500 millones de litros de agua en la delegación Coyoacán, son hostigados y criminalizados por autoridades capitalinas en apoyo a la empresa Quiero Casa.
Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Defensores del agua en la Delegación Coyoacán, quienes desde abril pasado montaron un plantón en Avenida Aztecas para protestar y oponerse a un proyecto inmobiliario de la empresa «Quiero Casa» que fracturó un manantial subterráneo y ha provocado el desperdicio de más de mil 500 millones de litros de agua en la demarcación, denunciaron que han sufrido hostigamientos.
En entrevista para SinEmbargo, Gustavo López, miembro de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, destacó que las exigencias están dirigidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa y al Jefe Delegacional de Coyoacán Valentín Maldonado, y giran en torno a la cancelación definitiva del proyecto y la expropiación del predio con el fin de rescatar el manantial.
Asimismo, el activista informó que la inmobiliaria interpuso una denuncia por privación ilegal de la libertad «contra quien resulte responsable», por lo que todas las personas que se encuentran en el plantón están «en riesgo de ser acusados de secuestro y encarcelados», señaló.
La denuncia por secuestro fue interpuesta por Eduardo Miguel Salazar Soto, representante legal de la empresa Quiero Casa, con número de carpeta de investigación CI-FCY/COY-4/UI-3C/D/00563/07-2016, de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
García considera que la empresa Quiero Casa y el Gobierno de la capital están coludidos. «La inmobiliaria ha tenido carta abierta para hacer lo que quiera y las autoridades en lugar de resolver el problema del tiradero de agua, la encubrió y no sólo eso, además, simuló atender el problema», acusó.
Desde mayo pasado, los activistas manifestaron en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la urgencia de que el Gobierno de Mancera aceptara llevar a cabo un diálogo público con funcionarios y dependencias que pudieran intervenir para la solución de la problemática, en las mejores condiciones y «con un carácter resolutivo y no con intimidación».
ACTIVISTAS HOSTIGADOS
El pasado 20 de julio aproximadamente a las dos de la tarde se presentaron dos personas que los habitantes llamaron «ajenas a la comunidad», en el plantón ubicado en avenida Aztecas, número 215, pueblo de Los Reyes.
Una de ellas se identificó como Maribel Pélaez Cosío, agente del Ministerio Público (MP), quien solicitó hablar con el «líder del plantón» para pedir que los acompañara al MP por una supuesta denuncia de hechos iniciada contra quien resulte responsable por la privación ilegal de la libertad de tres personas, dos de ellas de la tercera edad, dentro del predio donde se encuentra el plantón.
De acuerdo con el testimonio del activista, la segunda persona, un hombre joven «que parecía policía ministerial» caminó a la entrada principal del predio para hablar con los trabajadores supuestamente secuestrados, quienes le abrieron la puerta y refirieron que «llevaban tres días sin salir del predio por culpa del plantón».
Después, los supuestos funcionarios públicos subieron a un vehículo Nissan March, con placas R15-ABV y esperaron la llegada de dos personas, quienes se identificaron como Máximo Lira Hurtado, policía de investigación y Gabriel Fernández, como agente del Ministerio Público Coyoacán-4, con el fin de investigar la denuncia de hechos por privación ilegal de la libertad, según informó el CDHZL.
El agente Fernández entró al predio para hablar con los empleados de la construcción, quienes, de acuerdo con los vecinos, dijeron en voz alta «que tenían miedo de salir porque a veces se les bloquea la entrada y los retienen contra su voluntad». Sin embargo, los activistas defendieron que dicho plantón de protesta no impide el paso de las personas que por allí transitan.
Horas después de lo ocurrido, una patrulla del sector Coyoacán de la Secretearía de Seguridad Pública local (SSP-CdMx) se instaló a un costado del plantón con un par de policías.
Uno de ellos bajó de la patrulla y «de manera intimidatoria tomó varias fotografías del plantón y de quienes se encontraban en él, personas que integran la Asamblea», denunciaron.
El CDHZL ha dado acompañamiento a los activistas e incluso antes de lo ocurrido externó su preocupación «por la libertad, la seguridad y la integridad física de las personas defensoras del derecho humano al agua, integrantes de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán».
De igual manera, hicieron un llamado al Estado mexicano a respetar el derecho a la libertad personal y a la libre manifestación de las y los activistas, y a que cesen los intentos de criminalizar la defensa del derecho humano al agua en Coyoacán.
García informó que hasta el momento no hay personas detenidas
UN PROYECTO CON IRREGULARIDADES
En marzo del año pasado, en el predio ubicado en Avenida Aztecas 215, la empresa Inmobiliaria Quiero Casa, propiedad de José Shabot Cherem y Salomón Cherem, intentó edificar un complejo habitacional de 377 departamentos con 683 cajones de estacionamiento que se proyectan construir en tres sótanos.
Al excava para la construcción del estacionamiento, varios afloramientos de agua subterránea brotaron, con lo que una parte importante de la obra se inundó.
Quiero Casa recurrió a la extracción del vital líquido para después tirarla al drenaje. «Durante un año echaron al drenaje cerca de mil 500 millones de litros de agua, bajo el argumento de que es ‘agua mala’ o residual», acusó López.
El proyecto ha sido suspendido en dos ocasiones –ninguna por la cuestión del agua–. La primera ocurrió en febrero pasado y duró apenas 20 días, la segunda, en abril. Ambas suspensiones fueron «por medidas de seguridad», dijo López.
Los vecinos, quienes se dijeron preocupados por la situación, recurrieron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), al Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a la Dirección de Mejoramiento y Mantenimiento Urbano, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (Paot) y a la propia Delegación Coyoacán, para solicitar que detuvieran el desperdicio de agua.
Actualmente, la Asamblea está en espera de los resultados del análisis del agua que brotó en el manantial realizado por especialistas del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con lo cual se acreditaría la potabilidad y pureza del agua y la subsecuente necesidad de cancelación de la obra.
