La policía en Jalisco provee poca o ninguna protección contra robo a mano armada, así que los habitantes de las olvidadas orillas de Guadalajara han comenzado a formar grupos de vigilancia conocidos como autodefensas. Ellos han estado luchando contra los cárteles de drogas en los estados vecinos de Michoacán y Guerrero en últimos años. El grupo de 47 miembros está formado por líderes laborales, ambientalistas y amas de casa de mediana edad, quienes toman turnos para patrullar las polvorientas y engañosamente tranquilas calles de noche. Si llegan a detener a un criminal lo llevan ante las autoridades o lo sacan del área por la fuerza.
Por Duncan Tucker
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo/Vice).– Jesús Morones es dueño de una dulcería en El Salto, una peligrosa zona industrial al sureste del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y cuenta que ha sido víctima de robo a mano armada ocho veces.
«La última vez me golpearon y encerraron aquí junto con mi familia por diez minutos mientras ellos tomaban todo lo que querían. Buscaban dinero pero también se llevaron una caja de chocolates para comer después», dice. «Mi hijo estaba llorando y uno de los bastardos incluso le agarró el trasero a mi esposa».
La policía provee poca o ninguna protección contra este tipo de crímenes, así que los habitantes de las olvidadas orillas de Guadalajara han comenzado a formar grupos de vigilancia conocidos como autodefensas. Estos autodefensas han estado luchando contra los cárteles de drogas en los estados vecinos de Michoacán y Guerrero en últimos años, pero su formación en la gran ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, es más reciente y ha sido reportada por medios locales.
Mientras contempla el matorral quemado de El Salto, Raúl Muñoz, de 59 años y exguerrillero, dice que dirige las 27 células de autodefensas más grandes esparcidas en todo el pueblo.
Atento y cuidadoso de los halcones, como se les conoce a los vigías de los cárteles, Muñoz señala varias camionetas negras con vidrios polarizados. Dice que probablemente pertenezcan a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cuenta también que el grupo criminal tiene «control total» de El Salto y el municipio vecino de Tlajomulco.
El CJNG es una organización relativamente nueva que ha crecido y se ha extendido rápidamente en los últimos cinco años para convertirse en uno de los grupos criminales más poderosos de México. Muñoz sospecha que han comenzado a trabajar con grupos más pequeños de criminales en El Salto, derivando en un incremento de secuestros, robos y violaciones.
De voz suave pero fuertes convicciones, Muñoz dice que el crecimiento de la inseguridad hizo que un conjunto de lugareños formara un grupo de autodefensas a principios del año pasado, y agrega que su decisión se reafirmó cuando un matón asesinó a uno de sus colegas como advertencia en febrero de 2015.
Sin embargo, el asesinato, que continúa sin resolverse, les hizo entender que debían mantener un perfil bajo y nunca lucir sus armas en público. Muñoz cuenta que cargan con escopetas, rifles de caza, y pistolas de bajo calibre, y que incluso tiene escondidos rifles de asalto en caso de emergencia, aunque se negó a mostrarlos.
«Tenemos que ser muy discretos, sobre todo porque no sabemos contra quien estamos. Podría ser nuestro vecino o gente muy cercana», afirma Muñoz, después de detenerse a saludar a un grupo de estudiantes de preparatoria. «No queremos que nadie sepa quienes somos porque eso podría poner en riesgo la seguridad de todos».
El grupo dice que ha aprendido de los autodefensas que han crecido en el estado de Michoacán desde 2013, donde se infiltraron miembros de cárteles locales y algunos entrenados por el gobierno. Esa es la razón por la cual, cuenta Muñoz, son muy selectivos con las personas a las que dejan entrar.
Cuenta que su grupo de 47 miembros está formado por líderes laborales, ambientalistas y amas de casa de mediana edad, quienes toman turnos para patrullar las polvorientas y engañosamente tranquilas calles de noche. Si llegan a detener a un criminal lo llevan ante las autoridades o lo sacan del área por la fuerza.
Muñoz, quien trabajaba en una fábrica de llantas, tiene más de tres décadas de experiencia en activismo radical. Ayudó a grupos de izquierda en El Salvador en los años ochenta, y luego se unió al movimiento rebelde de los zapatistas en México, primero como observador de derechos humanos y luego, asegura, como miembro de su división armada, de 1994 hasta 2003.
«Por años tuve mentores de los altos mandos zapatistas que me enseñaron cómo trabajan los autodefensas», cuenta Muñoz. «La lección más valiosa que recibí fue la disciplina, esa es la base de todo».
A pesar de que su presencia se ha desvanecido en la consciencia nacional, los zapatistas aún viven de manera autónoma en algunas zonas de Chiapas, donde conservan un apoyo de las comunidades locales.
Los autodefensas de Guadalajara han pasado casi inadvertidos fuera de sus comunidades, pero los expertos en seguridad, como Francisco Jiménez Reynoso, de la Universidad de Guadalajara, han seguido sus pasos desde que los primeros grupos surgieron hace unos dos años.
Jiménez afirma que la mayoría están ubicados en El Salto, Tlajomulco, Zapotlanejo y Zapopan, el municipio más grande del estado. Las autoridades locales los han tolerado en silencio, mientras que los hombres de negocios han comenzado a contratar autodefensas para proteger a sus familias, hogares y negocios.
El académico piensa que el colapso de la seguridad en Guadalajara es culpa de la rivalidad política entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna Jalisco, y el partido Movimiento Ciudadano, que controla la mayor parte de la zona metropolitana. Ambos han politizado el problema de la seguridad antes de las elecciones de 2018, mientras el gobernador y la fiscalía general culpan públicamente a los rivales locales de la falta de policías en las orillas vulnerables de Guadalajara.
Mientras las autoridades se culpan unas a otras, otro tendero de El Salto llamado Adolfo dice que varios residentes han comenzado a comprar armas porque pueden llegar a pasar días sin ver un sólo oficial de policía.
El riesgo está en que esto puede derivar en peores ciclos de violencia.
Morones, el dueño de la dulcería, dice que no confía lo suficiente en ninguno de los otros miembros de la comunidad para unirlos a alguno de los grupos de autodefensas, pero también ha tenido que defenderse.
La última vez que sufrió un robo, cuenta Morones, reconoció a uno de los agresores, quien era un vecino que vive a pocas calles de él. Enfurecido, fue a la casa del hombre, lo golpeó y arrastró hasta una patrulla. Liberado bajo fianza tres días después, el ladrón presentó una queja ante la comisión de derechos humanos local, quienes ordenaron que Morones debía pagar aproximadamente 80 dólares para cubrir los gastos médicos.
«No puedes tenerles miedo a estos bastardos. Lo único que puedes hacer es defenderte porque no ganas nada yendo a la policía», expresó Morones. «En estas situaciones lo mejor sería matar a estos hijos de perra y tirar los cuerpos a la basura… si puedes».
