El alcázar de Chapultepec lucía repleto. Al fondo, rodeado por el Estado Mayor Presidencial, al hombre bajo, de lentes, se le había borrado la sonrisa incólume que solía vestir en público. El gesto adusto debía mostrar que los funcionarios allí reunidos tomaban con altura de miras lo que sucedía frente a ellos.

Tres meses atrás, el hombre que le hablaba había perdido a su hijo. Su dolor se aferraba al de otros, cuyas historias trágicas habían padecido el silencio de las autoridades y, en buena parte, de la prensa, en los años cuando protagonizaron una humilde búsqueda de verdad y justicia.

El hombre bajo no pudo disimular la mueca cuando le exigieron que pidiera perdón. Su interlocutor era un vocero de las víctimas, un ejército de almas en duelo que penan por México desde hace más de una década, cuyo mayor dolor es no tener una tumba donde llorar a quien se les fue.

En su discurso, Calderón aceptó que se disculparía. No lo hizo por los militares y policías que tomaron parte en la desaparición y asesinato de civiles, tampoco por la negligencia y complicidad de miles de funcionarios de las procuradurías, quienes ignoraron y vapulearon a las víctimas. “Si acaso de algo me arrepiento es de no haberlos mandado antes”, dijo sobre los escuadrones de una guerra sin reglas que él inventó como parte en su labor nunca concluida para legitimarse en el poder.

En aquella ocasión, faltaba menos de un año para que el Presidente de México saliera de Los Pinos con la responsabilidad estatal de 83 mil muertos a cuestas y un país sumido en el duelo.

Esta vez, el perdón de Enrique Peña Nieto llegó a los titulares de prensa y las pantallas de televisión cuando aún le quedan dos años en el cargo, su Administración arrastra ya 65 mil asesinatos, según datos del semanario Zeta, y las cifras del Gobierno federal apuntan a 17 mil desaparecidos entre 2012 y 2016.

El luto de quienes han encontrado a sus familiares en fosas comunes irregulares del Gobierno, como en Morelos, o han comprobado que en la desaparición de sus allegados la mayor responsabilidad estuvo en un militar, en un policía, no tuvo esta vez al menos el consuelo del ofrecimiento de un perdón presidencial.

El discurso de Peña Nieto al promulgar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya nota más destacada fue la petición de perdón por la “irritación de los mexicanos”, causada por el caso de la «casa blanca», llevó a una petición de una “sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”.

“El mensaje es que quiere empezar de ceros”, dijo más tarde para esta columna la Senadora Martha Tagle, una de las principales impulsoras del Sistema.

Este comienzo se concentró en la aceptación de Peña Nieto de que había sido “un error” la compra a crédito personal por parte de su familia de una casa de siete millones de dólares en las Lomas de Chapultepec a Grupo Higa, uno de los contratistas más beneficiados con obra pública durante los gobiernos peñistas en el Estado de México y federal.

El pretendido fin del escándalo revelado en noviembre de 2014 por el equipo de investigación de Aristegui Noticias, sobre la compra y lujosa adecuación del inmueble, estuvo acompañado por la divulgación de un comunicado con el anuncio de que la casa había dejado de pertenecer a la Primera Dama, Angélica Rivera, en diciembre de 2014. Como remate al cierre del capítulo, horas antes del evento renunció a su cargo el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien había determinado en 2015 que no existía ningún conflicto de interés en la adquisición de la propiedad.

La renuncia más política que práctica Andrade a su puesto sucedió cinco semanas después de la revelación de las denuncias civiles y penales en su contra, que interpuso su ex pareja Nayeli Martínez. Las denuncias están plagadas de acusaciones de corrupción, tanto en el manejo penal de las investigaciones por maltrato hacia Martínez, como en el juicio familiar por la manutención del hijo que ambos tienen en común.

La renuncia fue, también, más parte de un mensaje. La elección de un nuevo Secretario podrá suceder como mínimo en un mes, cuando el Senado de la República, que según las nuevas leyes debe ratificar el nombramiento, regrese de su receso de verano.

Ninguna de estas noticias, sin embargo, consuela a las víctimas de una guerra que ha padecido sus mayores tragedias precisamente en la corrupción. La complicidad que el propio Presidente Peña Nieto ha llamado como “cultural” entre delincuentes y políticos en México tiene un saldo creciente de víctimas civiles.

El perdón presidencial debería mirarles a la cara también a ellos, a quienes en muchos casos ninguna autoridad les ayudó jamás con una terapia, con una disculpa, con un trabajo efectivo en la búsqueda de la verdad sobre el destino de sus familiares. La corrupción tiene en el país su propio conteo de caídos, pero el hecho de que dos presidentes de México en sexenios consecutivos hayan debido pedir perdón en eventos públicos y altamente publicitados, no ha llevado a un gran número de las víctimas un cambio de rumbo en su dolor.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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