El imperio económico de los Arellano Félix: así como la PGR se los quitó, así lo recuperaron

Hace tres meses los integrantes de la familia Arellano Félix vendieron por 12 millones de pesos una mansión que por 20 años estuvo bajo resguardo de la PGR. La adquirieron en la década que compraron y vendieron una serie de propiedades de alta plusvalía, aseguradas en 1993 tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La reciente ganancia del clan con la venta de la última mansión en su poder y el repunte de los asesinatos ocurridos en Tijuana en el último año y medio, contradicen la versión de autoridades mexicanas y norteamericanas que insisten en mostrar al Cártel Arellano Félix como una organización “desarticulada”.

Por Francisco Sandoval Alarcón

Ciudad de México, 17 de julio (Zeta/SinEmbargo).- Era la segunda semana de diciembre de 1985. Parada ante una juez, Alicia Félix viuda de Arellano pidió autorización judicial para vender una millonaria finca, ya que -según ella- se encontraba en problemas económicos desde la muerte de su esposo. Aseguró a la juzgadora no tener dinero para ofrecer una adecuada educación al menor de sus hijos y, con la venta del bien, sortearía esos gastos. Lo que no dijo Alicia aquel día en Guadalajara fue que Benjamín y Ramón, dos de sus hijos mayores, eran líderes en Tijuana de la organización mafiosa más violenta de su generación: el Cártel Arellano Félix (CAF). Fueron ellos quienes en 1992 le declararon la guerra a Ismael “El Mayo” Zambada y sus socios, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, porque éstos les debían 20 millones de dólares por el cruce de droga a Estados Unidos. Con el primer encarcelamiento de «El Chapo” en 1993, los Arellano ganaron la batalla.

“Me veo en la necesidad de solicitar que se autorice la venta del bien inmueble y con eso poder seguir dando a mi menor hijo la educación que hasta hoy ha recibido”, expresó Alicia a la juez jalisciense Irma Becerra, con la que acudió como parte del juicio legal que se siguió de manera rutinaria, para pedir autorización de vender una finca de 2 mil 297 metros cuadrados perteneciente a su hijo, Francisco Javier Arellano Félix, entonces de 16 años de edad; 17 años después, tras la captura de su hermano Benjamín y el asesinato en 2002 de su otro hermano, Ramón, Francisco Javier se convertiría en líder del CAF hasta 2006, cuando lo capturaron en unas vacaciones, pescando en su yate en aguas internacionales de Baja California Sur.

Como parte de aquel juicio en 1985, Alicia presentó dos testimonios por escrito para avalar su petición. El del abogado José de Jesús Ruíz Novoa y el de Silvia Silva de Morales. También el consentimiento del “tutor dativo” de su hijo, el abogado Ignacio González Parada. Un presunto personaje mafioso conocido por las autoridades norteamericanas que, en 2012, lo boletinaron por sus actividades de “lavado de dinero”. En 2013 fue González quien sacó de la cárcel, a través de un juicio de amparo, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Jalisco, encarcelado por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena.

Alicia finalmente vendió la finca por 30.2 millones de pesos en abril del 86. Lo hizo sin la autorización de la juez Becerra, aval que llegaría meses después de realizada la venta. Apenas dos años antes, en 1984, Francisco Javier y su padre Benjamín Francisco habían comprado el terreno sin construcción por 4.1 millones de pesos. En ese lapso construyeron una finca estilo español con arcos y balcones, valuada en 19.5 millones de pesos.

Los movimientos hechos por Alicia y sus hijos eran parte de una estrategia para gastar cientos de millones de pesos en propiedades. Lo hicieron en las décadas de los ochenta y noventa. La maniobra que encaja perfectamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) era comprar, construir, vender y donar terrenos, casas y mansiones de alta plusvalía a personas cercanas a la familia, según revelan 30 actas notariales analizadas por Zeta, obtenidas a través del Registro Público de la Propiedad de Jalisco (RPPJ). Los documentos contienen anotaciones escritas a mano por dos de los ministerios públicos federales que solicitaron el aseguramiento de los bienes, incluido el número de averiguación previa, así como oficios escritos a máquina de escribir y firmados por funcionarios del RPPJ en los que formalizan la entrega de las actas notariadas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En Jalisco, donde los Arellano radicaban oficialmente desde el 76, gastaron más de 1 mil 100 millones de pesos con la compra de 23 propiedades que juntas miden dos veces el tamaño de la cancha de futbol del Estadio Azteca, según el análisis del semanario.

Uno de los movimientos predilectos de la familia era comprar terrenos rústicos para construir en ellos fincas o mansiones que vendían a ocho veces su valor original. La última mansión de ese tipo la vendieron en marzo de 2016. Se localiza en el exclusivo fraccionamiento del Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En 1993 esa propiedad, junto con otras 15, fueron aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones derivadas del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de ese año.

La mansión fue recuperada por Alicia en junio de 2015, luego de un juicio que duró dos años y en el cual el principal alegato fue que la PGR “nunca comprobó” que el dinero para comprarla tuviera conexiones con operaciones de lavado de dinero.

LA RUPTURA

El CAF es una de las organizaciones del narcotráfico mexicanas junto con los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Juárez, que más décadas lleva en activo en el mundo de las drogas. Iniciaron sus actividades en Tijuana en 1982, cuando ante los ojos de todo el mundo eran un grupo de hermanos carismáticos que organizaban grandes fiestas en Tijuana, Mazatlán y Guadalajara.

La popularidad que tenían los hermanos les permitió granjearse la amistad de muchachos de buenas familias que, asesorados por Benjamín y Ramón Arellano, se convirtieron en sicarios o socios del clan. A ese cártel y sus aliados, se le atribuyen cientos de asesinatos y desapariciones.

Utilizaron el sadismo para acabar con la competencia y castigar la deslealtad de sus aliados. Fueron los primeros en ordenar el asesinato y la desintegración en ácido de sus enemigos, práctica que años después se conocería como “pozoleo”.

César Esquer, Elman Chávez y Pritam Sing fueron tres de las víctimas del CAF con las que utilizaron ese método. Los “pozolearon” en 2003, cuando esa práctica era totalmente desconocida por la prensa y la opinión pública. Se daría a conocer hasta seis años después, tras la captura de Santiago Meza López “El Pozolero”, ex operador del CAF.

Esquer era un joven veinteañero egresado de la universidad, que en ese entonces trabajaba en Mexicali como editor de la página de internet de un periódico local. Viajó hasta Tijuana con sus amigos para cobrar el dinero de unos paquetes de marihuana que le dejó a su primo, quien trabajaba como Policía y narcotraficante del Cártel Arellano Félix. La droga había sido robada a los operadores de los Arellano en Mexicali, así que cuando se enteraron del movimiento ordenaron asesinar a los muchachos y desintegrarlos en ácido. Por seis años estuvieron en calidad de desaparecidos, hasta 2009, cuando el primo mafioso de Esquer, capturado por robo y otros delitos, confesó el destino de su familiar y sus dos amigos.

Por ese tipo de acciones, las autoridades norteamericanas y mexicanas catalogarían al Cártel Arellano como la organización mafiosa más “violenta” de su generación.

Fueron ellos los que en 1992, en plenitud de sus operaciones mafiosas, rompieron con “El Chapo” Guzmán, “El Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, con quienes llevaban una buena relación no sólo laboral, sino de amistad. Se distanciaron porque Zambada les debía dinero por el cruce de droga en Tijuana, así que los hermanos ordenaron asesinarle, escribió en su momento el periodista Jesús Blancornelas.

Tanto “El Chapo” como “El Güero””, en represalia orquestaron una emboscada para asesinarlos a ellos en una discoteca de Puerto Vallarta, en la que murieron seis personas. Los hermanos Ramón y Francisco Javier Arellano escaparon ilesos del ataque.

Los Arellano tomaron venganza el 24 de mayo de 1993. Ordenaron asesinar a «El Chapo”, cuyo nombre ya había saltado a la fama pública por la fallida emboscada. Los hermanos trataron de matar al capo sinaloense cuando éste se dirigía al Aeropuerto de Guadalajara. Por una “confusión” asesinaron al Cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, quien se trasladaba al mismo destino.

Según la cuestionada versión oficial de la PGR, los pistoleros del clan Arellano que le dieron 15 balazos a quemarropa a Posadas, un hombre alto de poco más de 110 kilos, lo confundieron con “El Chapo” Guzmán, quien no alcanza los 1.68 metros de estatura y pesaba no menos de 80 kilos.

El abogado del Arzobispado de Jalisco, José Antonio Ortega, ha cuestionado en múltiples ocasiones el móvil del crimen y ha descartado la hipótesis de la PGR. Públicamente ha dicho que Posadas fue asesinado porque “conocía los nexos del narco” con políticos mexicanos, entre los que se encontraba Raúl Salinas, hermano del entonces Presidente de México, Carlos Salinas.

Derivado de la presión internacional, Guzmán Loera se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Posadas. Fue detenido el 9 de junio de 1993 en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Con esa primera captura, los Arellano le ganaron la batalla al capo sinaloense, aun cuando éste nunca fue procesado penalmente por el asesinato; tampoco fueron enjuiciados Benjamín o Ramón Arellano Félix.

En la actualidad, dos de los hermanos Arellano Félix (Ramón y Francisco Rafael) están muertos; y otros tres (Benjamín, Francisco Javier y Eduardo) se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos. Las pugnas entre “El Mayo” Zambada y los Arellano continúan, sólo que ahora un hijo de Benjamín es quien dirige a la organización mafiosa, apoyado por otro joven familiar. Esa lucha por el control de Tijuana ha provocado un repunte en los asesinatos durante el último año y medio. Con ese incremento los índices de violencia se asemejan a los que se tenían en los años 2008, 2009 y 2010, cuando el Cártel de Sinaloa, a través de Teodoro García Simental, “El Teo”, ex operador del CAF, intentó sacar del negocio definitivamente a los Arellano, en ese entonces bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, uno de los sobrinos de la familia.

LOS MOVIMIENTOS DEL CLAN

Hasta antes de simular problemas financieros, los integrantes de la familia Arellano se presentaban como profesionistas o empresarios para cerrar sus operaciones de compra y venta de bienes. Francisco Rafael se identificaba como “licenciado en Administración de Empresas” y “profesionista”, cuando no estudió una carrera universitaria; Fernando Arellano Félix se presentaba como “ingeniero”; Benjamín Francisco, padre de los hermanos, se decía “constructor”; mientras que Benjamín Arellano, el líder fundador del cártel, era un “comerciante”.

De esa manera los Arellano se identificaban ante notarios públicos y los dueños de las propiedades que adquirían. En 1984, el “licenciado Francisco Rafael Arellano Félix” compró dos propiedades a Marcelino García Paniagua y su esposa, Amelia Arteaga Anaya. Marcelino era hijo del ex Secretario de la Defensa Nacional y ex Gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. El año que vendió las propiedades se desempeñaba como funcionario público de Aduanas. Un año después fue presidente del club de futbol Chivas del Guadalajara, y en dos diferentes periodos dirigió la Federación Mexicana de Futbol. Murió en 2007 a causa de cáncer.

La primera propiedad vendida por Marcelino fue una finca de 2 mil 357 metros cuadrados, ubicada en Zapopan; la segunda, un terreno rustico de 2 mil 976 metros cuadrados que Francisco Rafael fraccionó en seis y vendió por separado. Por las dos propiedades Marcelino y su esposa recibieron 15.8 millones de pesos.

Otra argucia legal recurrente en los movimientos de la familia Arellano, para no dejar rastro del dinero, era donar y vender las propiedades a otros miembros o amigos de la familia. En por lo menos nueve ocasiones hicieron ese movimiento. Alicia Félix fue la principal beneficiaria. Su hija Norma Isabel le hizo tres donaciones: dos propiedades en Zapopan y una más en Guadalajara; su hijo Francisco Rafael le vendió la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

Luis Benjamín y Frank Xavier Arellano Martínez, los dos hijos de Benjamín Arellano Félix, recibieron la donación de una casa por parte de sus abuelos en 1984; las cuñadas de Benjamín y Francisco Rafael también participaron en esos movimientos.

CONFISCAN BIENES

El asesinato de Posadas y la detención de «El Chapo” Guzmán en 1993, cambiaron el destino de la familia Arellano. Les quitó una serie de propiedades y los convirtió en el clan del narcotráfico mexicano más buscado de la época. La PGR comenzó a investigarlos. Producto de las investigaciones ordenó, en agosto de ese año, asegurar varias de las propiedades compradas por la familia en Jalisco, Sinaloa y Baja California.

En Jalisco, fueron 16 los bienes asegurados, de los cuales siete ya no pertenecían a los Arellano, quienes los vendieron o donaron.

Los Arellano iniciaron una batalla legal en Juzgados y tribunales para recuperar sus bienes. En la actualidad hay juicios que continúan abiertos y otros se han iniciado en la última década. Lo que reclaman los integrantes del clan o sus herederos, es que en más de 20 años, la PGR “no ha comprobado” que las propiedades fueran adquiridas con recursos del narco. Bajo esa premisa lograron ya la devolución de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

LA IMPUNIDAD

Las pruebas que incriminan a la familia Arellano por operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra, venta y construcción de propiedades, siempre han sido públicas y se encuentran en actas notariales e inscripciones del RPPJ.

En los documentos salen a relucir los nombres de abogados, notarios públicos, testigos y posibles cómplices que participaron en las operaciones del clan. No existía en aquel entonces una Ley de extinción de dominio, como la que opera actualmente para obligarlos a denunciar penalmente las millonarias transacciones. Moralmente pudieron haberlos denunciado por delincuencia organizada y no lo hicieron.

Entre los notarios públicos jaliscienses que más participación en los movimientos de la familia Arellano, se encuentran Mario Camarena Rosas y Mario Montaño Beltrán. El primero certificó seis operaciones de compra de bienes y cuatro de venta; el segundo, cinco de compra y dos de venta.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano es otro abogado cuyo nombre aparece en las actas. Como suplente de notario público se encargó de escriturar, en 1990, la compra de un condominio de 210 metros cuadrados adquirido por Norma Isabel Arellano Félix, una de las hermanas mayores del clan. Por esa transacción pagó 14.7 millones de pesos. El bien fue asegurado por la PGR en 1993. Aguirre Anguiano se convertiría dos años después en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actualidad se encuentra en el retiro.

La maniobra implementada por la familia Arellano es una de las estrategias clásicas del lavado de dinero. No es una coincidencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo intergubernamental en el mundo para combatir y prevenir esa actividad, haya identificado tanto a notarios públicos como a agentes de bienes inmuebles dentro de las actividades y profesiones no financieras vulnerables para ser usadas en operaciones de blanqueo de recursos.

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NINGÚN PROCESADO POR LAVADO

A 23 años del aseguramiento de las propiedades del clan Arellano en Jalisco, la PGR no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ningún miembro de la familia por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se castiga con hasta 15 años de cárcel. Tampoco ha informado el destino de las mansiones y casas aseguradas, aun cuando se le ha solicitado una entrevista formal a través de su área de Comunicación Social; en Estados Unidos, contradictoriamente, los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier han sido sentenciados por narcotráfico y lavado de dinero; su hermana Enedina, por su parte, es señalada de encabezar la red de lavado de dinero que sostiene financieramente al CAF.

Información obtenida por el sistema de transparencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y una búsqueda avanzada hecha a través del servidor de aplicaciones de mapas Google (Google Maps), revela que siete de las 16 propiedades aseguradas por la PGR están en perfecto estado; otras dos se encuentran en resguardo del SAE; una funciona como escuela privada, otra como asociación civil que promueve el empleo y una más fue vendida en marzo pasado.

En el caso de la escuela, se trata de la preparatoria Liceo del Bosque, cuyos directivos al ser cuestionados sobre la procedencia del bien, dijeron desconocer su vínculo con la familia Arellano. Se trata de la finca estilo español que, en abril de 1986, Alicia Félix vendió por 30.2 millones. Aquella por la que pidió autorización judicial para vender, argumentando problemas financieros.

En el caso de sietes propiedades más que no estaban entre los bienes asegurados por la PGR y pertenecían a la familia, cuatro fueron vendidas y tres continuaban bajo su tutela, según las actas notariales en poder de ZETA. Entre éstas se encuentra la propiedad que Francisco Rafael compró a Marcelino García Paniagua y su esposa. En la actualidad tal inmueble aloja al Instituto Anahuacalli, centro educativo en Zapopan que cuenta con niveles preescolar y básico (primaria y secundaria). Este Semanario buscó en varias ocasiones a los directivos de la institución para saber si conocían el origen del predio y, pese a una serie de llamadas y el envío de un correo electrónico, no respondieron a la solicitud.

MANSIÓN VENDIDA

Contrario a los exóticos gustos que suelen tener los narcotraficantes cuando se trata de las casas donde viven, los Arellano Félix tenía un gusto sofisticado que discrepaba con los de otros mafiosos de la época. Nada de zoológicos, esculturas o acabados con imágenes de santos o animales; cero colores llamativos o ninguna estructura que desentonara con las residencias tipo colonial con toques contemporáneos que solían construir.

La mansión del fraccionamiento Club de Golf Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga, era la muestra de su buen gusto. Construcción de mil 230 metros cuadrados de dos plantas, pintada con colores blanco y azul pastel; cuatro amplias recámaras, estudio, sala, cocina con muebles de madera, comedor y área de televisión; cochera techada con espacio para ocho vehículos; alberca circular con vestidores, baños y cuarto de juegos; una segunda casa separada de la principal y 927 metros cuadrados adiciones de jardines. Lo mejor: la tranquilidad de estar ubicados en un complejo privado que cuenta con perímetros totalmente bardeados, caseta de vigilancia 24 horas, casas separadas y extensas áreas verdes que incluyen dos parques y 16 hectáreas de bosque.

La construyeron entre 1985 y 1989. Por el terreno rustico de 2 mil 156.99 metros cuadrados, Francisco Rafael pagó 970 mil pesos. Posteriormente éste le vendió la propiedad, con mansión incluida, a su mamá, en 1989.

En la demanda promovida ante el juez Raymundo Cornejo Olvera, Alicia Félix acusó a la PGR de violentar sus derechos por el decomiso de la mansión, pues en más de dos décadas nunca se comprobó que la compra se hiciera con recursos de procedencia ilícita.

Por poco más de ocho meses el juez Cornejo analizó la demanda y, en la última semana de octubre de 2014, se la concedió. Concluyó que aun cuando la PGR en sus investigaciones estableció que Alicia y sus hijos formaban parte de “una red de lavado de dinero”, la dependencia fue “omisa en pronunciarse” sobre la certeza del acto reclamado. Expuso también que nunca había existido “conducta criminosa” por parte de la quejosa o “en los que estuviera relacionada la finca en mención”.

De esa manera el juez Cornejo, un abogado con maestría en Política Criminal que obtuvo con la tesis “Análisis Crítico de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, ordenó la “inmediata devolución” de la mansión.

La PGR contrademandó la decisión de Cornejo; el reclamo llegó hasta un tribunal federal, donde tres magistrados ratificaron la decisión del juez: regresar la mansión a la señora Alicia.

Sin trabas legales de por medio, Alicia y familia contrataron los servicios de empresas dedicadas a la venta de bienes raíces que ofertaron la mansión a través de sus páginas de clasificado. “Para terminarla a su gusto”, señalaban los anuncios que promovían la mansión, vendida finalmente en marzo pasado.

Lo que ha quedado en evidencia con la devolución de la mansión Arellano, es que por una “omisión” de la PGR las pruebas del lavado de dinero se desvanecen. La venta de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga es la llave que el CAF necesitaba para pelear sus bienes y seguir con el millonario blanqueo de dinero que comenzó en los mismos años que la madre del clan mafioso le hizo un desesperado pedido a una juez de Guadalajara.

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