No importa el trabajo que se tenga, lo cierto es que se han multiplicado las tareas de cada uno y el tiempo se ha reducido al mínimo, no alcanza y va más veloz que nuestra propia conciencia del mismo.

La explosión de imágenes e información, de noticias y requerimientos de todo tipo, terminan por aturdir no sólo nuestros sentidos, sino el mismo sentido de las cosas. Estamos saturados, los acontecimientos nos llegan como una avalancha, los páramos, y pausas cada vez son menos; reaccionamos, no pensamos.

En estas condiciones, la política paradójicamente ha vuelto a ocupar un espacio de suma relevancia, que no obstante está en descrédito generalizado. La política ha perdido su horizonte, abrumada por su descomposición no encuentra un lenguaje que permita dar oxígeno a los ciudadanos. Éstos, muchos de ellos incansables, se ven rebasados por las tareas asumidas (de lo local a lo global) al pretender participar en diversos desafíos, sobre todo en aquellos que ponen en evidencia el desastre nacional que vivimos; el de la violencia que cerca la vida cotidiana de las comunidades y cuestiona los mecanismos de representación que nos hemos dado; la llamada democracia formal que pareciera subordinarse más a la lógica de la simbiosis entre el crimen y la política, que a la de consolidar un sistema político justo y libre.

Desde que inició el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, éste propuso focalizar la atención en el tema de la violencia y la impunidad que afectan a millones de ciudadanos y que obligan a definir este periodo como el de una emergencia nacional en medio de la supuesta normalidad democrática que asumen los procesos electorales. Hoy otras voces, incluyendo las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, coinciden con ese diagnóstico.

No se trata de hacer una genealogía de esa propuesta, los zapatistas desde hace lustros a partir de su propia experiencia y lectura vieron con claridad el drama que se venía encima al país; también desde otros registros sociales e ideológicos, incluso de la llamada derecha, se ha advertido de la expansión del crimen y la incapacidad del estado para enfrentarlo y asumir su primera obligación de garantizar la seguridad a la población del país.

No obstante, las diversas voces y fuerzas que señala esa emergencia, no se articulan mínimamente e incluso algunos de sus seguidores se comportan más como hordas que como ciudadanos, saturando de insultos las redes para impedir la discusión libre y sensata de las opciones que la nación necesita para reencontrarse a sí misma.

La emergencia no es un referente que exagera, sino la precisión necesaria para comprender el contexto que vivimos; el periodo histórico que nos advierte incluso de un profundo cambio civilizatorio que obliga a buscar las mejores reservas que como nación tenemos para evitar que México desemboque en un estado policiaco sostenido por los acuerdos de organizaciones criminales y capitales fragmentados, a lo largo y ancho del territorio nacional o en los escenarios de guerra civil que se expresan en otras regiones del mundo.

Estamos todavía a tiempo si logramos emerger de la saturación en que vivimos, y permitir así procesar esas reservas de la nación que se sustentan en valores que heredamos de las luchas cívicas cuya enseñanza es no rendirse ante la amenaza y la corrupción.

Tomás Calvillo Unna

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