Bernarda Sánchez inició hace 29 días una huelga de hambre en el centro de Orizaba, Veracruz, en demanda de que a las comunidades indígenas les sea permitido vender sus productos en esa área. La joven indígena acusa de racismo al Presidente Municipal. Juan Manuel Díez, quien promovió una consulta entre los pobladores de la ciudad sobre la permanencia o no de los comerciantes: “Se trató de una ofensa: organizar una votación para privarnos el derecho de trabajar honradamente”.
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo/BlogExpediente).– Agua y suero es lo que mantiene con vida a Bernarda Sánchez. Hace 29 días que inició su huelga de hambre. Una protesta que, asegura, nació con el desprecio de Juan Manuel Diez, Presidente Municipal de Orizaba, Veracruz.
“Quiere ver su ciudad limpia de indígenas ambulantes. Ya encarceló a dos ancianas y uno de nuestros jóvenes se suicidó luego de la madriza que le metió su policía”, denuncia.
Habla la joven de 20 años, con un tono de voz que apenas se registra en la grabadora. Hay cansancio en sus ojos, deshidratación en sus labios y jiotes en sus mejillas. Al día de hoy, la paciencia, como su semblante, son raquíticos. La jovencita, con esfuerzo, se levanta de una silla con forro artesanal y advierte, avalentonada:
“En Veracruz al Gobierno no le importan los indígenas; a Juan Manuel Diez parece que le damos asco; Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo más que ha hecho por nosotros es rebajar la multa de dos ancianas que salieron de la cárcel. Ya estamos hartos de que nos pisoteen. Somos seres humanos, tenemos derecho a trabajar”.
Comparte la mujer desde el corazón orizabeño, en el parque Apolinar Castillo. Instalada en una construcción con techo de lona, forrado con mantas de letras negras y rosas, resaltando la exigencia de Ixhuatlancillo, su pueblo, el permiso para que 180 familias indígenas, puedan vender sus productos de la cosmogonía náhuatl sobre el Centro Histórico de la ciudad.
“Desde muy chicos nuestros padres nos enseñaron a trabajar de manera lícita y honrada. Son más de 100 años los que hemos subsistido gracias a la generosidad de los orizabeños. Que no se le olvide al presidente, que el Pueblo Mágico que tanto presume, también es gracias a nosotros, a nuestra gastronomía, artesanía, medicinas y ritos que compartimos con la gente”, reclama Bernarda.
Vestida con una falda rosa y bayeta tapizada de lentejuelas, la joven acusa que el alcalde orizabeño carece de sentimientos, “el hombre se cree un emperador, se pasa por el arco del triunfo nuestras garantías constitucionales. Toma de rehenes a nuestros pequeños y sus policías les dicen que los van a desaparecer. Responsabilizamos al alcalde de cualquiera cosa que nos pase”.
Bernarda, en menos de cuatro meses, se ha convertido en un referente para los 16 mil habitantes del municipio de Ixhuatlancillo, perteneciente a la zona de las altas montañas, en la parte central del estado. El pasado mes de abril pisó la cárcel, fue una de las 15 apresadas por vender sobre la calle Francisco I. Madero.
“Sólo pedimos que nos dejen vender nuestros productos artesanales sin que nos discriminen. No pedimos que Juan Manuel Diez, nos dé empleo en sus negocios; en la Plaza Valle, en Fénix, en sus gasolineras, en el canal de Televisión, en las agencias de carros […]. Solamente que no nos pegue. La calle que no es de él, sino de los orizabeños” solicita la mujer de mirada exhausta.
Antes de levantarse por los documentos legales y fotografías que evidencian agresiones contra su grupo étnico, la joven de mirada anémica, comparte el motivo por el cual su pueblo se ha vuelto migrante: “En Ixhuatlancillo no hay recursos ni oportunidades, nuestro presidente, Salvador Montalvo González, es lacayo de Juan Manuel Díez; ha ocupado el cargo para enriquecerse.
Argumentos que presentará ante Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien sostendrá una plática con los huelguistas, a quienes los representará Cuitláhuac García Jiménez, actualmente, Diputado del congreso veracruzano.
“EL EMPERADOR DICE QUE ORIZABA NO NOS QUIERE”
“A Juan Manuel Díez se le ocurrió hacer algo que nosotros llamamos la consulta del racismo. El 24 de febrero, el Ayuntamiento publicó en un periódico regional que se llevaría a cabo una consulta ciudadana llamada “Orizaba decide SÍ/NO al ambulantaje”. Se trató de una ofensa: organizar una votación para privarnos el derecho de trabajar honradamente”, acusa la huelguista.
La encuesta, como refiere Bernarda Rosas, se llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo. A la fecha, un templete se exhibe junto al plantón de los indígenas, sobre la calle Francisco I. Madero, la más transitada en Orizaba por lugareños y turistas.
Los resultados tras un total de 12 mil 236 votos, fueron los siguientes:
-No al comercio ambulante sin regulación en el centro histórico y sí a la regulación del comercio en las calles= 10 mil 169 votos, (83. 11 por ciento).
-No al ambulantaje en el centro histórico y no al comercio informal en las calles: 761 votos, (6.22 por ciento)
-Sí al comercio ambulante sin regulación en el centro histórico y sí al comercio informal en las calles: 505 votos, (4.1 por ciento)
-Sí al comercio ambulante en el centro histórico y no a la regulación del comercio informal en las calles: 473 votos, (3.87 por ciento)
-Votos nulos: 328 votos, (2.64 por ciento)
Con base en los resultados de la encuesta popular, la ciudad de las aguas alegres decidió con el 10 %, según las autoridades municipales, que los indígenas y demás vendedores ambulantes deberían ser desalojados de la vía pública.
Sin embargo, el 20 de mayo los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declararon la nulidad del procedimiento de plebiscito, argumentando que el ayuntamiento de Orizaba es competente para comenzar el procedimiento de una consulta popular, no lo es para organizarlo, desarrollarlo y vigilarlo, ni tampoco para declarar su validez; actividades que conforme a la legislación aplicable le corresponden al Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Así mismo, los indígenas desconocen quién realizó el escrutinio y cómputo. Finalmente, el TEV recordó mediante su dictamen que la administración del priista Diez Francos carece de atribuciones legales para declarar la validez del procedimiento mencionado.
Por su parte, Cecilia Contreras, líder del grupo de artesanos del municipio de Ixhuatlancillo, quien llega al campamento a preguntar por la salud de sus compañeros, asegura que tiene en su poder 40 mil firmas de orizabeños que están de acuerdo con la
La representante dice que la consulta estuvo amañada por América Argumedo Domínguez, secretaria particular de Juan Manuel Díez y Juan Ramón Roldán Bravo, regidor tercero: “La gente que votó muchos de ellos son empleados de Juan Manuel Diez, los mismos que vienen a gritarnos que nos larguemos a nuestro pueblo o de criadas a otras ciudades”
“MERCADO DE LAS ALTAS MONTAÑAS, UNA ESTRATEGIA PARA ACABAR CON NOSOTROS”
Sustentados en la consulta ciudadana, el ayuntamiento orizabeño inauguró el Mercado de Artesanías de las Altas Montañas, un sitio que, afirman las autoridades, es basto para los más de diez pueblos que buscan una oportunidad laboral en la ciudad con menos índice de pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La inauguración del sitio se realizó el 14 de mayo de 2016, al tiempo que la Dirección de Comercio del Ayuntamiento prohibió, tajantemente, la venta de productos y servicios en los parques, plazas del centro histórico de Orizaba y sus principales calles.
Situación que molestó a los ixhuatlecos, pues aunado a las disposiciones ya mencionadas se implementaron sanciones de 800 pesos y el decomiso de la mercancía para los comerciantes que continuaran la venta de sus productos.
“El mercado, que tanto presume Juan Manuel Diez, no está techado en su totalidad y nuestras mercancías se echan a perder con la lluvia. Tampoco cabemos allí, somos 180 familias, tan sólo de Ixhuatlancillo […]. No es ganado lo que van a meter”, considera Bernarda, mientras su Cecilia, su líder, le lleva suero para aminorar sus mareos que le iniciaron hace 15 días.
«Nosotros no nos cerramos al diálogo; no es mala idea la creación del mercado, pero antes solicitamos 40 lugares afuera del mercado Melchor Ocampo, pues el Mercado de las Altas Montañas es de nueva creación. Tenemos que aclientarnos. ¿Cómo pretende el alcalde que vamos a mantener a nuestros hijos en un lugar de reciente creación? […]. Nosotros le dijimos a este señor el pasado 18 de mayo, durante una mesa de diálogo: ¿Acaso podría usted vender uno de sus autos en el desierto? Es imposible. Así nomás la gente no va a llegar a comprarnos. Además, nuestros productos son plantas de 15 ó 20 pesos, cositas que debemos ofrecer a la gente mientras camina; sólo así nos compran”, reclama la indígena en resistencia.
Bernarda Sánchez advierte que hasta la fecha el coordinador de Desarrollo Económico de Orizaba, Raymundo Reynoso Limón, niega presentarles la liberación de Protección Civil, así como el nombre del arquitecto que estuvo a cargo de la obra.
“Por qué pedimos esos papales; el edificio fue hecho al chingadazo, los muros son muy antiguos; anteriormente ahí fue una cárcel, nada más medio arreglaron la fachada. Un proyecto que según el presidente costó 27 millones de pesos al erario público […]. Aceptar el trato que propone Juan Manuel Díez es aceptar un poco más de 40 lugares, dejando a la mayoría de los compañeros sin trabajo. Una vez que firmemos dicho acuerdo a nadie dejarán vender sus productos en el centro histórico; es evidente que quieren acabar con nosotros”, argumenta.
“Nuestra huelga de hambre es la única manera diplomática para hacerle ver al mundo que ya no queremos sufrir más discriminación y racismo por parte de la autoridad de este municipio, nos oponemos a que este presidente, como si fuera un emperador, acabe con nuestros derechos humanos” finaliza la mujer, previo a tomar un descanso. La fatiga ya le asedia incluso al hablar.
“LOS NIÑOS SABEN QUE SU PADRE ESTÁ PELEANDO POR SU PUEBLO”
Tras dos horas de entrevista, Francisco Nicolás despierta sobre su catre de aluminio, anexo a la silla donde ahora duerme Bernarda. Es un hombre que raya los 50 años. Su barba, su bigote y su aliento confirman que a casa no ha ido en 28 días. De ímpetu un poco más firme que el de su compañera, se levanta y cruje los huesos de su espalda, antes de dar su testimonio.
“Mi enojo, como varón, es por la actitud de los policías de Orizaba; le pegan a nuestras mujeres como si fueran trapos. Y ahora nomás así se roban nuestra mercancía, porque no se le llama de otra manera. Antes decomisaban los productos y nos dejaban recogerlos, ahora no; se quedan con nuestras inversiones” comparte del hombre mientras peina sus barbas grises.
Los hijos de José Francisco Nicolás Flores, de 7, 12 y 14 años, saben que si no ha llevado monedas a la casa es porque ha permanecido ofreciendo su hambre como protesta, todo con tal de caminar libremente ofreciendo muebles de madera de Xochicuahiutl, así como plantas en macetas de carrizo y barro.
El hombre, de huaraches de piel y suela de llanta, detiene las canciones de Los Huracanes de Tijuana en su radio color azul y comienza a enumerar las agresiones que la policía orizabeña ha ejercido contra los ixhuatlecos:
20 DE FEBRERO
«Los pinches polis agredieron a cuatro señoras, las detuvieron mientras vendían burbujas de jabón, paletas de manzanas y virgencitas talladas en yeso. Les valió madres, las agarraron del hombro y se las llevaron a la cárcel”, acusa Francisco.
Las cuatro mujeres fueron encarceladas en el Centro de Internamiento del Distrito Judicial número XV, conocido como “La Tomita”, llamado así por ser la antesala de los presos en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes.
“El mismo día levantaron a Noé García Rosas, un menor de 17 años. A él lo amenazaron en la cárcel diciéndole que si no le bajábamos lo iban a desaparecer. Que los indios mugrosos no tienen derecho a protestar. Nos organizamos y quedó libre, desgraciadamente el 29 de abril lo encontramos ahorcado en el patio de su casa”, culpa don Nicolás, mientras se soba la barriga por el hambre.
EL 05 DE ABRIL
Policías municipales se llevaron, esta vez, a 15 personas, entre ellos gente de Orizaba que apoyaba el movimiento indígena. Lo anterior tras darse una batalla campal frente al Teatro Ignacio de la Llave, dejando un saldo de cinco heridos.
Los detenidos salieron bajo fianza después de 72 horas. “Nunca se les explicó por qué los encarcelaron. Únicamente dijeron que seguían órdenes de Juan Ramón Herebia, el encargado de la seguridad pública en Orizaba”, explica.
Con base en la declaración de Nicolás Flores, tras los incidentes se turnaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “La señora Namiko Matzumoto supo de estas agresiones y nunca le importó. Se lo expondremos a Roberto Campa Cifrián, a ver si a él le preocupan estas violaciones”, reclama.
EL 02 DE MAYO DE 2016
Nuevamente tres elementos de la policía municipal de Orizaba fueron captados, por personas con sus celulares, agrediendo a una mujer. Actualmente los videos permanecen en las redes sociales, donde se observa cómo los agentes ejecutan la detención de la vendedora de dulces de albaricoque.
En la cinta se aprecia también que uno de los gendarmes le advierte al dueño del móvil, Anón Hispano, detener la grabación o también se lo llevarían por “obstruir” la labor de la justicia. La última toma capta el rostro de la mujer llorando al ver su mercancía regada sobre el suelo.
13 DE JUNIO DE 2016:
“Esta agresión fue de las más cabronas, los mismos policías se llevaron a siete personas, entre ellos; niños de un año y medio, 2 años, 4 años, 10 años, otro de 14 y uno de 18 años. También recogieron a dos ancianas, Felipa Nicolasa Francisca y María Carmela Candelaria Bacilia. A los niños los soltaron luego, pero al mayor de edad y a las señoras hasta que pagamos fianza” acusa don Francisco.
“Ese día llamamos a Namiko Matsumoto. No quería contestarnos el teléfono y tuvimos que llamar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la obligaran. Tardó dos horas en atendernos, lo único que hizo fue mandar a un delegado para que sacaran a nuestras viejecitas, por ellas pagamos 80 pesos; por el chamaco mil 200”, recuerda el manifestante.
El hombre comenta que tan sólo con la multa de una de las seniles, 80 pesos, comen dos familias ixhuatlecas en el día, dinero suficiente para comprar cinco kilos de maíz par tortillas, frijol y un sobre de café.
“Hoy le digo a Namiko que me explique, porque yo no fui a la escuela, ¿en qué ley dice que nos pueden agarrar y llevar sin orden de aprensión sobre la vía pública? ¿Sabe lo que le cuesta ganar mil 200 pesos a un indígena? cuestiona el hombre a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
14 DE JUNIO DE 2016
Se suspende el servicio de energía eléctrica, de manera repentina, en todo el parque Castillo. Una manzana a oscuras en una de las ciudades más azotadas por la violencia en la zona centro.
Francisco pide disculpas, pues quiere ahorrar energías, horas antes de exponer sus inconformidades ante Roberto Campa Cifrián, luego afloja la correa de sus guaraches y se tiende sobre las cobijas. Esta vez sintoniza la radio en una estación de música norteña, Ramón Ayala lo acompañará en su espera.
Sin embargo, antes de iniciar su siesta, pide la grabadora y confiesa: “Hay veces, como ahorita, que le pido a Dios que ablande el corazón de Juan Manuel Díez porque al parecer quiere deshacerse de todos los indígenas para siempre”.
