«El marco jurídico en general, y en particular el ambiental, es extremadamente amplio, extremadamente basto, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ‘¿se cumple de manera efectiva? ¿Lo hacemos cumplir nosotros, exigimos su cumplimiento como ciudadanos?'», cuestionó Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- En México, la legislación sí reconoce los derechos para proteger al medio ambiente, sin embargo, se trata de letra muerta por lo que es deber de los ciudadanos buscar el correcto cumplimiento y respeto de las leyes, señalaron activistas y autoridades.
Durante el tercer día del Foro por los Derechos de la Madre Tierra y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, diversos expertos en temas medioambientales hablaron sobre la importancia de crear leyes que protejan al medio ambiente y a la tierra, además de crear mecanismos para que las existentes sean respetadas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo Cuarto, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, el cual brinda elementos para defender los recursos: «toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley».
«El marco jurídico en general, y en particular, el ambiental, es extremadamente amplio, extremadamente basto, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ‘¿se cumple de manera efectiva? ¿Lo hacemos cumplir nosotros, exigimos su cumplimiento como ciudadanos?'», cuestionó Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Para hacer cumplir las leyes, dijo, es necesario el empoderamiento de la sociedad con base en dos aspectos: con sustento, es decir, con respaldo de las leyes, cuestiones científicas y técnicas; y con sentido, o sea, con respeto hacia la naturaleza.
En el mismo sentido, Martha Tagle Martínez, Senadora de la República por la Ciudad de México, acusó que las decisiones públicas que se toman en torno a diversos aspectos que afectan la vida cotidiana, entre ellos, el cuidado del medio ambiente, no son del interés de la clase política.
«Debe ser la ciudadanía, a través del activismo, quien genere los cambios, que impulse el reconocimiento de los derechos y un cambio en el diseño de las políticas públicas. El no deterioro del medio ambiente debe estar contemplado en la planeación e implementación de las políticas de desarrollo social y soberanía alimentaria sustentable en nuestro país. Yo sigo insistiendo en que este cambio que se requiere va a ser impulsado desde la ciudadanía y no desde la clase política», señaló.
Alanís reconoció que los territorios ancestrales son las áreas mayor protegidas, gracias a su relevante manejo, ya que los pueblos utilizan los recursos naturales bajo patrones culturales, por lo que garantizar el control cultural de los pueblos indígenas en los recursos naturales tradicionalmente manejados, permite salvaguardar su supervivencia cultural y sus derechos humanos, así como impulsar el uso sustentable de los recursos.
«En nuestro país, el mayor problema para el reconocimiento de los derechos de la Tierra y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas es la debilidad de la legislación secundaria porque no garantiza el control cultural sobre los recursos que siempre han utilizado y de los cuales dependen», comentó.
Para revertir el paradigma actual de la crisis ambiental, el abogado propone:
-Determinar el proceso de construcción de nuestro estado pluricultural que inició en el 2001 para lo que se requiere reconocer los territorios ancestrales y garantizar a los pueblos el control cultural de sus recursos naturales y fomentar la democracia participativa (involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones).
-El Estado debe eliminar toda forma de violencia física, estructural y simbólica, lo cual implica la revisión de la política implementada hasta hoy por el Gobierno y velar porque contagie una visión sostenible, multicultural y de derechos humanos.
«Lo que está en juego es la protección de los derechos de la tierra, los derechos de las personas y de los pueblos. Al final, los derechos de la Madre Tierra son nuestros derechos porque nuestra vida cotidiana depende de la madre Tierra y si ella no está bien, nosotros no podemos estar bien», aseguró.
Alejandra Salazar, directora de Pronatura México, coincidió: «aunque existen diversos instrumentos (para proteger la naturaleza), hay que hacer más para reconocerlos y hacerlos exigibles».
En su oportunidad, Arnold Ricalde, codirector de la consultora ambiental Organi-K ISSA, resaltó la necesidad de cambiar el paradigma y la forma de ver las cosas, así como de crear un respeto hacia el entorno, por lo que urgió a las autoridades a cambiar la legislación para que existan más derechos para proteger la tierra.
«Ahorita hay una serie de intereses económicos que de alguna forma están agotando los recursos naturales, por ello, queremos contar con una legislación que nos permita defender la naturaleza y nos permita garantizar la sustentabilidad para que estos recursos naturales no se agoten y podamos vivir como seres humanos en este planeta y todas las especies, por muchos siglos», dijo el también exasesor de medio ambiente en el Gobierno de la Ciudad de México.
Leticia Mejía, subprocuradora de Protección Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), también resaltó el deber que tiene la sociedad para exigir a las autoridades que se cumpla la legislación:
«En la República Mexicana contamos con legislación a nivel federal y en la Ciudad de México, con lo que nosotros podemos defender a nuestra Madre Tierra. Tenemos que exigirle a la autoridad que no está trabajando, que cumpla con su obligación. Es necesario que la sociedad se empodere», señaló.
Por ello, recordó que los derechos inherentes de la Madre Tierra son el derecho a un medio ambiente sano, a un aire limpio, a que no se alteren genéticamente los recursos (transgénicos), entre otros.
Sin embargo, Tagle Martínez, comentó que más allá del cambio de conductas cotidianas, «tenemos que hablar de lo que las decisiones políticas implican para lograr un cambio. Son necesarias nuevas políticas públicas y diseño de programas que tienen que ver con cambiar las conciencias».
La Senadora explicó que la legislación tiene dos efectos: el primero tiene la función de reconocer y hacer exigibles los derechos desde que se nace y el segundo, de moldear las conductas, los hábitos y la cultura de las sociedades.
«Me parece muy importante que estos movimientos por los derechos de la naturaleza cada vez se enfoquen más en un reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza para poder cumplir con estas dos vertientes».
Asimismo, resaltó que «el Estado ha sido incapaz de garantizar las leyes. La permisividad y la pasividad traducida en corrupción de los gobiernos ha tenido como resultado el deterioro ambiental, convirtiéndolo en una amenaza contra la vida misma», denunció.
«Casos como el de Tajamar, Dragon Mart, entre otros, tienen que ver con la corrupción que va justamente contra los derechos de la naturaleza y que buscan afectar importantes espacios naturales en nuestro país. Contamos con una amplia legislación en materia de cuidado y protección del medio ambiente, sin embargo, solo son leyes descafeinadas, ya que las prácticas corruptas han impedido su aplicación en detrimento de nuestro hogar público», concluyó.
