Los Víctors, como afectivamente se le comenzó a nombrar a la pareja formada por Víctor Fernando Urías Amparo y Víctor Manuel Aguirre Espinoza, fueron las primeras personas del mismo sexo en contraer matrimonio en Baja California. No les fue fácil. A los Víctors, el Ayuntamiento que encabeza el panista Jaime Díaz Ochoa les puso todos los obstáculos que se pueden para impedir llevar a cabo la que sería la primera ceremonia civil de este corte en el Estado.

Pero ante la orden judicial en base a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular del Ayuntamiento nada pudo hacer. Protagónico el Alcalde, se subió al barco de la diversidad que quiso hundir durante meses, y él mismo casó a los Víctors. Luego que tal derecho adquirido en una corte les fue negado en tres ocasiones, al matrimonio de los Victors, acudieron a manera de solidaridad –y también en protesta- unas 500 personas.

Hoy día en muchos Ayuntamientos de México hombres y mujeres mantienen amparos para poder casarse con personas de su mismo sexo. Es la única manera que pueden lograr la unión civil. Pero en el inter, son discriminados, acechados, ofendidos, señalados. Los grupos extremistas, religiosos, empresariales, sociales, que consideran la unión de homosexuales algo innatural, se manifiestan contra ellos, y hacen llamados y denuncias a las autoridades para que impidan lo que por derecho judicial les corresponde.

Hace unos días, justo en el día internacional de la lucha contra la homofobia, Enrique Peña Nieto se subió (en este caso) al tren de la tolerancia y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional.

El Artículo 4 de la Constitución Mexicana parte del complejo de preceptos que integran las garantías individuales de los mexicanos, se refiere a la igualdad, establece que el varón y la mujer son iguales ante la Ley. Además que todos los mexicanos tienen derecho a la alimentación, a decidir de manera libre cuántos hijos procrean, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a la identidad y el registro, a la vivienda, al acceso a la cultura, a la física y práctica del deporte; así como los derechos de los niños y niñas.

La iniciativa de Peña Nieto pretende adicionar un derecho a los consignados en el Artículo 4, para los mexicanos todos: El derecho a contraer matrimonio sin ser sujetos a discriminación por su origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencia sexual.

La iniciativa incluye también la expedición de actas de nacimiento reconociendo la identidad (cambio) de género., la modificación de contenidos discriminatorios, como servicios que se proveen por parte del Estado a hombres o mujeres, esposas o esposos; así como la aceptación en todos los trámites que realiza el Estado, como el pasaporte, de actas de nacimiento que contienen cambio de género.

Es de suponer que se respetarán el resto de los derechos, como que la pareja del mismo sexo pueda ser beneficiaria de los servicios de salud, de pensión, de seguros y seguridad cuando uno de ellos los posea. Y que se adecuarán escuelas para la utilización de áreas por género, lo mismo que cuarteles, cárceles y oficinas.

No es que actualmente no puedan las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Pero como los Víctors, han de pasar un viacrucis para lograrlo. En la mayoría de los Ayuntamientos hay procesos detenidos por la cerrazón de alcaldes y alcaldesas, de oficiales del registro civil y grupos conservadores, que obstaculizan el cumplir con un mandato judicial.

Con un proceso legal las parejas del mismo sexo pueden casarse en este País, luego que en la tesis de jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificó en el fallo que publicó el 19 de junio y entró en vigor el 22 de ese mismo mes: “Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”.

Así las personas del mismo sexo, con una orden judicial que obliga al Ayuntamiento en cuestión a oficiar en el Registro Civil el trámite del matrimonio civil, pueden lograrlo.

Es muy encomiable la iniciativa del Presidente, especialmente en un mundo que cada vez está siendo obligado a ser comprensivo y encaminarse hacia la tolerancia.

En México la cultura de la aceptación de las personas allende su condición social, religión, sexo, preferencia sexual, ideológica, no está en un nivel ni aceptable. Los prejuicios y el racismo en este País lo padecen todos los días los que menos tienen, los migrantes, los homosexuales y las mujeres, por mencionar a algunos grupos vulnerables.

Ciertamente el camino a la cultura de la tolerancia está pavimentado con la elaboración de leyes que protejan el derecho de las personas a una vida digna, en cualquiera de sus ámbitos, sea por oportunidad, por derecho, por herencia, todos deberíamos ser aceptados y respetados en nuestra individualidad.

Y a pesar de las críticas de la Iglesia y de la extrema derecha, hay que reconocer que en esta, el Presidente Peña no es que tenga la razón, sino que ha tenido el tino político para sumarse a una tendencia de aceptación de la diversidad que se extiende por el mundo entero para que finalmente, hombres y mujeres sean iguales (Ojalá que como todas las iniciativas que le son aprobadas al Mandatario, esta también llegue a buen puerto).

Días después de la criticada –y reconocida por otro lado- posición de Peña para enviar la iniciativa de reforma al Artículo 4 de la Constitución Mexicana, en Xalapa, Veracruz, el estado con más violencia de alto impacto en la República Mexicana, gobernado por el priísta más vilipendiado y repudiado del momento, Javier Duarte de Ochoa, en un bar fueron asesinadas cinco personas y más de 15 terminaron en calidad de heridas. La nota se habría acumulado a las muchas, muchas más de violencia en México producto del narcotráfico y el crimen organizado que está imparable, pero la condición de las víctimas le dio otro cariz. El bar era para homosexuales, y los asesinados y heridos tenían esa preferencia sexual.

De primera instancia los movimientos de defensa y protección de la diversidad sexual catalogaron la masacre como un crimen de odio. Que los atacaron conservadores por no estar de acuerdo con su preferencia sexual, en este caso. Pero las autoridades han dado cuenta, o por lo menos líneas de investigación que podría tratarse de un caso más de violencia producto del narcotráfico.

Las armas utilizadas, cuernos de chivo y R-15, son las clásicas utilizadas por los narcotraficantes. Lo mismo la forma. Entrar a un lugar, en este caso un bar, y disparar directo a los “objetivos” y llevarse inocentes en la refriega. No es la primera vez que así sucede. Una de las balaceras más notorias en discotecas fue cuando las huestes de El Chapo intentaron asesinar a los hermanos Arellano Félix en Puerto Vallarta cuando apenas iniciaba la década de los noventa. En Michoacán hace no muchos años, cabezas decapitadas terminaron en el suelo de una discoteca. En Veracruz, días después, cuerpos desmembrados aparecieron en una carretera.

La violencia en México no es exclusiva de quienes se dedican a la actividad ilícita. Las mujeres padecen violencia, los hombres también. Los civiles y los funcionarios. Los empresarios y los de escasos recursos, los abogados y los que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Comerciantes son secuestrados o asesinados, lo mismo que ambulantes, taxistas y narcomenudistas. La inseguridad en México les pega a todos. Más cuando estamos frente a un estado que no investiga, que no procesa, que no provee elementos para un juicio y su respectiva sentencia.

La tolerancia en este País, o la cultura para la tolerancia, debe erigirse en un Estado de Derecho. El cambio de leyes ciertamente abre el camino, pero son la procuración y la aplicación de la justicia, las normas que harán comprender a una sociedad que actuar de manera discriminatoria, con odio, con prejuicios y racismo, es un acto ilegal. México se rige por leyes no por conceptos morales.

Insisto, la iniciativa es encomiable, pero hace falta respetar y ejercer el Estado de Derecho, para realmente crear conciencia entre los mexicanos, y esa pelota, también está en la cancha del Presidente de la República, que en materia de justicia y erradicación de la impunidad, ni siquiera la ha rozado con la yema de su dedo.

Adela Navarro Bello

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