Cuando mi esposa Laura y yo visitamos España nos arriesgamos a caminar por las calles del Madrid del siglo de oro; sus callejuelas serpenteantes daban una idea de la ciudad en aquella época, vimos la casa de Lope de Vega, el gran teatro y la calle del León, donde está fijada una placa que narra cómo allí se ubicó un león enjaulado que atraía a toda la ciudad. Los españoles dejaban de lado sus preocupaciones cotidianas para organizar un viaje especial a ver a la bestia.
Así no sentimos los juarenses con la llegada de Joaquín “El Chapo” Guzmán al Cefereso de Ciudad Juárez; desde el mediodía del sábado toda la ciudad se pregunta “¿por qué lo trajeron a Juárez?”, y aunque nadie sabe si será para facilitar una nueva fuga o para su extradición, todos quisieran poder ir a verlo en su jaula.
¿Por qué traerlo al Cefereso de Juárez, uno de los más inseguros, en donde sigue enfrentada su gente con La Línea? En este penal hay un alto nivel de sobrepoblación, donde basta un chispazo para que los presos lo incendien y de pasada ejecuten a sus adversarios. Ya lo han hecho varias veces. Es una medida insegura y frívola la que está tomando la autoridad en el manejo de penales.
Pero los políticos no hacen nada por casualidad, la llegada de «El Chapo» detuvo un proceso de discusión y reflexión que empezaba a desarrollar la ciudadanía sobre el proceso electoral que se realizará en unas semanas.
Muchas novedades invocan la conciencia ciudadana: un candidato independiente, la irrupción de Morena en el escenario político, la reelección no consecutiva por tercera ocasión de Teto Murguía por el PRI (un sujeto acusado de tener vínculos con el narcotráfico, corrupción y de haber destrozado la ciudad) y su inexplicable encanto con los sectores más pobres de la ciudad, los más golpeados por sus administraciones.
Estas nuevas circunstancias abrieron un gran interés por los resultados de las elecciones locales, hay incertidumbre de quién ganará, y una sociedad participativa podría inclinar la balanza a favor del mejor o al menos en contra del más malo.
Por eso, si el régimen priista no encontraba manera de fortalecer la candidatura de una personalidad tan desacreditada, algo tenía que hacer para quitar la atención del proceso electoral (las campañas terminan este mes y Guzmán Loera duraría hasta 30 días aquí).
Las apuestas que se cruzan entre la ciudadanía sobre si a «El Chapo» lo matan o se escapa hacen que deje de discutir los grandes temas, como el adeudo municipal de 7 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto de gastos municipales de dos años, la investigación pendiente de los 10 mil homicidios impunes, o el dónde quedaron 2 mil 500 millones de pesos para infraestructura.
Lograron abortar la discusión electoral y dejar todo al voto duro del PRI.
Solo así tiene sentido que el Gobierno arriesgue tanto trayendo a este Cefereso a quien, en el imaginario popular, es el hombre más feroz del país, y lo van logrando. El domingo desaparecieron de la portada de El Diario las notas relacionadas con las elecciones y el tema impactó en todos los canales de televisión, incluso los noticieros a nivel nacional.
Además, es desconcertante comprobar que el Estado tiene la facultad discrecional para cambiar de penal a cualquier persona, esto genera en el reo una sensación de desarraigo y su difícil proceso de adaptación en la nueva prisión se convierte en una suerte de tortura psicológica. Aunque «El Chapo» sea el peor enemigo de cierto sector del Gobierno, éste está obligado a tratarlo a él, a cualquier interno y a todas las personas que tenga bajo su custodia en proceso o en cumplimiento de sentencia, con dignidad.
Esto no es una reflexión de misericordia cristiana hacia Guzmán Loera, sino la advertencia de que si el Gobierno puede ensañarse contra un detenido hoy, mañana lo hará contra los procesados de orden político y los que están en la cárcel por haber enfrontado al Estado; dígase lo que se diga ya tenemos varias decenas de presos políticos en México.
La violación de los derechos de uno significa la violación de los derechos de todos.
Usar las políticas de seguridad pública en los procesos electorales es adverso a su deber ser, si hay alguna área que no debe contaminarse por las elecciones es ésta y cuando se usa para enviar un mensaje subliminal de confianza en el Estado desde las más altas cúpulas de poder, genera una falsa sensación en el ciudadano común, que normalmente se abstiene de votar, de que el Gobierno está haciendo las cosas bien, lo que se refleja en el nulo esfuerzo por cambiar de gobernantes y que rompe la equidad en el proceso electoral.
