Una barrena gigante perfora la tierra. Allá abajo, donde llega, un choque eléctrico agrieta la roca, la abre en pedazos, le raja su apretado enjambre, como si fuera una fruta madura. Luego sigue de lado. La barrena surca la tierra, traza una línea horizontal, un camino de piedras rotas. Arriba crecen las plantas, cae la lluvia. Abajo, una segunda inyección ensancha el surco. Ya no es solo el contacto eléctrico para abrir, ahora es un potente chorro de agua mezclado con 750 químicos. La piedra se cuartea, se fractura y sale el gas.

El agua de la inyección queda inútil. Los obreros que abrieron el surco ahora se ocupan en qué hacer con el residuo. Unas veces la reinyectan debajo de la tierra; otras la dejan en pozos bajo el sol. El agua con químicos se evapora, se cuela en las nubes que surtirán la lluvia sobre los campos, los arroyos, que alimentarán la sed de los habitantes.

Los estudios más recientes de la Unión Geofísica Americana colocan números concretos en estos episodios: 36 millones de litros de agua se usan en cada uno de los pozos en los que, para buscar petróleo, se taladra la tierra con esta técnica, que en español se conoce como fracturamiento hidráulico, pero comúnmente se le llama por su nombre en inglés, fracking.

Durante años los científicos y los activistas han librado una batalla de números para defender y acusar al fracking. Los opositores aducen que estos pozos contaminan la tierra, incrementan los sismos a pequeña escala, provocan cáncer en quienes beben el agua y respiran el aire cercano a los pozos.

Una de las críticas más conocidas de esta técnica, la financista estadounidense Deborah Rogers, me contó en 2013 que los grandes capitales de Estados Unidos urdieron una gigantesca especulación financiera, con la cual libraron el desbalance de Wall Street después de la crisis económica mundial en 2008, gracias a la perforación masiva de estos pozos. Rogers advertía a México que se cuidara de estos capitales. Grandes regiones mexicanas serían tierra fresca para estas compañías, después de que un gran número de países de Europa prohibió la perforación hidráulica.

Las compañías que han convertido el fracking en el modus vivendi de grandes zonas rurales, principalmente en Estados Unidos, durante años han financiado sus propios estudios, e insisten en que ninguna de las acusaciones es conclusiva.

En México el debate permanece en un nivel sustancialmente menor. Durante años un grupo de activistas, ahora 44 organizaciones agrupadas en la Alianza Mexicana contra el Fracking, ha buscado ilustrar en la población qué significa esta técnica, cómo le afecta en su entorno, qué riesgos implica para su salud y la de sus hijos.

Coahuila es el estado con mayor número de pozos perforados, aunque solo uno se terminó posterior a que la reforma se aprobara. Los últimos tres años se perforaron pozos de este tipo únicamente en Nuevo León y Tamaulipas, todos con resultados comerciales decepcionantes, a juzgar por las estadísticas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

La sierra norte de Puebla no figura en este mapa oficial de pozos abiertos, pero una investigación divulgada el 2 de mayo por la Alianza confirma que tres municipios de la zona concentran ya 233 pozos en los que se ha utilizado la fracturación hidráulica.

En Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec, un tercio de sus 64 mil habitantes son indígenas y viven en pobreza extrema. Ellos no sabían que esos pozos habían sido fracturados, según La fracturación hidráulica en la sierra norte de Puebla: una amenaza para las comunidades, que escribieron Manuel Llano y Aroa de la Fuente, dos de los más incansables portadores del mensaje en México en contra del fracking.

Las autoridades locales, los pobladores, no sabían de estos pozos. Tampoco tenían información de que grandes porciones de esta sierra fueron asignadas a Pemex en 2014 como parte de la ronda cero después de la reforma energética, menos de que era solo el inicio.

En los próximos cinco años el 40 por ciento de la sierra norte de Puebla será licitado para la exploración. Más de 200 mil personas que habitan en los 13 municipios donde se concretaría el plan serán afectadas. Tres de cada 10 habitantes allí sobreviven en pobreza extrema. Son pobladores indígenas de los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua, con un nivel de marginación alto y muy alto.

La investigación del Consejo Tiyat Tlali, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Fundar alerta sobre el peligro que les viene.

En los informes oficiales no hay indicio alguno de que estos pueblos hayan accedido a una consulta indígena sobre el uso de sus territorios. La consulta no era opcional ni una ocurrencia, sino una obligación en la Ley de Hidrocarburos, que introdujo la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas durante el cabildeo de la reforma energética.

El titular de esta Comisión, Jaime Martínez Veloz, dice que cuando perforen en la sierra si uno de los pueblos se inconforma, ganarían fácilmente el juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero nadie se ha inconformado. Según Martínez Veloz, esto es común y muchas veces sucede porque los pueblos no conocen esta ley o creen que no van a tener dinero suficiente para llevar el litigio.

En los planes de Pemex, la estimación es que la región de Tampico-Misantla, donde se ubican estos municipios, tiene el potencial de una sexta parte del gas disponible en México para extraerlo con la técnica del fracking. La noticia, aun en su dimensión más alarmante, no encontró un espacio en las primeras planas de la prensa nacional.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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