Con la revelación de los llamados Papeles de Panamá quedan al descubierto fortunas de todo el mundo que, por alguna poderosa razón, se encuentran en un paraíso fiscal. Es decir, un “territorio o Estado que se define por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo […] estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario”.
Estas transferencias de capitales se realizan mediante sociedades conocidas como off shore que tienen frecuentemente como objetivo evadir la tributación fiscal en el país de origen de los capitales, facilitar los intercambios comerciales de bienes y servicios o la protección de activos financieros. Además adoptan para estos fines, poco solidarios con sus países, “la forma de sociedades anónimas que permiten proteger la identidad de los titulares o sociedades de responsabilidad limitada, con la única excepción de que no realicen actividades económicas” localmente ya que en ese supuesto las ganancias obtenidas si estarían sujetas a su código fiscal.
El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) recibió subrepticiamente 11 millones 500 mil documentos de un solo despacho de abogados a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, y rápidamente se dio a la tarea de difundirlo a través de sus miembros, como fue el caso de Carmen Aristegui y la revista Proceso, los cuáles revisaron para ver qué personajes estaban incluidos.
Se trata de un gran ataque cibernético a los archivos del bufete de abogados Mossack Fonseca, una firma panameña que acumulaba la documentación de 40 años, con lo cual se hicieron públicos documentos 46 veces mayor al stock que ofreció WikiLeaks. Entre estos papeles se encuentran 140 políticos y altos funcionarios de gobierno de decenas de países, sacudidos hoy por la noticia que involucra a la élite económica, política, social y deportiva de los cuatro continentes.
Vea si no, ocultan dinero en este paraíso Salmán bin Abdulaziz, Rey de Arabia Saudí, Jalifa bin Zayed Al Nahayan, Presidente de Emiratos Árabes Unidos, Petró Poroshenko, Presidente de Ucrania, amigo de la infancia de Putin, primos de Bachar Al Asad o una docena de miembros de la familia Domecq. Más todavía, el futbolista Lionel Messi, el director español de cine Pedro Almodóvar, el Presidente argentino Mauricio Macri o la Infanta Doña Pilar de Borbón, hermana de Don Juan Carlos, ex Rey de España, o connotados chavistas que se han quedado mudos ante la evidencia.
De todo hay en la viña del señor. México no ha sido la excepción e inmediatamente aparece una hebra que apunta a la misma Presidencia de la República. Se trata de la empresa constructora Higa “dueña” de la llamada "casa blanca" que estaría pagando la Primera Dama del país. Este consorcio que ha tenido un trato privilegiado de Peña Nieto desde que era Gobernador en el Estado de México, habría depositado alrededor de 100 millones de dólares en ese paraíso fiscal y para ello habría construido una red intrincada de maniobras que parte sorprendente de un donativo de cinco empresas que Juan Armando Hinojosa Cantú hizo a su madre que se ubican en las Islas Nieves y las Islas Vírgenes Británicas. El empresario, para redondear la operación, hábilmente registró cuentas bancarias en los Estados Unidos de Norteamérica y creó dos fideicomisos en Nueva Zelanda para transferir los recursos desde EU.
Se dice que fue a partir de este momento, cuando requirió los servicios de Mossack Fonseca, que actuó desde Panamá, Holanda y Reino Unido, creando una empresa fachada que hacía perder el rastro. Además, en esta revelación con implicaciones políticas, considerada ya como la “mayor filtración periodística de la historia”, se encuentra el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien aparecería desde 2011 interesado en crear “una sociedad con la firma panameña a través de Dubái”, e igual se encuentra el contratista de Pemex, Ramiro García, "y varios implicados en el escándalo de corrupción de Oceanografía, compañía acusada de utilizar documentos falsos para obtener créditos bancarios por hasta 400 millones de dólares”.
Ante esta aristocracia de cuello blanco está la del barrio, la del crimen organizado, donde aparecen Joaquín "El Chapo" Guzmán y Rafael Caro Quintero, quienes lavaron dinero desde los años ochenta. Ante tales evidencias rápidamente la firma Mossack Fonseca se ha curado en salud negando tener cualquier vinculación con la actividad de sus clientes. Menos, dirá la firma, cuando el “99 por ciento de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes […] muchos de estos involucrados en presuntos delitos revelados por la filtración”, sostiene Ramón Fonseca uno de sus socios, y agrega: “en esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y, diría yo, hasta ilegal”.
Ciertamente no todo el que tiene dinero en estos paraísos fiscales es un delincuente, como ha salido a decir Aristóteles Núñez, director del SAT, sin embargo, en un país dónde se han hecho fortunas al amparo del Gobierno y, todavía más, cuando algunos de los señalados han estado involucrados en escándalos de corrupción, o funcionarios públicos que estuvieron en sus cargos hasta hace unas semanas, como es el caso de Emilio Lozoya, amerita, más que salvedades en el SAT, una investigación a fondo para conocer la procedencia de ese dinero y eventualmente saber qué delitos fiscales se cometieron para ser sancionados de acuerdo a la Ley.
Es una nueva oportunidad que tiene el Gobierno de Peña Nieto para limpiar su imagen de tapadera de delitos contra el país. Más cuando aparece en los papeles panameños su constructor favorito que algo debe esconder para hacer toda esa triangulación internacional donde involucra a su propia madre. O, ¿acaso será el gobierno de Barack Obama el que vaya a realizar las pesquisas, como sucedió con los miembros de la administración de Humberto Moreira? Sería nuevamente un golpe a la credibilidad del Poder Judicial que no parece dar una cuando se trata de tráfico de influencias.
En definitiva estamos ante un nuevo escándalo financiero que exhibe tramas presumiblemente corruptas, o al menos poco honorables, y sacude estructuras políticas y económicas de muchas partes del mundo. Incluso ha provocado la renuncia del Primer Ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, luego de las protestas en su contra.
La socialización de estos papeles a través de un periodismo comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y los buenos gobiernos, significa que se está haciendo una tarea que corresponde a los gobiernos electos democráticamente, y eso es una buena noticia en medio de tantas malas que todos los días desayunamos.
Aunque aquí, como en otras temas, se minimizan hasta diluirse entre otras noticias desagradables.
