La corrupción en nuestro país representa el 9% del PIB según cálculos realizados por el Banco de México y el Banco Mundial, mientras para el INEGI está pérdida mayor en nuestra economía representan 347 mil millones de pesos, lo que por no aplicarse adecuadamente son menos hospitales, medicinas, escuelas, vivienda, carreteras, empleos o pensiones que garanticen mínimos de bienestar.
Ante este saqueo de las finanzas públicas alguna vez el Presidente Peña Nieto, con su ligereza habitual en muchos temas nacionales, calificó la corrupción como un asunto cultural y no cómo correspondería decir a un estadista que es producto de una falta de Estado y gobierno.
Lo cultural, como sabemos, es lo último que cambia en una sociedad por lo que en esa perspectiva estaríamos destinados a vivir para siempre en la corrupción o sea ver como natural lo que se encuentra detrás de la llamada Casa Blanca y grandes fortunas mal habidas de nuestra clase política y empresarial.
El escándalo de la corrupción que ha llegado a los máximos niveles del poder público es imposible de evadir con una ligereza y el año pasado el Congreso de la Unión dio forma al Sistema Nacional Anticorrupción que busca abatir la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, en este tiempo poco se ha logrado, y el sistema de relaciones corruptas sigue funcionando eficientemente y no pasa un día en que no nos enteremos de un nuevo escándalo de corrupción.
La semana pasada, por ejemplo, no enteramos de un asunto fundamental para comprender el tema de la violencia criminal. Una de las hijas del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán declaró molesta e impotente al diario inglés The Guardian que su padre financiaba campañas electorales para obtener impunidad y conseguir apoyos para sus fugas del sistema carcelario y que había sido traicionado por sus beneficiarios políticos.
Esta denuncia en un país donde se precie más el sistema judicial provocaría inmediatamente una investigación a fondo sobre la narcopolítica y caerían seguramente muchos políticos, funcionarios públicos y empresarios, sin embargo, en un país como el nuestro donde el Poder Judicial obedece a criterios políticos está imposibilitado para impartir justicia en ese nivel. Quizá, si, en la minucias judiciales. Y el problema es que este poder se ha transformado en una correa de trasmisión del Ejecutivo y por lo tanto es parte del problema de la corrupción y la impunidad.
Sin un Poder Judicial independiente están lejos, muy lejos, de ocurrir las investigaciones que en Brasil, Argentina y Chile, contra presuntos actos de corrupción política y empresarial, lo que significa un incentivo muy grande para continuar con este ejercicio que afecta mucho las finanzas públicas.
Es, por ello, que una iniciativa seria en este sentido no puede venir de los beneficiarios directos pues es cómo “si pidiéramos a un futbolista que fuera su propio arbitro”, entonces, la iniciativa debe venir y viene desde las organizaciones de la sociedad civil.
Justamente, está en marcha la campaña a favor de un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, también denominada Ley 3 de 3, que busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos y la están promoviendo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y para que se dé entrada legislativa se necesitan 120 mil firmas de apoyo.
Evidentemente, la iniciativa está dirigida a “servidores públicos”, léase políticos y funcionarios de los tres niveles de gobiernos, lo que entiendo es que cuando se trate de otros actores se aplicara el código penal vigente. Al final de cuentas es un complemento a lo existente.
Entonces, la iniciativa es de avanzada porque busca poner diques a la corrupción en el sistema político administrativo, desde el Presidente hasta el último de los comisarios, desde los Secretarios de Estado al burócrata que nos atiende en la ventanilla de un gobierno municipal o un agente de tránsito de cualquier crucero del país incluso el policía encargado de garantizar la seguridad pública.
Esta iniciativa ha sorprendido seguramente al personal objetivo pero igual cada día es mayor el número de políticos que están apoyándola, así nos dice su web que lo han hecho 7 de 16 Jefes delegacionales; 15 de los 128 Senadores; 72 de los 500 Diputados federales; 40 de 1,121 Diputados locales; 16 de 2 mil 454 Presidentes municipales; y hasta ahora ninguno de los 19 miembros del gabinete del gobierno federal. Y, lo mismo sucede con los 32 gobernadores y sus gabinetes que se resisten hacer públicas las tres declaraciones: patrimonial, intereses y fiscal.
Y es que la política es el negocio más rentable, el mejor ejemplo es el número de empresarios que están accediendo a la función pública por la vía de los votos, o el número de políticos que se convierten en empresarios, es decir, la política en México se volvió una suerte de carrusel de la alegría.
La gente se acerca a ella no con afán de servicio sino de servirse. Y se ha creado una red de complicidades donde ninguno de los partidos parece estar a salvo.
Entonces, este tipo de iniciativas resultan incómodas para el poder político, sin embargo, en un país con sobrerregulaciones la existencia de una nueva ley no necesariamente garantiza per se que las cosas vayan a cambiar mucho pues los políticos se han vuelto duchos en cómo evitar que las leyes y reglamentos terminen por alcanzarlos.
En México pese a los grandes escándalos no existe ningún político de primer nivel purgando penas, como si sucede en estos momentos en Brasil, donde incluso la presidenta Dilma Rousseff está en riesgo de ser sometida a juicio político y el ex Presidente Lula fue llevado a declarar a una comisaría sobre actos de corrupción durante su gobierno.
Y la razón no es que los delitos de nuestros políticos sean menores pues a algún lado se van esos 347 mil millones de pesos del erario público, si no es que en aquel país el poder judicial tiene verdadera autonomía y eso permite a sus ministros ir en busca de quienes presumiblemente dañan el patrimonio de la nación. Hoy, para no ir muy lejos, la mayoría de los gobernadores que se van este año tienen problemas de caja pues no logran justificar la aplicación de las partidas federales.
Quizá, deberíamos volver a reflexionar sobre la virtud de aquel calificativo que dio Vargas Llosa sobre que en México se vivía una dictadura perfecta y es qué pasé lo que pasé, denúnciese lo que se denuncie, siempre habrá un buen margen para la impunidad y cuando hay impunidad están intactos los dispositivos y los incentivos para que los sistemas político y económico funcionen eficientemente.
No obstante, para abatir nuestro pesimismo, bienvenida está iniciativa de control político.
