En este país todo se hace en nombre de las víctimas: se detiene a ciudadanos sin orden de aprehensión, se persigue, tortura y mata a los acusados, se allanan moradas, se plagia, se dictan sentencias draconianas para hacerles justicia a las víctimas, y cuando se defienden los derechos humanos de algún detenido, hasta los gobernadores reclaman “¿y los derechos de las víctimas?”.
Sin embargo, cuándo un grupo de víctimas reclama los previstos en los tratados internacionales, todos voltean para otro lado y ellas se encuentran con una cruel realidad: sólo son tema de discursos.
Sólo son buenas cuando son invisibles, indeterminadas y sin rostro. Pero si se materializan, como los padres de Ayotzinapa, son incómodas en el mejor de los casos. Ayuda al Gobierno que casi todas prefieren el silencio para que ya no les maten otro hijo o les hagan más daño.
Es falso que en este país se busque justicia para las víctimas, en realidad las víctimas no interesan al Estado, que nunca se ha hecho cargo de los efectos perversos del delito ni de los resultados de las acciones ilegales de sus funcionarios.
Los sobrevivientes de la masacre de Villas de Salvárcar en Juárez decidieron actuar legalmente, otro exotismo en nuestro México querido, contra las pifias de la Fiscalía porque hasta el momento sólo ha detenido a cuatro de los 20 asesinos y apenas han logrado 40 mil pesos como indemnización por cada uno de sus muertos. Empezaron después de 4 años de esperar y, lo que parecía sencillo, se complicó exageradamente.
Lo primero que encontraron fue que no existen leyes concretas aplicables en el estado de Chihuahua, y que la ley general de víctimas recientemente promulgada (en 2012) no podía aplicarse aquí porque el Gobierno no estaba decidido a, ni tenía voluntad de, obedecerla, y no había hecho las adecuaciones reglamentarias que la norma ordenaba.
Vino también la inercia de los ofendidos del delito, que daban por perdido todo. Hubo que reagruparlos otra vez, familia por familia, hasta lograr la participación de la mayoría, porque en estos casos nunca se logra la unanimidad. Para esta labor el enorme esfuerzo de Luz María Dávila y don Alonso Encinas y su esposa fueron fundamentales; la confianza y persistencia de ellos es admirable.
Ahora toparon con la realidad burocrática mexicana. Aquí las resoluciones importantes siguen la Ley de Newton: «todo cae de arriba para abajo»; así que se aprovechó la oportunidad y el caso se llevó hasta el presidente de la República.
Fue un año de mesas de trabajo, la primera muy esperanzadora con Lía Limón aunque luego ella renunció, y reuniones en Juárez con las autoridades locales, conferencias de prensa, trámites ante la PGR, la CNDH, la fiscalía del Estado, la Segob, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todas infructuosas.
Finalmente y con el apoyo de la CEAV logramos que el Congreso del Estado aprobara la ley estatal que armoniza la legislación local con la Ley General de Víctimas, con el respaldo de sólo un diputado juarense Rogelio Loya. Pero tardamos seis meses para que el gobernador la firmara y dos meses más para que la publicara. Ahora faltan cuatro meses para que la ley entre en vigor.
Hemos ganado el primer round, estamos en el minuto de descanso pero parece que la pelea va pactada a diez rounds, y no sabemos qué nos espera. Tenemos un convenio firmado por el Gobierno del Estado ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y seguimos insistiendo en que la solución se acelere y hagan honor a su palabra.
La publicación de la ley no se debe a un repentino sentimiento de solidaridad navideña del gobernador, aunque se da en un contexto favorable a las víctimas de la violencia; no fue un milagro de la visita papal, pero la atención que él brindó a las víctimas de Salvárcar y la cobertura de la prensa nacional y global sí ayudaron, y mucho.
Todo coincidió con la encrucijada electoral, que obliga al Gobierno a mostrar un mejor rostro y lavarse la cara para no verse tan mal el día de la fiesta. Esas circunstancias coincidentes fortalecieron la causa de las familias, pero México tiene que atender las opiniones de las instituciones internacionales de Derechos Humanos en los hechos, ya no puede sostenerse con el argumento de los casos aislados.
Pero ganamos el primer round.
