Por María Colin* 

En el reciente Informe de Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2014 entregado a la Cámara de Diputados en febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) monitoreó varios rubros del sector ambiental, de lo cual se desprende una conclusión alarmante: las autoridades encargadas de la inspección y vigilancia del medio ambiente no cumplen su función.

De acuerdo con las facultades establecidas en la Ley, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la entidad responsable de la ejecución de acciones orientadas a prevenir, por medio de la inspección de las fuentes de contaminación ambiental de competencia federal, y controlar la contaminación, así como restaurar la calidad del aire, suelo y agua. Lamentablemente, dicha política no ha sido efectiva para evitar el incremento en las fuentes de contaminación ni el número de sitios contaminados que se han identificado cada año en el país.

La ASF ha señalado que existe una base razonable para afirmar que la tardía e insuficiente atención del manejo sustentable del medio ambiente ha generado la continua degradación de sus ecosistemas y sus recursos naturales (aire, suelo y agua), incrementando los riesgos de la salud y la vulneración del desarrollo del país a corto y largo plazo (basta recordar que en el año 2013, los costos ambientales representaron alrededor del 5.7 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con cifras del INEGI).

Por ejemplo, el incremento de las actividades industriales sin esquemas de sustentabilidad, ha ocasionado el deterioro de los recursos naturales del país, lo que ha elevado los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera, superiores a los máximos permisibles, el incremento de la contaminación del agua, la concentración de residuos de alta peligrosidad y el manejo deficiente de los residuos sólidos urbanos.

La Profepa en cifras

A partir de la auditoría realizada para 2014, la ASF detectó que:

• La Profepa inspeccionó 4 mil 070 fuentes de contaminación de un padrón de 91 mil 340 (tan solo el 4.5 por ciento), a través de 4 mil 787 inspecciones realizadas por 192 inspectores, que en promedio ejecutaron 25 actos de inspección cada uno. Por lo anterior, la ASF deduce que la actividad de inspección fue marginal respecto del número de fuentes de contaminación ambiental de competencia federal identificadas.
• La Procuraduría no dispuso de objetivos ni metas para realizar la inspección industrial que permitiera incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental.
• Mediante la atención de emergencias ambientales, la Profepa identificó 809 sitios contaminados en los que realizó 624 inspecciones, las que aumentaron 3.0 por ciento en promedio anual en el periodo comprendido de 2007 a 2014; en comparación con los sitios contaminados que se incrementaron 43.3 por ciento anualmente, de los que a 2014 se habían remediado el 37.8 por ciento (404 mil 788.1 m2) de la superficie afectada (1 millón 071 mil 446.2 m2).
• Respecto de las acciones de control de la contaminación ambiental, de un total de 7 mil 394 medidas dictadas en 2014, el 28.1 por ciento quedaron sin cumplirse (2 mil 079).
• Las delegaciones federales de la Profepa presentaron 50 denuncias ante el Ministerio Público Federal por presuntos delitos penales derivados de la contaminación del aire, agua y suelos, pero no informaron al titular de la Dirección General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio, quien funge como enlace con la Procuraduría General de la República (PGR), sobre las denuncias presentadas.
• Se carece de un mecanismo para el seguimiento de las denuncias, y no existe coordinación entre Profepa y PGR pese a que existen convenios y bases de operación entre ambas. Tampoco elaboraron el programa para desarrollar políticas integrales de prevención de daños al ambiente y gestión ambiental.
• En relación con la restauración ambiental, la Profepa verificó que del cumplimiento de 1 mil 089 medidas dictadas en 368 sitios contaminados, 260 medidas quedaron incumplidas (23.9 por ciento).
• Pese a que la Profepa cuenta con un diseño correcto de sus instrumentos de control interno, estos no han operado adecuadamente, ya que no permiten la identificación, evaluación, jerarquización, control y seguimiento de los obstáculos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en materia de inspección industrial.
• En cuanto a la capacidad operativa de la Profepa para atender el problema de contaminación del aire, suelo y agua, mediante acciones de inspección y vigilancia, solamente se cuenta con 192 inspectores, lo que resulta insuficiente para emitir sanciones administrativas y medidas de restauración; así como para la promover las denuncias penales ante las autoridades competentes, por lo que su actuación ha tenido un efecto marginal y no se ha logrado inhibir el incumplimiento de la normativa.

Ante esas deficiencias, la ASF recomienda a la Profepa reorientar las acciones de inspección para que las fuentes de contaminación cumplan con las normas ambientales y asegurar el adecuado seguimiento de las medidas dictadas que aseguren su cumplimiento, a fin de que incidan en la preservación de la calidad del aire, suelo y agua. Además de una mayor coordinación con la PGR.

En síntesis, las acciones para prevenir y controlar la contaminación y restaurar la calidad del aire, suelo y agua contribuyeron marginalmente al cumplimiento de la normativa ambiental, lo que retrasa alcanzar esquemas de sustentabilidad ambiental y que los mexicanos tengamos acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar como un derecho constitucional.

Tomado de: ASF, rubro: Profepa, Contaminación ambiental: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0132_a.pdf

*María Colin es campañista legal en Greenpeace México.

Greenpeace

https://dev.sinembargo.mx/author/greenpeace/

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