Apellido es destino, por lo visto. La palabra moral en la política remite a un árbol que da moras; el otro significado, no lo conocen. Moreira es, justamente, una derivación gallega del apellido Mora. La corrupción del gobierno Humberto Moreira deja en claro que en su caso el nombre lleva a pensar en la fruta no en la ética. Fruta prohibida por lo demás.

No sólo se trata de que el ex Gobernador dejó endeudados a sus paisanos por varias generaciones cuando incrementó la deuda pública de Coahuila de 196 millones a 34 mil millones de pesos (casi 3 mil millones de dólares de los de trece pesos). Después de todo, gobernadores manirrotos abundan en nuestra atribulada geografía. El problema es cuando la convicción sobre la propia impunidad es tal que lleva a una entidad a engañar a la secretaría de Hacienda con documentación falsa para seguirse endeudando, como fue el caso de la tesorería de Coahuila. Como se recordará, su administración falsificó papeles del congreso estatal para obtener de manera chapucera la autorización de varios empréstitos prohibitivos.

Humberto Moreira cometió un exceso que en otras circunstancias debió haber sido imperdonable, incluso dentro de las laxas reglas no escritas de la política mexicana. Pero también fue el Gobernador, junto con Miguel Ángel Osorio Chong de Hidalgo, que encabezó al club de mandatarios estatales que se impuso a la cúpula del PRI para llevar a la presidencia a un colega, Enrique Peña Nieto del Edomex, en contra de las aspiraciones de Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes. Posteriormente Moreira fue designado presidente del PRI durante la campaña presidencial, y se daba por descontado que asumiría el ministerio de Educación, gracias a sus orígenes magisteriales y a sus buenas relaciones con Elba Esther Gordillo, la entonces líder del sindicato.

El escándalo por la falsificación de documentos arruinó su carrera política, pero sus buenas relaciones personales alcanzaron para protegerlo de cualquier acción de la justicia mexicana. El ex Gobernador se fue a Barcelona a hacer una maestría becado por el SNTE, aunque a juzgar por el abdomen de lavadero que presumió en las redes sociales se entiende que pasaba más tiempo en el gimnasio que en las aulas. Por lo demás, la lujosa vida que se daba en Cataluña no era precisamente la de un becario: las crónicas periodísticas describieron una mansión con alberca y seis recámaras, autos caros y viajes de placer.

El asunto nunca habría pasado de constituir una infamia más del museo del horror de nuestra historia política, si no hubiese sido por los tribunales extranjeros. Durante los últimos dos años fiscales de Estados Unidos fincaron diversos delitos por lavado de dinero a tres funcionarios cercanos a Moreira (entre ellos su secretario particular y su tesorero, este último aun prófugo). Se afirma que hay una investigación en curso en su contra en Texas, pero aún no se le había hecho una acusación formal. Hasta ahora.

Su detención en España este fin de semana y los delitos que le imputan por lavado de dinero y asociación criminal podrían acarrearle hasta seis años en prisión. El anuncio de su aprehensión es un ramalazo en contra del gobierno mexicano. Y no sólo por la imagen que asocia a nuestro país con la corrupción, sino con la impunidad del propio gobierno priista. Corrupción hay en todos lados, y para no ir más lejos, en España están corriendo los juicios en que resultan imputados la hermana del rey, Cristina Borbón y su marido, o en contra de la familia de Jordi Pujol, hombre fuerte de la política catalana durante décadas. Justamente esa sería la diferencia: en España pueden procesar a un miembro clave de la clase política o a un pariente de la familia real, pero en México el amigo del presidente resulta intocable.

Hace una semana argumenté en este espacio que extraditar a «El Chapo» a Estados Unidos sería una confesión de impotencia de la justicia mexicana para someter a un criminal. Equivalía a una suerte de abdicación del Estado mexicano a favor de otro Estado, como si los crímenes de «El Chapo» en contra de norteamericanos fueran de un orden superior a los perpetrados en contra de mexicanos. Por desgracia lo de Moreira confirma ese temor: resulta que sí, que al ex Gobernador no se le castigaría por robar a los mexicanos sino por depositar el fruto de ese robo en bancos extranjeros de manera irregular. Frente al desinterés de nuestras autoridades para dejar pasar el desfalco de dineros que pertenecen a los ciudadanos sólo nos queda esperar que estos corruptos cometan en otro país alguna violación con el botín que nos birlaron. Terrible consuelo.

¿Cuándo entenderá la presidencia que no hay posibilidad de vender una imagen de modernización y profesionalismo, no importa cuántas reformas se presuman, mientras se consientan estos flagrantes casos de impunidad y protección criminal?

@jorgezepedap
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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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