El affaire Escobar ha entrado en una segunda fase. La más peligrosa para las instituciones políticas. Se trata de eliminar al mensajero. A quien se ha atrevido aplicar la Ley y a quien se le ha dicho sutilmente que ésta tiene límites políticos. Que no basta ir al fondo de la cuestión y demostrar que se cometió un delito, sino prácticamente que hay que pedir permiso, antes de tomar una decisión que toque a uno del primer círculo del poder.
No importa que al delincuente lo hayan agarrado con las manos en la masa. Que se hayan exhibido las pruebas testimoniales y documentales del contrato establecido con la empresa Proyectos Juveniles para la elaboración y entrega de las 10 mil tarjetas Platino, tampoco que se demuestre que se violó el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales o que la orden de aprehensión tenga sustento legal en jurisprudencia desde 2011.
Se trata de neutralizar, y más si el Fiscal dejó un ángulo abierto, quizá queriendo evitarse un veto por haber sido asesor legal del PRD. Pero, se trata no de llegar a la verdad legal, sino absolver y castigar, para generar en el imaginario un precedente de que nadie debe pasarse de la raya con ciertos políticos.
Además, claro, cómo no defender a quien en el pasado proceso electoral tenía como tarea acercar los votos para que el partido Verde ganara lo que perdería el PRI, por los negativos de la gestión peñista.
Y así resulto, el PRI pasó de 207 a 203 diputados y el PVEM de 34 a 47. Y, sumados los diputados, representan 250 curules para los partidos de la Coalición Compromiso por México con lo que prácticamente alcanzó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sólo le falta un legislador que lo puede poner la bancada del PANAL o cualquier otro de los partidos pequeños que busque ampliar su influencia en la Cámara de Diputados.
Entonces, no es poca cosa lo alcanzado por este señor de trajes finos y gesticulaciones de prepotencia, de quien puede exigir ser Subsecretario de Gobernación y se le concede. Él y su partido salvan a Peña Nieto garantizándole un legislativo cómodo lejos del que le tocó a Ernesto Zedillo, cuando en 1997, el PRI se quedó sin mayoría y tuvo que enfrentar un bloque opositor mayoritario.
Y no es casual que haya salido la plana mayor del PRI a defender el “debido proceso” para Escobar y eso podría significar que las presiones irán en aumento contra Santiago Nieto.
Si eso ocurre, y Nieto es separado del cargo, se le hace un daño irreparable a una institución que empezaba a respirar por si sola. La Fepade teniendo 21 años y meses de creada nunca había mostrado independencia en sus actos de autoridad y prácticamente no tenía visibilidad. Reduciéndose a una institución sombría que sólo consumía dinero y eran escasos los servicios prestados a la Nación.
Por eso, independientemente de cómo termine este diferendo jurídico-político, tendrá los siguientes efectos institucionales:
Primero. Está en juego el llamado gobierno de leyes que manifiesta ostentosamente la relevancia de lo político en muchas decisiones judiciales. No se puede ir en contra de un poderoso so riesgo de que el acusador se transforme en acusado. De que se privilegien los recursos leguleyos por encima de los de fondo. Y se politicen las decisiones judiciales, haciendo eco de esa recomendación infalible de la política mexicana: Si el problema es político conviértelo en legal, si el problema es legal conviértelo en político.
Y Escobar sabe de esto. Quizá por eso va con cuatro demandas contra el Fiscal ante la propia PGR y la CNDH, además de tomar la iniciativa de la defensa mediática aun cuando este espacio lo tiene perdido desde que fueron presentadas las 140 mil firmas recogidas por Change.org con el hashtag: #QuitenRegistroAlVerde.
Segundo. Este ejercicio de autonomía en la impartición de justicia electoral, no olvidemos, viene desde la PGR, seguro con la anuencia de la Procuradora Arely Gómez, quien busca hacer algo mejor que las mentiras de Murillo Karam en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la reacción política que suscribe el propio Presidente demuestra que el Fiscal, siendo parte del Poder Ejecutivo, no puede tener ese margen de autonomía. Que está sujeto al interés del Presidente que necesariamente es político aun cuando sea por encima de lo que marca la Ley.
Tercero. Si Santiago Nieto sale de la Fepade la institución volverá sobre sus pasos que garantizan impunidad. Será en el mejor de los casos una institución buena para cosas pequeñas pero no para perseguir a los grandes corruptores políticos. Y, eso, lo tendrá que resolver la propia PGR y en menor grado la CNDH, que de actuar en el sentido de lo que reclama el quejoso, será evidente que estamos ante una situación sistémica donde las salidas institucionales son escasas.
Esperamos ver cómo evolucionan los alegatos de las partes en las instancias judiciales. No hay que confundir las dos causas judiciales. Las sostenidas por la Fepade que son delitos mayores. En tanto, la violación al llamado “debido proceso” es un tema para los jueces y constitucionalistas que en primera instancia rechazaron la orden de aprehensión en contra de Escobar y Vega, lo que ha llevado a la Fiscalía a retirar el expediente para corregir errores y enviarlo de nuevo a la jueza para que gire la orden de detención.
En cuanto, al llamado “conflicto de interés”, en lo particular no lo veo por ningún lado ya que el haber omitido el Fiscal que trabajó como asesor de un partido, claro hubiera sido mejor que no lo hiciera, pero no le resta contenido a la substanciación sostenida por la Fepade.
Es más, eso debe ser irrelevante ante el juez que está obligado al análisis de las pruebas y tomar las decisiones de acuerdo a principios constitucionales y reglamentarios.
Si no ocurre así, será una muestra más, de que el Poder Judicial se encuentra politizado y sometido al picaporte de este tipo de políticos que los persigue el escándalo.
