El día que mataron al Jefe Policíaco Margarito Saldaña Rivera se supo que no era un policía deshonesto. Los asesinos de la mafia habían llegado de madrugada hasta su casa, una hechiza construcción de madera que no pudo resistir mínimamente las ráfagas de metralleta que escucharon los vecinos de una colonia de bajos recursos de Tijuana.

Los sicarios también asesinaron a la esposa de Margarito Saldaña, a una de sus hijas, y dejaron heridos a otros familiares.

Más allá de las condiciones en las que vivía el Jefe de Distrito Policíaco, en las cuales era evidente que no había dinero sucio, ni recursos del narcotráfico que todo lo corrompe; Margarito Saldaña había intentado horas antes de su muerte, detener a unos presuntos delincuentes. No le perdonaron lo que consideraron una afrenta. Al Policía lo asesinaron por cumplir con su deber, y en ello se llevaron a su familia.

Era 2008 y en Baja California estábamos en medio de una guerra de cárteles. El de Sinaloa le disputaba esta zona fronteriza al cártel Arellano Félix que la regenteaba para el tráfico de drogas desde 1985. Las células criminales divididas, empistoladas y con generoso recurso de la venta de droga, el secuestro y la extorsión, tenían azorada a la ciudadanía.

Entonces Felipe Calderón desde la Presidencia de la República, había emprendido dos años atrás su “guerra contra las drogas”, cuyo legado fue de más de cien mil ejecutados en seis años.

Por aquel tiempo hubo también asesinatos a Policías que estaban infiltrados por parte del narcotráfico. Que engolosinados por la delincuencia y la ambición del dinero fácil, se habían convertido en narcotraficantes unos, y en protectores de los mafiosos la gran mayoría. Se inició una limpia de las corporaciones que, francamente, quedó a medias.

Ciertamente se instauraron herramientas como los exámenes de control, evaluación y confianza que sirvieron para identificar, un poco pero lo hicieron, a los policías corruptos. Se les persiguió, se les encarceló y ahora están de regreso.

No hay muchos Margaritos Saldaña, pero sí abundan los policías corruptos. Otra vez, o más que antes, los Policías de México están comenzando a coludirse con el crimen organizado y el narcotráfico. El ejemplo mejor sería la huida de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Resulta imposible, aun cuando se ha detenido y perseguido a funcionarios de segundo y hasta quinto nivel, que la fuga se hubiese podido llevar a cabo sin la colaboración de alguna o varias corporaciones policíacas o miembros de las fuerzas armadas.

Fue notorio en 2009 cuando el Gobierno de los Estados Unidos le perdió la confianza al Ejército Mexicano. Aparte que no tenían una buena experiencia (¿Recuerdan al General Jesús Gutiérrez Rebollo?), ya eran muchos los pitazos que les habían dado para detener a “los grandes capos” y estos siempre terminaban huyendo a tiempo. Así el Gobierno de los Estados Unidos se estrenó con la Marina en diciembre de aquel año. Les alertaron de la presencia en el centro de Morelos de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, jefe del cártel que lleva su apellido. Ensoberbecido, el narcotraficante intentó ganar el enfrentamiento a los marinos y lo pagó con su vida. Los suyos, inconformes y molestos, arremeterían días después –como lo hicieron con Margarito Saldaña- con la madre y tres familiares de uno de los marinos que participaron en el operativo contra Beltrán Leyva y había perdido la vida en ello.

En contraparte, a José Ramón Velázquez, un Comandante que fue de la Policía Judicial de Baja California, los criminales lo capturaron, lo torturaron y le videograbaron en una confesión criminal. Acusaba las relaciones que existían entre el cártel de Sinaloa y la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Los asesinatos que habían cometido, los crímenes por venganza contra Policías que no eran afines al ala criminal de Ismael Zambada García “El Mayo”, y los lugares donde los habían desaparecido. Días después de la confesión que fue distribuida bastamente entre medios locales y nacionales, el cuerpo del ex Comandante fue arrojado por sus verdugos, frente a la casa de la entonces novia del Procurador.

Y cómo borrar de la historia reciente la emboscada que sufrieron 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco en abril de 2015 por obra del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales que registra mayor crecimiento en el territorio mexicano y que el Gobierno Federal no ha podido contener.

Los narcotraficantes, los criminales organizados, matan a los policías por una de dos razones: Porque los combaten, o porque están coludidos con ellos o con alguna otra organización criminal. He conocido y documentado casos de Policías Federales que fueron acribillados después de haberse robado un cargamento de droga, o haber secuestrado al narcotraficante equivocado.

En México existen –según el informe de la Secretaría de Gobernación- 431 mil 246 Policías entre Municipales, Estatales y Federales; en las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un General de División, el número promedio –varía por razones administrativas- es de 200 mil elementos.

En el mismo apartado de la Secretaría de Gobernación del III Informe de Gobierno Federal, dan cuenta de únicamente haber practicado exámenes de control, evaluación y confianza a 71 mil 511 Policías, un escaso 16.58 por ciento de la totalidad de Policías en el País, lo cual puede ser un indicador de los elementos, deje usted no evaluados, sino que están una probabilidad de ser corruptos o infiltrados.

Enrique Peña Nieto le sigue debiendo pues, a los mexicanos, una depuración en las corporaciones policíacas. Ni la inversión federal en las mismas, ni las capacitaciones producto de la Iniciativa Mérida, ni los incentivos económicos serán suficientes para tener una Policía Efectiva que pueda repeler las agresiones, investigar y capturar criminales y asesinos de las calles de México.

Otro ejemplo del nivel tan pobre de depuración y supervisión entre elementos policíacos es el apartado –en el mismo informe de Gobernación- de los casos consignados: “Se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a 91 integrantes de la corporación policial, con el propósito de sancionar la comisión de actos de corrupción. Se presentaron 412 denuncias penales en contra de integrantes de la corporación policial, entre las que destacan 393 por uso de documentos falsos y fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio público y peculado; ello derivó en la consignación de 89 elementos ante jueces penales federales, mismos que libraron 60 órdenes de aprehensión. Por su parte, el Órgano Interno de Control en la PF realizó 16 auditorías aplicadas a distintas áreas de la corporación policial. Se aplicaron 1,011 sanciones a 946 servidores públicos de la PF”. Nada pues, en comparación con los 431 mil 246 Policías en el País, que ejercen su labor sin haber sido evaluados correctamente para ello.

En los últimos meses, en varios estados de la República Mexicana, Policías Federales, Estatales y Municipales han caído a manos del narcotráfico y el crimen organizado. En Baja California, en los últimos cinco días han matado a tres y la alerta está al máximo. No todos son Margarito Saldaña. Tampoco Juan Ramón Velázquez. Pero sí es evidente, por las cifras de Gobernación y la pobreza en la evaluación, que estamos en manos de Policías no adecuados para protegernos del crimen organizado que está mejor armado y tiene mayores recursos para corromper

Matar Policías en México, se está convirtiendo en un juego de poder para delincuentes agrupados –en su mayoría por el narcotráfico- en el País de la impunidad que Enrique Peña Nieto no quiere, no puede o no le interesa corregir.

Adela Navarro Bello

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