Enemigo del Pueblo

24/11/2015 - 12:01 am

El poder económico que aceleradamente se ha concentrado en grandes empresas transnacionales, que tejen redes a su servicio en los medios de comunicación para dominar y manipular la percepción pública, incluso, en contra de la defensa de su propio bienestar colectivo. No se trata de un asunto nuevo, es parte de la naturaleza del poder cuando éste se sale del control colectivo. Por lo tanto, es ya una práctica común que una parte importante de los medios de comunicación y del poder político estén capturados por esta práctica de manipulación de la percepción pública para actuar en contra de su propio interés, para actuar en contra del bien común.

En 1883, Henrik Ibsen publicó su obra: Un enemigo del Pueblo, que tiene hoy en día una mayor actualidad que en su propio tiempo. El doctor Thomas Stockmann descubre  que en el agua de la ciudad habita una bacteria que pone en peligro la salud de la población. La base de la economía de su ciudad, donde el Alcalde es su propio hermano, es un balneario. Decide poner en alerta a la población y llamar a que se tomen medidas urgentes para desinfectar el agua. La decisión enfrenta al doctor Stockmann con las autoridades y con los medios de comunicación que se preocupan más por los inconvenientes económicos de la medida sugerida, que por la salud de las personas. Confronta estos intereses y termina por ser expuesto como un traidor del pueblo, como “Un enemigo del Pueblo”.

La historia se repite una y otra vez en el mundo contemporáneo a escala internacional y nacional. Desde quienes comenzaron a advertir los riesgos de productos como el asbesto, los PCBs y una lista larga de sustancias químicas que fueron introducidas al mercado y que ahora se encuentran pululando en el ambiente de todo el planeta generando daños a diversas formas de vida, hasta quienes han advertido del cambio climático y la necesidad de actuar urgentemente para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con todas sus diferencias, en cada uno de los casos, las respuestas concertadas entre el poder económico y varios medios de comunicación que actúan a su servicio, silencian y denostan a quienes advierten los daños que ciertos productos y prácticas representan para el bien común, señalándolos como Enemigos del Pueblo.

Es interesante ver la reacción que en las últimas semanas, en el último par de meses, se han dado contra el trabajo que venimos realizando en El Poder del Consumidor a la luz de las estadísticas de la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que recientemente publicó. El reporte de la OCDE señala que la brecha en la esperanza de vida entre México y los países de la OCDE está aumentando y destaca:

“El lento progreso en la esperanza de vida en México se debe a los dañinos comportamientos relacionados con la salud incluyendo malos hábitos de nutrición y a las muy altas tasas de obesidad, como también, al incremento en las tasas de mortalidad debido a la diabetes y a la no reducción en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Muy altas tasas de mortalidad por accidentes de tráfico y homicidios, como también persistentes barreras en el acceso de cuidado de alta calidad, también explican el progreso relativamente lento en la esperanza de vida”.

 

La OCDE es clara en señalar dos causas centrales que afectan la esperanza de vida de los mexicanos: “malos hábitos de alimentación” y “muy altas tasas de mortalidad por accidentes de tráfico y homicidios”. Como organización por los derechos de los consumidores hemos tomado como dos de nuestros ejes de trabajo: los “malos hábitos de alimentación” y “muy altas tasas de mortalidad por accidentes de tráfico”. Es así que centramos gran parte de nuestro trabajo en dos de los elementos que la propia OCDE reconoce como causas principales que afectan la esperanza de vida entre los mexicanos, no porque la OCDE lo diga, simplemente porque las evidencias lo demuestran: los “malos hábitos alimentarios” y los “accidentes de tráfico”.

Existe un consenso internacional en que el consumo de bebidas azucaradas es una de las principales causas de la epidemia de obesidad y diabetes y que en México esta situación es más grave que en el resto del mundo al presentarse el mayor consumo de estas bebidas. También, existe una larga lista de organismos internacionales que han recomendaron el establecimiento de impuestos a estas bebidas, como la OCDE, la OPS/OMS, el Relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, el Relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación e instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Salud Pública y las asociaciones nacionales de cardiólogos, entre muchas otras organizaciones civiles de nuestro país. La Federación Internacional de Diabetes, recientemente, ha recomendado al G20 impulsar los impuestos a las bebidas azucaradas como una de las políticas más urgentes para combatir la epidemia de esta enfermedad.

A pesar del amplio grupo de instituciones internacionales y nacionales que han recomendado el impuesto  a las bebidas azucaradas al gobierno mexicano, han comenzado a aparecer desde hace un par de meses varias columnas, en especial de las secciones de negocios, contra El Poder del Consumidor y teniendo como uno de sus argumentos centrales que queremos destruir a la industria refresquera y a la azucarera. La estrategia viene directamente de las refresqueras que quieren ocultar que son ellas mismas las que han sustituido el azúcar de caña por el jarabe de maíz de alta fructuosa importado de los Estados Unidos o procesado en México con maíz importado, principalmente. Lo mismo ha hecho parte de la gran industria de alimentos ultraprocesados.  También se engaña sobre el impacto en los empleos en esta industria que al tiempo que disminuyo sus ventas de bebidas azucaradas, incrementó sus ventas de agua embotellada. En algún momento, como parte de la estrategia contra el impuesto la industria refresquera argumentó que miles de pequeñas tiendas de abarrotes cerrarían por el impuesto, llamando la atención de que estas aseveraciones venían de empresas propietarias de tiendas de conveniencia como Oxxo que en su expansión acelerada por el territorio nacional han provocado el mayor impacto en el cierre de decenas de miles de comercios familiares de abarrotes.

La lucha contra del impuesto, medida recomendada por organismos y expertos internacionales y nacionales, se ha decidido enfocara en contra de una asociación civil, la nuestra, silenciando la situación de emergencia que vivimos, silenciando el colapso en el sistema de salud pública, la tragedia humana bien descrita en las cifras oficiales y en el documental “Dulce Agonía” que difundiremos próximamente. No se dice nada de las proyecciones recientemente publicadas de que uno de cada dos o tres mexicanos nacidos a partir del 2010 desarrollará diabetes a lo largo de sus vida, que el 70 por ciento del azúcar añadida que consumimos los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas, que se estima la muerte de 24,100 mexicanos anualmente por el altísimo consumo de bebidas azucaradas, nada de esto dicen algunas de las columnas financieras muy bien vinculadas a estos intereses. Con todas sus diferencias, el guión de Un enemigo del Pueblo, de Ibsen, parece no haber cambiado: la salud pública debe estar en segundo plano, bajo los intereses económicos.

Y en relación a los accidentes viales, como otra de las causas centrales que afectan la esperanza de vida de los mexicanos, de acuerdo a la propia OCDE, nos hemos pronunciado y difundido información sobre la inseguridad de los vehículos que más se venden en México, vehículos que no cumplen con los estándares de seguridad que Naciones Unidas ha recomendado y que son obligatorios en Europa, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y parte de ellas ya en Brasil y Argentina. No es de extrañar que la información sobre la inseguridad de vehículos como el Aveo de General Motors y el Tsuru de Nissan, que se producen y comercializan en México, ha tenido más difusión fuera que dentro del país. La importancia de esta información radica en que el Aveo es el vehículo más vendido en México y el Tsuru ocupa el cuarto lugar.

El decenio de la seguridad vial establecido por Naciones Unidas reconoce varios pilares para lograr sus objetivos y que pueden resumirse en: la cultura de los conductores y usuarios de las vialidades, la calidad y adecuación de la infraestructura vial y, tercero, la seguridad de los vehículos. De estos pilares, el que tendría un impacto más inmediato es el tecnológico, aunque debe actuarse en todos.

Las pruebas de choque realizadas por Latin Ncap a 64 kilómetros por hora muestran que el Tsuru y el Aveo no alcanzan ni una estrella en una escala de 5 para medir la protección a los pasajeros. La diferencia entre un vehículo de 5 estrellas y uno de 0 estrellas es que del primero uno se baja caminando en una colisión de este tipo y en el segundo uno puede morir o quedar con una lesión de por vida. Pero no sólo se trata de la solidez de las cabinas de estos vehículos para no colapsarse en un choque a esta velocidad y de que cuenten con bolsas de aire, se trata también de sistemas que pueden evitar algunos accidentes como: frenos ABS que logran mantener el control del vehículo a la hora de frenar de emergencia o el sistema electrónico de estabilidad que permite realizar maniobras bruscas frente a algo imprevisto manteniendo el control del vehículo, ambos sistemas logran bajar la incidencia de accidentes. Estos sistemas, tanto los que logran evitar diversos accidentes como los que logran proteger a los pasajeros cuando una colisión inevitablemente ocurre, son requeridos en todos los modelos en los países a los que más se exportan los automóviles fabricados en México. Es decir, el 80 por ciento de los automóviles que se fabrican en México cumplen con las medidas de seguridad recomendadas por Naciones Unidas y establecidas como obligatorias en varias naciones.

En México no hay normatividad de seguridad para los automóviles y la que se ha propuesto tiene un retraso de más de 20 años, manteniendo la posibilidad de que gran parte de los vehículos nuevos que entran al mercado en México sean inseguros. La seguridad que es una condición para que un vehículo sea comercializado en otros países, en México se vuelve un lujo, la industria automotriz especula con ello para subir significativamente el precio de los vehículos y obtener más ganancias. Los sistemas no son caros, no afectarían el precio de los vehículos significativamente, lo que si afectarían son las ganancias de las empresas. Incluir los sistemas de seguridad recomendados en una producción masiva de vehículos podría tener un costo total de alrededor de 500 dólares. En México, un auto con estos sistemas se encuentra dentro de las opciones más caras en los diversos modelos, con incrementos que rebasan los 50 mil a 100 mil pesos.

Existe una amplia literatura que recoge una y otra vez historias que repiten el guion de “Un enemigo del Pueblo” de Ibsen, que recogen las evidencias científicas sobre los daños a la población de ciertos productos y servicios, sobre los daños al medio ambiente, y como estas evidencias son combatidas por los intereses económicos de quienes los producen y ofrecen. Una de estas obras, excelentemente bien documentada, Bending Science. How special interests corrupt public health research, publicada por la Harvard University Press y reconocida con el Hamilton Book Award, realiza un recorrido sobre este proceso del ataque a la evidencia científica de interés público por parte de los intereses económicos y su poder en los medios de comunicación y en el ámbito político.

Como en la obra de Ibsen, en todos los casos siempre existe una pléyade de medios de comunicación y columnistas a sus servicios, encargados de señalar a los “enemigos del pueblo”, a generar una percepción pública que lo único que hace es revertirse sobre los intereses de ese público. Sin embargo, se mantienen instituciones, académicos e investigadores, asociaciones civiles, medios de comunicación, funcionarios, políticos y activistas ciudadanos que resisten y logran revertir estas tendencias que, en muchos casos, ya no logran persuadir a nadie o sólo a muy pocos. Cuando los daños son inocultables con una evidencia omnipresente, que brota por todos lados, la mascarada termina y los rostros se develan.

Alejandro Calvillo
Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.
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