Es el meollo. Pone el dedo en la llaga la organización Fundar al afirmar que el principal medio de “censura sutil” en México sigue siendo la asignación discrecional de la publicidad oficial a los medios. Asignar masivamente publicidad oficial sobre bases partidistas y políticas moldea poderosamente el contenido de los medios y afecta en gran medida las líneas editoriales de los mismos, indica un informe de ese centro de Análisis e Investigación que forma parte de un proyecto sobre la censura sutil o indirecta alrededor del mundo, dirigido por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Fundar y la WAN-IFRA advierten que en nuestro país existe poca información sobre los recursos erogados por parte del Estado en publicidad oficial. Dicen que su regulación es débil “y esto se suma a una completa ausencia de voluntad política para llevar a cabo transformaciones reales”, aunque aportan un dato elocuente: dos proveedores, Televisa y TV Azteca, concentran el 25 por ciento de todo el dinero erogado en medios, sumando en conjunto cerca de 1.78 mil millones de pesos. E indican que la promesa del presidente Enrique Pena Nieto de crear una instancia reguladora para la publicidad oficial «se quedó en letra muerta”, mientras que los legisladores no cumplieron con los plazos establecidos por la Ley para dotar al país de un marco normativo sobre el tema.

La relación perversa entre la prensa y el poder en México es histórica, sustancial del sistema político. En 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés la institucionalizó al establecer el 7 de junio como “Día de la Libertad de Prensa” a iniciativa del coronel José García Valseca, dueño entonces de la cadena de diarios más grande del país.

Durante la celebración inaugural, en un banquete que se haría tradicional, el entonces director de Excélsior, Rodrigo de Llano expresó en nombre de los periodistas de la capital que “México pone ejemplo de un periodismo sin más restricciones que las impuestas por la ley; de un país exento de presos políticos, de periodistas expatriados o perseguidos, libre de enconos y atropellos flagrantes. ¡Cuán distintas son estas características de gobierno, comparadas con el puño frío e implacable de las dictaduras!” (sic).

Años más tarde, en 1976, el presidente Luis Echeverría añadirá a esta celebración la entrega en ese día del Premio Nacional de Periodismo a los “más destacados” miembros de la prensa escrita y electrónica… a juicio del gobierno mismo. Más de tres décadas  después de su instauración, en 1982 –nos documenta la Memoria Política de México— durante la celebración anual de las complicidades, Francisco Martínez de la Vega reclamaría ante el presidente José López Portillo el retiro de la publicidad oficial a la revista Proceso, como una represalia, un castigo a su actitud crítica frente al gobierno. Dijo que cuando la autoridad sataniza a un profesional o a una publicación, algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible, ya que sobran quienes, en todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad que mantener una relación normal con el periodista y su publicación satanizados. “Es muy preocupante”, dijo.

López Portillo, para sorpresa de todos, no evadió su responsabilidad en la medida asumida por su administración, sino que trató de justificarla. “¿Una empresa mercantil, organizada como negocio profesional, tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga?”, preguntó. “Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. ¿Te pago para que me pegues? ¡Pues no faltaba más! Frente a las empresas mercantiles que viven de la publicidad y que de ella obtienen anuncios no altruistas, como los partidos políticos, ante cuya responsabilidad rindo respeto, sino que quieren hacer negocio con la publicidad del Estado, hablando sistemáticamente mal del Estado para frustrar los propósitos que el Estado tiene al hacer publicidad, ahí estamos en una relación perversa que debemos vigilar. ¿Debe el Estado, que tantas actividades subsidia, subsidiar también la oposición sistemática fuera de los partidos políticos, gratificando vanidades profesionales que persiguen el lucro?» (sic).

De entonces a la fecha han pasado muchas cosas. La celebración oficial del Día de la Libertad de Prensa, cada 7 de junio, se canceló por fin en 2002 cuando el presidente Vicente Fox accedió a una petición en ese sentido por parte de un grupo de comunicadores. Asimismo, se creó un Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo con “absoluta independencia del Estado”.

Es innegable que hoy existe una mayor libertad para ejercer el periodismo en nuestro país. Sin embargo, el manejo discrecional de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial se mantiene hasta nuestros días (reforzado notablemente a raíz del regreso del PRI a Los Pinos). Y, como denuncia Fundar, es hoy la forma de ejercer desde los diferentes niveles de gobierno una censura –no muy– sutil sobre los medios de comunicación, escritos y electrónicos, chicos y grandes. Desde la Federación o la Presidencia misma y administraciones estatales como el gobierno del DF, hasta los municipios y las delegaciones capitalinas, persiste una política de condicionamientos, de premios y castigos, de recompensas o represalias. Grave: el “¿Te pago para que me pegues?” sigue vigente. Válgame.

Twitter: @fopinchetti 

Francisco Ortiz Pinchetti

https://dev.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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