Hace casi seis años, cuando Juárez se encontraba hundida en la más profunda crisis de violencia de la que se tenga memoria en el México posrevolucionario, fueron asesinados 15 personas, la mayoría jóvenes y unos pocos adultos que trataron de advertirles del ataque armado, en la colonia Salvárcar.
Ayer dos de noviembre se instaló un altar para los deudos y los lesionados de bala sobrevivientes en la casa donde sucedió la barbarie. Es increíble que hasta la fecha los ofendidos no hayan sido satisfechos ni en justicia ni en reparación integral, y que sólo les quede reunirse a darse ánimos entre ellos y llorar por sus hijos.
Los jóvenes victimados eran la oportunidad de sus familias de elevarse un poco sobre su condición de operadores de maquila, con salarios de $600 a $700 pesos por semana.
Todos ellos son ciudadanos formados en el respeto al estado de derecho y a sus instituciones y han buscado justicia utilizando únicamente el derecho de petición y el ejercicio de sus acciones legales que corresponden a las víctimas de un delito de esa Naturaleza, ¿pero qué han conseguido?
El día 30 de octubre vino a Chihuahua capital el Presidente Peña Nieto, a quien le hicieron llegar un largo documento del cual transcribo el estado que guardan todas sus gestiones de justicia:
Como usted verá señor Presidente, hemos hecho todos los trámites legales de manera respetuosa, por escrito con toda la amabilidad con las autoridades correspondientes, sin embargo a pesar de que seguimos actuando con total respeto a las normas de ley, que hemos mantenido dentro del marco de consideración a los tiempos y trámites de las autoridades, no hemos obtenido nada concreto y a continuación le narramos como están pendiente cada uno de los trámites emprendidos.
En enero ya habían tenido una entrevista con él, y de ahí se generaron una serie de reuniones y trámites que están congelados:
a) Una entrevista con el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Sergio Rochín y el gobernador de Chihuahua César Duarte, para decidir en definitiva qué hacer. Fue prevista para el 06 de marzo del 2015 NO SE HA CELEBRADO ni tenemos fecha cierta sobre la misma.
b) La firma y publicación por parte del Gobernador César Duarte Jáquez de la Ley de Atención a Víctimas aprobada por el Congreso del Estado el 29 de junio del 2015 para que entre en vigor.
c) La resolución por parte de la PGR de que los ofendidos de Salvárcar tienen el carácter de víctimas de un delito federal cometido por la delincuencia organizada según lo confesó ante la propia PGR el Líder de “La Línea”, grupo operativo del Cártel de Juárez.
d) El acuerdo de la CNDH sobre la persecución de los autores del delito y reparación integral de las víctimas contenidos en la recomendación 50/2011, solicitud hecha por los deudos de Salvárcar el 6 de agosto de 2015.
Y cierran su carta al presidente con una observación final:
Sólo queremos señalar un botón de muestra acerca de la desatención de las autoridades con relación a nosotros:
La casa donde sucedieron los hechos, donde fueron asesinados y lesionados nuestros familiares permanece idéntica, sólo destruyéndose con el paso del tiempo, y nosotros tenemos que verla diariamente, sabiendo que ahí murieron nuestros familiares. A pesar de que han existido muchas ofertas de que la derrumbaran y hacer un memorial en tal sitio.
Señor presidente esperamos que usted se sensibilice de la situación que guarda nuestra moral y sensación de ausencia de derechos, cuando estamos a punto de cumplir 6 años de la tragedia y nuestro caso no puede cerrarse porque dada nuestra situación económica y nuestros derechos inherentes a nuestra calidad humana sigue en el limbo.
Hasta ahí su carta.
Sólo hace falta resaltar que el programa “Todos somos Juárez” generó una derrama de 7 mil millones de pesos, y no se destinó ni un peso a la atención de las víctimas o a la persecución especifica de los asesinos.
Por eso no entiendo el discurso del Gobierno cuando les dice a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa que dejen las calles y se ajusten a los trámites legales, pues los funcionarios no tienen un solo caso emblemático en el que haya dado resultado a las víctimas seguir los trámites legales; en cambio las víctimas y quienes los representamos sí tenemos muchos casos donde los trámites legales son casi imposibles de agotar con éxito en el corto plazo.
Este caso es ejemplo de la desatención y la tramitología evasiva de los gobernantes deshumanizados que nos gobiernan y, a contrapelo, me queda muy claro por qué los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala siguen luchando por rescatar a sus hijos, con la esperanza de hallarlos vivos.
