Una pregunta un poco descabellada: ¿Llegará el día en que se le aparezcan por su casa dos hombres enfundados en chamarras negras y peores intenciones para decirle que a partir de ese momento usted deberá pagar “derecho de piso” por vivir en la colonia del Valle en la Ciudad de México, en Chapalita de Guadalajara o cualquier otro barrio equivalente de la clase media urbana mexicana? Parecería poco probable, ¿no? Pues no tanto, a juzgar por lo que está sucediendo en La Condesa y la Roma, el corazón mismo de la bohemia mexicana.

Los restaurantes y bares de este epicentro de la “marcha” capitalina son víctimas de extorsiones sistemáticas por parte del crimen organizado. “Dependiendo del sapo es la pedrada. A nosotros nos cobran diez mil pesos a la quincena. En mi caso yo empecé a ver a unos chavos que venían a comer muy seguido, molestaban a los clientes y les faltaban al respeto a las meseras. Llegó el momento en que venían en diferentes horarios. Estaban checando todos nuestros movimientos. Y como a los quince días me llamaron porque se querían arreglar con el dueño. Me dijeron que si no le hablaba me matarían en ese momento”, relata el gerente de un restaurante de La Condesa, y agrega que conocían todos los datos necesarios sobre el dueño y su familia (publicado en el diario Reforma, el sábado 4 de julio).

Por lo general los propietarios prefieren pagar antes que denunciar el acoso del que son víctimas y no se les puede reprochar. Dos de ellos han sido asesinados en las últimas semanas por negarse a llegar a un acuerdo. Por lo demás, ¿qué pueden hacer cuando la amenaza va a acompañada del nombre de sus hijos y las escuelas a las que asisten? Frente a la contundencia de la agresión no quedan más que dos opciones: cerrar o deshacerse del negocio, o pagar este nuevo impuesto a ese Estado paralelo en el que se está convirtiendo el crimen organizado.

En los últimos meses he recorrido buena parte de España y América Latina con motivo de la publicación de mi última novela (Milena o el fémur más bello del mundo, Planeta). El tour de promoción supone una docena de entrevistas con medios periodísticos en cada ciudad. De manera inexorable el entrevistador, sea en Buenos Aires o en Sevilla, acabará preguntándome sobre la violencia en México.  Y con mucha frecuencia la pregunta viene enunciada más o menos en los siguientes términos: ¿Es México un Estado fallido? Y para ello me citan la desaparición de 43 estudiantes, el asesinato de presidentes municipales y funcionarios, el boicot de las elecciones en algunas regiones.

A fuerza de responder, yo había construido una explicación que consideraba justa y equilibrada. Reconocía que existen bolsones de la geografía en los que los cárteles mandan, para decirlo llanamente. Pero hacía la aclaración de que por lo general se trata de zonas rurales de comunicaciones precarias y geografía accidentada. Añadía que si bien la violencia puede entrar y salir de Monterrey o Guadalajara, en cualquier día de la semana, los territorios definitivamente perdidos a manos del crimen organizado se circunscriben a algunas cordilleras inhóspitas. Y terminaba diciendo que aún podía caminar de casa al restaurante de mi preferencia con absoluta tranquilidad en el barrio en el que vivo en la Ciudad de México.  En otras palabras, quería hacer saber al público que escucha tales entrevistas que la información que poseen sobre la violencia en nuestro país es correcta pero incompleta. Que los mexicanos no tenemos que tirarnos debajo de un auto cada dos cuadras porque estalló otra balacera (por absurdo que parezca es la imagen que muchos extranjeros se han hecho sobre el país).

Supongo que tendré que revisar mi explicación: el crimen organizado ha llegado al corazón de México. Y aclaro, no porque considere que la capital tendría que ser territorio libre mientras al resto del país se lo carga el infortunio. En realidad tales actividades criminales son ya el pan cotidiano en muchas zonas populares del Distrito Federal y municipios del Estado de México del área metropolitana: Nezahualcóyotl, Ecatepec y muchos otros. Más bien por el hecho de que los restaurantes en los que las élites del país y sus juniors comen y se divierten paguen un “impuesto” a una autoridad criminal, cambia la correlación de fuerzas entre los poderes institucionales y los poderes “salvajes”. Ya no podemos argumentar que el territorio donde el narco es irreductible se restringe a zonas alejadas en las que la presencia del Estado mexicano ha sido históricamente frágil. Ahora hablamos de que hace lo que quiere y de manera permanente en restaurantes de postín a un kilómetro de Los Pinos, residencia del principal representante de los poderes de la Nación.

Y una vez que lo absurdo se convierta en normal y tales extorsiones se generalicen a otros comercios y a todos los demás barrios (y ya hay datos de que la extorsión ha comenzado en negocios de la calle Mazarik, la “quinta avenida” de las clases pudientes del Distrito Federal) habría que temer por la siguiente etapa. Y entonces sí, la pregunta ya no parece tan descabellada: ¿cuánto tardarán para que empiecen a pasar a nuestros domicilios?

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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