En ningún recoveco de la Ley dice que para obtener un cargo de esos que requieren sabiduría, las personas que aspiran a la posición deben tener experiencia en la materia, carrera en el sector y edad suficiente para –en caso de haberse esforzado profesional, cultural y socialmente- tener sapiencia.

Se habla de “buena fama en el concepto público” pero no se especifican los valores esenciales que debería de tener todo servidor de la nación, como son la probada ética, la ejercida honestidad y los respetados principios en pensamiento y conducta.

Los requisitos legales para llegar a una posición son laxos, se refieren en términos generales a una “solvencia” social que puede traducirse con vivir, estar, residir, estudiar y ser. No más, no exigen el detalle de la conducta, la preparación, la experiencia y la capacidad.

Ahí tiene que el presidente Enrique Peña Nieto, tan necesitado de aplausos quiere hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el refugio de sus cuates –los que sí le aplauden-. El Poder Judicial, el tercer poder luego del Ejecutivo y del Legislativo, debería ser representado por hombres y mujeres con carrera en el sector judicial, alejados de los gobiernos y de las cámaras, con intereses exclusivos en la defensa de la Ley y el imperio del Estado de Derecho.

Así cómo el Senado de la República debería ser ocupado por los viejos con experiencia y servicios y como el último acto de servicio a la nación, en lugar de ser semillero de gobernadores, antro de negociaciones y acuerdos, y entretenimiento de cabilderos y vende patrias, la Suprema Corte exige personas imparciales, justas, apegadas al derecho, con criterio independiente al resto de los poderes.

Pero no. Enrique Peña Nieto primero propuso a través de Felipe Calderón en los últimos días de éste en el Gobierno de la República al joven abogado fiscalista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a quien sacó del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin ninguna experiencia en el ejercicio del derecho, la abogacía, o en el colegio judicial, pero sí con intereses del litigio privado y la Hacienda Pública, Gutiérrez Ortiz Mena llegó a la Corte.

Después de la muerte en diciembre 2014 del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, ayer el presidente de la República como es su facultad, envío una terna para la selección de una persona que ocupe el lugar del Ministro Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Valls sirvió al Poder Judicial diez años de 2004 a 2014 y la carrera la inició como Agente del Ministerio Público, pasando por algunas Magistraturas, Consejerías Jurídicas, Consejería de la Judicatura, algún cargo público hasta llegar a la máxima posición en la carrera judicial como Ministro.

Entre las propuestas de Peña para suplir al Maestro Valls, se encuentran dos abogados de carrera, con experiencia en el Poder Judicial y con posiciones en lo que debería ser la antesala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alguna Magistratura federal o estatal. De hecho en los estados en los Tribunales Superiores de las entidades que integran la República Mexicana, es mucho más frecuente encontrar que quienes llegan a Magistrados, son hombres y mujeres que antes de ello fueron Jueces, Consejeros de la Judicatura o Jurídicos de algún departamento relacionado con el Poder Judicial. Es como debería ser la carrera natural en ascenso del Poder Judicial: Agente del Ministerio Público, Actuario, Secretario de Acuerdos, Juez, Consejero de la Judicatura, Magistrado en el Estado, Magistrado Federal, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, Peña propuso a dos hombres que a la fecha sirven como Magistrados.

Al abogado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, actual Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que tiene en su hoja de vida la licenciatura en la UNAM, Juez de Distrito, Secretario de estudios y cuenta de la Suprema Corte, Juez de Distrito, Magistrado de Circuito.

También al licenciado en derecho Horacio Armando Hernández Orozco, quien se desempeña como Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, y que después de salir de la Libre de Derecho y dar cátedra, fue Secretario de Juzgado de Distrito, Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, Juez Primero de Distrito, Magistrado de Circuito y hoy es el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (el que conoció de los amparos de la maestra Elba Esther Gordillo).

El tercer hombre propuesto por Enrique Peña Nieto a la Cámara Alta para ocupar la silla del Ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es su cuate. Amigo y protector hasta de los intereses personales, y el servicio público también, de Peña Nieto. Se trata del Embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora Icaza.

Medina Mora nunca ha sido Juez, ni civil ni penal, ni federal de distrito. Mucho menos Magistrado de Circuito o de Tribunal estatal, federal o electoral alguno. Mucho menos Consejero de la Judicatura. No. Eduardo Medina Mora hizo carrera en el gabinete federal de gobiernos de la República encabezados por panistas, desde donde dicen, fue el enlace entre los peñistas y los calderonistas. El celestino político entre los del Estado de México y los de Michoacán.

Procurador General de la República en tiempos de Felipe Calderón, Medina Mora fue sacado de esa Fiscalía y enviado como Embajador de México ante el Reino Unidos, sin experiencia alguna en el Servicio Exterior Mexicano, sin haber cursado la escuela Matías Romero, sin haber sido Cónsul o agregado en alguna representación diplomática.

Al triunfo de Enrique Peña Nieto y la posterior y tropezada toma de posesión, el presidente nombró a Eduardo Medina Mora, Embajador de México ante los Estados Unidos, de dónde lo quiere sacar para enviarlo en calidad de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entonces resulta que como las Embajadas, a la Suprema Corte de Justicia la quieren convertir los priístas de Los Pinos, en un abultado premio político, irrespetando la calidad de Máxima Casa del Poder Judicial. Pues Medina Mora ha hecho carrera pero en el Poder Ejecutivo, donde electos panistas como Vicente Fox le confiaron la Dirección del CISEN –cuando a pesar de las escuchas en celdas de centros penitenciarios se les escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán-, la Secretaría de Seguridad Pública, y luego con Calderón la Procuraduría General de la República, la Embajada.

Con un Poder Legislativo que responde más a los ánimos del Presidente Peña y en menor medida a las necesidades de la sociedad y del sistema para el ejercicio de un pleno estado de derecho, es probable que como le hicieron con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, elegirán al de menor experiencia en el sector, pero de mayor cercanía con el Ejecutivo. A menos claro que Peña haya incluido el nombre del Embajador Medina Mora en la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un afán de alejar las miradas auscultadoras de los dos Magistrados en referencia, cuyos apellidos no escapan a denuncias internas del Poder Judicial.

En 2013 ya con el gobierno federal en manos del PRI, un diputado panista, el guerrerense Gabriel de Jesús Cárdenas Güizar, propuso reformar entre otras cuestiones, el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se detallan los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Que se agregara al requisito de una antigüedad mínima de diez años como profesional de licenciado en derecho, tener “un posgrado expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”. Además al apartado que requiere “no haber sido secretario de estado, procurador general de la República o de justicia del Distrito Federal” en el año previo al nombramiento como Ministro, modificarle a siete años la distancia del último cargo en el Poder Ejecutivo. Pero la Cámara controlada por el PRI, no permitió endurecer un poco -con la solicitud de un posgrado y la lejanía de los intereses del gobierno federal-, los requisitos para ser Ministro.

Pero pues así es ese PRI, el que gobierna México desde Los Pinos, el que tergiversa el fin de las instituciones para beneficio de los intereses. La otra pues, es esperar a la Legislatura que viene, y proponer un cambio en la selección de los Ministros, pues mientras el resto de los Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo son electos por el pueblo, el Poder Judicial son propuestos por el primero y seleccionado por el segundo. Como quien dice, los Ministros son hijos del Ejecutivo y compadres del Legislativo… por ponerlo de una manera elegante.

A ver qué pasa con la Corte. Si llegan los de carrera, o llegan los cuates del Presidente.

Adela Navarro Bello

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