Para restablecer la paz en Guerrero y Michoacán debe reconstruirse el Estado de Derecho y tanto Gobierno como ciudadanos deben definir al enemigo principal porque, como decía Rousseau, “nadie debe estar por encima de la ley”; en el momento histórico actual esto significa nadie por encima de los Derechos Humanos, pues así regula la constitución vigente la conducta de todos sus funcionarios.
Complementariamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su proclama establece que “los individuos… promuevan… el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren… su reconocimiento y aplicación”.
Desde acá, el desierto norte, parecemos advertir que los enemigos a destruir tanto en Michoacán como en Guerrero son la delincuencia organizada que se ha apoderado del estado y los funcionarios corruptos que le permitieron hacerlo, y es por esto que debe resolverse el homicidio y desaparición de los estudiantes a total satisfacción de los ciudadanos.
Este caso no puede quedarse entre tanta controversia; en Iguala hay por lo menos responsabilidades políticas y administrativas de diversos funcionarios, arriba del presidente Municipal y que alcanzan las altos esferas federales, que deben ser reconocidas y sancionadas “tope donde tope”, como dijo Peña Nieto.
Lo mismo sucede en Michoacán, ¿cuantos funcionarios quemó la Tuta para negociar su escapatoria y qué fue lo que no dijo? ¿Cuántos videos más estarán en la caja fuerte? ¿Cómo potenciaron y dividieron desde el Gobierno a las autodefensas, lo que dejó resultados trágicos y a los caballeros templarios aún en la entidad?
En el imaginario nacional hay delincuentes protegidos por el manto de la impunidad y México no puede recuperarse con semejantes interrogantes sobre las reglas para la vida; de aquí surge un tema casi tan prohibido como la naturaleza humana de Mahoma por el que arriesgaré mi opinión con tal de quedar en paz conmigo mismo.
Las organizaciones que rodean a los padres de familia y a algunos grupos de Michoacán tienen su propia agenda y a contrapelo de las persecutorias afirmaciones de los funcionarios de Gobierno sus intereses no son ni oscuros ni ilegítimos, simplemente son distintos, con sus propios tiempos y objetivos.
Recuerdo la ruptura con algunas organizaciones de izquierda aquí en el norte allá por la década de 1970, cuando sostuvimos una huelga que se prolongó por seis meses y se abrieron negociaciones muy serias para resolver el conflicto que había generado una crisis en la ciudad.
Para detener esta crisis, tanto el Gobierno federal como el estatal plantearon soluciones viables para el caso pero algunas organizaciones exigían que los obreros rechazaran la solución al conflicto con el argumento lapidario de que, si se acababa el conflicto, se resolvería la crisis social y perderían la oportunidad política de consolidar su fuerza ciudadana.
Reconozco que desde Juárez no puedo afirmar que haya circunstancias de este tipo y advierto que el problema principal aquí es la actitud autoritaria de la Procuraduría General de la República, pero 40 años viviendo entre conflictos me hacen prever que la presión internacional, la fuerza de la Washington Office on Latin America (WOLA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el Centro Kennedy, impactan en posiciones públicas de los países del primer mundo que rebotan en acciones gubernamentales en México.
Ahora que debe mantener su atención sobre el problema económico, el Gobierno federal debe salir con credibilidad de estos dos grandes problemas y es cuando se puede dar una chispa de prudencia en los que mandan y logren asumir soluciones viables, evitando además el corto circuito de agendas diferentes.
Claro que lo que escribo es porque me siento como el señor K de Kafka a las puertas del castillo, deseo profundamente que se resuelvan los obstáculos para seguir adelante pero no veo por dónde. Sólo sé que deben ponerse de acuerdo la ciudadanía y los tres niveles de Gobierno, así lo hicimos en Juárez y apenas vamos saliendo poco a poco.
