Mientras el nivel de protesta en Guerrero y Oaxaca aumenta día a día, más vinculado a la reforma educativa aunque los estudiantes desaparecidos siguen siendo la bandera visible, en el resto del país el tema Ayotzinapa, si bien no se olvida, ya no es el motor de la movilizaciones; ahora es la protesta contra el propio Presidente, como sucedió en Puebla el lunes pasado, lo que saca a los jóvenes a la calle. Los dos fenómenos, que hasta diciembre parecían una sola causa, se irán distanciando aunque ambos mantengan en el discurso a los estudiantes desparecidos.
Más allá de las pifias políticas cometidas por el Gobierno Federal y la incapacidad del Gobierno del Estado de Guerrero para asegurar un mínimo de Estado de Derecho, el movimiento magisterial de este estado seguirá creciendo al son de la aplicación de la reforma educativa. Lo que está en juego en los estados del sur es la subsistencia de un grupo de maestros que, al amparo y con complicidad del Estado, han vivido del presupuesto de educación aunque sus actividades poco a nada tengan que ver con con la generación y transmisión de conocimiento. Una buena parte de ese presupuesto se ha destinado a mantener una organización social que va desde grupos armados hasta organizaciones civiles que gestionan de recursos gubernamentales. El gobierno, por razones más que válidas, ha decidido desaparecer estas organizaciones que afectan a la educación, pero sobre todo amenazan al propio Estado. Sin embargo, el problema es que tras la tragedia y las sucesivas pifias de la PGR y Gobernación en Ayotzinapa, el gobierno perdió toda legitimidad para actuar. Si lo hace el costo será altísimo; si claudica significará la derrota de la reforma educativa.
Además del problema magisterial el otro frente que se le abre al gobierno es la protesta contra el propio Presidente. A donde vaya lo seguirán las manifestaciones, lo cual complicará, si no es que anulará, esta idea que tenía la presidencia de acercar al Peña Nieto con los ciudadanos de a pie. La agenda será cada día más restringida y de ambientes controlados, lo que implica abandonar la idea de tocar públicos distinto. Encima, el riesgo de un choque entre estudiantes y policías será cada día mayor; no es lo mismo reprimir una manifestación contra el Procurador o a favor de los estudiantes desaparecidos que una contra el Presidente, pues en este último caso el costo para el primer mandatario es doble.
La presión empresarial para que el gobierno ponga orden en Guerrero, pero sobre todo para que no claudique la reforma educativa está subiendo de tono porque no se parece haber una estrategia para afrontar el problema. Por el contrario, lo que se hace por momento más evidente son contradicciones y pugnas internas en el gabinete que no hacen sino abonar al sentimiento de ingobernabilidad.
El gobierno de Peña se ha instalado peligrosamente en el pasmo, y el país cabalga montado en la indecisión.
