Hace ya casi dos décadas que en México hay elecciones competidas, con tres partidos principales disputándose los cargos legislativos y ejecutivos en todo el país y otros más pequeños que giran en la órbita de los mayores. Sin embargo, la incipiente democracia que desde entonces se ha ido abriendo paso no ha servido para aumentar la rendición de cuentas y la responsabilidad política de los cargos electos y a la vuelta de los años ha comenzado a mostrar signos serios de falta de representatividad. Las reglas del juego desarrolladas a partir del pacto político de 1996 tampoco redujeron sustancialmente la racionalidad de las prácticas patrimonialistas —el uso privado de los bienes públicos— ni acercaron a los cargos elegidos a sus electores.

            E entramado institucional construido durante la llamada transición democrática tampoco  abordó de manera amplia el asunto de la gobernación eficaz ni se desmanteló la estructura corporativa del Estado. El diseño constitucional presidencialista tiende a generar, cuando opera en condiciones democráticas, conflictos entre el ejecutivo y el legislativo que dificultan la eficacia gubernamental;  mientras que el proteccionismo respecto a los sindicatos y las organizaciones corporativas del antiguo régimen no se ha desmantelado, por lo que la democratización no ha incluido a la vida interna de las organizaciones de los trabajadores o de los campesinos.

            La legislación electoral de 1996, si bien diseñó un complejo sistema de garantías para generar certidumbre en los comicios y para que fueran los votos los que definieran quienes ocuparían los cargos legislativos y ejecutivos antes definidos por voluntad presidencial, cerró la puerta abierta en 1977 al surgimiento de fuerzas políticas construidas en torno a un programa, unos principios y una lista de candidatos. Lo primero que pactaron los partidos de la transición fue la eliminación del llamado registro condicionado, creado por la reforma de Reyes Heroles y que había aireado al rancio sistema de partidos de la época clásica del régimen del PRI. Así, desde entonces las opciones ciudadanas que han querido retar a los partidos que establecieron el acuerdo oligárquico han acabado carcomidas por las deformaciones a su proceso de construcción impuestas por los requerimientos clientelistas del sistema de asambleas. Esa fue la suerte que corrieron, al menos, Democracia Social en 2000 y Alternativa Socialdemócrata entre 2006 y 2009.

Otros partidos surgidos desde entonces, como el inefable de la Sociedad Nacionalista, no han sido otra cosa que empresas creadas para sacar provecho del sistema de financiamiento público, que dota de ingentes recursos a aquellas organizaciones capaces de realizar el número de asambleas requeridas por la ley y de conseguir las afiliaciones necesarias, las mayoría de ellas compradas en el mercado de clientelas, antes de pasar por la prueba de las urnas. La tasa de retorno de estos empresarios especializados en este tipo de fraude a los recursos públicos es muy alta: en el año 2000, por ejemplo, alquilar las clientelas necesarias para obtener un registro costaba alrededor de 15 millones de pesos, mientras que el financiamiento que obtenía un partido nuevo para gastos ordinarios y de campaña era algo mayor a 40 millones; nada mal para una empresa efímera. Los de la sociedad nacionalista hicieron rifas disfrazadas de asambleas, invirtieron en los artículos sorteados y poco más, recibieron sus recursos, pactaron con el PRD el dos por ciento de votos requeridos, tuvieron algunos diputados y a la siguiente elección, cuando las reglas ya no les permitieron colgarse de un partido mayor para sobrevivir, desaparecieron con sus ganancias. ¿Alguien conoce el paradero del señor Riojas?

El sistema de registro de partidos existente genera incentivos perversos que cierran el paso a las opciones ciudadanas, pero garantizan la permanencia de los satélites de los partidos grandes. Por supuesto que aquellos que se han mantenido en el juego han buscado una y otra vez hacer más rigurosos los obstáculos para el ingreso a la competencia, pero dentro de la misma lógica de las asambleas de acarreados. Primero se duplicó el número de asambleas y de afiliaciones requeridas, después se impidió buscar el registro en torno a una candidatura presidencial —elemento fundamental de identidad para una fuerza emergente— y en la última reforma se elevó el umbral de votación requerido para permanecer. Al mismo tiempo, se creó un sistema de registro de candidaturas “independientes” con requisitos draconianos, que obstaculizan también el surgimiento de nuevas opciones electorales por esa vía.

En las elecciones de este año se pondrá a prueba la representatividad de éste cerrado sistema de partidos. En la medida en la que no es posible canalizar la desafección a los partidos existentes a través de nuevas expresiones —como ha ocurrido en Europa durante los años de la crisis, donde han surgido nuevas fuerzas electorales críticas con los partidos principales tanto a la derecha como a la izquierda del espectro y con distinto nivel de cuestionamiento al arreglo existente— es muy probable que veamos un aumento grave del abstencionismo, un crecimiento del voto nulo y, en los pocos casos donde existan, votaciones significativas por los candidatos independientes. Ninguna de estas formas de malestar político tendrá influencia en la integración de las cámaras o en la determinación de quién gobierne en estados o municipios, pero expresarán el deterioro de la legitimidad del arreglo surgido de la transición democrática.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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