El verdadero plan A del gobierno de Peña Nieto para enfrentar la crisis es esperar a que llegue la Navidad. Olvídense de los 10 puntos en contra la inseguridad pública o volver a intentar un “todos somos Ayotzinapa” por parte del Presidente, y mucho menos un “ya supérenlo”. Todas esas intentonas para calmar el descontento popular sólo consiguieron que la indignación se convirtiera en rabia. Así que no, el gobierno ya decidió que lo mejor es hacer chitón y nadar de muertito en espera de que el limbo de Lupe Reyes (12 de diciembre a 7 de enero) se lleve el descontento a golpe de posadas, vacaciones y villancicos. Apostar al olvido es siempre el primer gesto de todo aquél que no tiene los recursos morales o la inteligencia para reparar los agravios ocasionados.

Seguramente algo de esta estrategia tendrá éxito. Es probable que a partir de la próxima semana las marchas pierdan su carácter multitudinario y que la convocatoria misma comience a espaciarse. Los festejos navideños tienen una agenda propia entre rutinas familiares decembrinas y la necesidad de evadir y reparar las pesadillas que cada uno enfrenta a lo largo del año.

El problema con esa estrategia es que sólo compra tiempo. Una campana que permite al boxeador noqueado levantarse momentáneamente de la lona para arrastrarse a su esquina a detener las hemorragias. Pero no hay en Peña Nieto una estrategia que vaya a cambiar la golpiza a partir del siguiente round, cuando el descanso termine. La caída del petróleo hace un boquete a las finanzas públicas y a la cotización del peso, lo que impedirá al gobierno aligerar las obligaciones fiscales del contribuyente, como pedían empresarios y clases medias. Más aún, todo indica que los precios tan bajos del petróleo se mantendrán durante un rato, lo cual hace incosteable las inversiones en la exploración en aguas profundas; inversiones que Hacienda esperaba en los próximos meses para reactivar la economía.

Es decir, no hay un plan para comenzar a atacar las causas que han provocado el descontento. Pocos mexicanos creen que son genuinos los golpes de pecho del gobierno sobre el tema de corrupción, desigualdad o seguridad pública. Todas estas son agendas que requieren una remodelación profunda de la plataforma sobre la cual se edifica el PRI y las élites que lo acompañan. Y en efecto, es poco o nada lo que el ejecutivo puede hacer, maniatado como está por los poderes fácticos.

Lo anterior significa que no sólo no se resolverán las causas de la indignación de la calle, sino que estamos expuestos a que en cualquier momento se abran nuevas cuarteaduras. Esta semana fue la casa de descanso de Luis Videgaray, ministro de Hacienda, negociada en condiciones favorables con la constructora de Juan Armando Hinojosa Cantú, concesionario de obras multimillonarias en los gobiernos de Peña Nieto (en Edomex y en Los Pinos). Es el empresario involucrado en la operación de la “casa blanca” de Angélica Rivera. No hay ninguna garantía de que en las próximas semanas no sigan surgiendo otros casos relacionados al patrimonio de miembros del primer círculo de gobierno. Parecería que allá donde se levanta una esquina de la alfombra hay una fortuna o una propiedad difícil de justificar. Si tal fuera el caso, el gobierno de Peña Nieto estaría condenado a ir dando tumbos, entre un escándalo y otro. Y es que la clase política vive hoy lo peor de dos mundos: mantiene prácticas del pasado en materia de tráfico de influencias y apropiación del patrimonio, pero en un contexto en el que las redes sociales, los escasos medios críticos pero con mucha influencia y la atención de la prensa internacional deja en evidencia una y otra vez.

La otra fuente de preocupación para el gobierno son los estallidos de inseguridad que surgen de manera cada vez más frecuentes a lo largo del territorio y hacen que se hable de México como un país con un Estado fallido. Desde luego no lo es, pero tras cada Tlatlaya o Ayotzinapa esa es la conseja que recorre a los circuitos financieros y políticos del llamado “primer mundo”. El gobierno no puede impedir que cada tantos meses surjan tragedias como la de Iguala que hacen trizas la confianza que Peña Nieto intenta inspirar.

Apostar a nadar de muertito es una pésima estrategia porque el gobierno, la imagen del país, las posibilidades de inversión, etc., quedan totalmente vulnerables frente a cualquier manotazo de los muchos demonios sueltos. Estamos expuestos a que la ocurrencia de un cabecilla salvaje, de los tantos mini cárteles que pululan en el territorio, tire por los suelos la narrativa que el gobierno se afana en construir.

Encomendarse a Lucha Reyes le servirá por el momento. Algo así como 26 días. El problema es que a Peña Nieto le sobran los otros 339 días.

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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