La verdad no se termina de entender al gobierno federal y mucho menos se logra salir de las coordenadas del asombro.

El 20 de noviembre, los policías detienen con violencia a once de los cientos de miles de participantes en la gran protesta nacional e internacional, que reclamaba al unísono el regreso con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

A estas detenciones hechas al azar se les aplicaría un guion criminal que terminaría en el ridículo pues buscaba criminalizar la protesta y al mismo tiempo intimidar a la masa de indignados.

Y vaya que era un guion excedido y seguramente diseñado en los sótanos del sistema de seguridad, a todos los detenidos se les acusó sin distingos de ningún tipo de confabularse en “delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio” aun cuando no se conocían entre sí.

Y ante semejante peligrosidad, se les llevó inmediatamente a todos ellos a penales federales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit, donde seguramente pasaron los peores días de su vida entre golpes, amenazas, vejaciones e interrogatorios.

Liberación

Sin embargo, algo ocurrió repentinamente y estos detenidos fueron liberados sin cargos, casi junto con el estudiante de filosofía Sandino Bucio, quien había sido levantado por policías vestidos de civil con lujo de violencia en la zona aledaña a la Ciudad Universitaria de la UNAM.

La explicación de su liberación fue insólita: No se aportaron suficientes elementos para demostrar la culpabilidad de los detenidos.

Pero, cosa curiosa, fue mucho después de las 72 horas constitucionales y sin que quedara firme ninguna de las acusaciones.

¿Qué provocó este cambio en las acciones intimidatorias que seguramente venían de las altas esferas del sistema de seguridad? ¿Ahora cómo van administrar las protestas que siguen sin desmayo? ¿Acaso decidieron esperar a que su propia dinámica termine por rutinizarlas con la ayuda de las fiestas de fin de año? o ¿era tan grande el ridículo que decidieron liberarlos antes de que fuera más evidente el yerro de los sótanos del sistema?

Cualquier cosa es posible.

Sin duda, hay un cambio de estrategia y muy pronto sabremos en qué consiste y seguro buscará ser más eficaz lo cual es preocupante, ¿será más selectivo y discreto?

Lo cierto es que volver a utilizar mecanismos inculpatorios no les va a resultar fácil, sino son capaces de demostrar fehacientemente que hay una campaña efectivamente desestabilizadora que busca generar un ambiente de ingobernabilidad en el país.

Y es que, no por haber mucha gente en las manifestaciones significa ánimos desestabilizadores, en todo caso la desestabilización está en otro lado, tanto en el propio sistema de seguridad como en el comportamiento errático de la economía, que combinada si alteran todo el sistema y la vida de muchas familias.

Especialmente por los ajustes que se están haciendo para garantizar una política de egresos en clave de prosperidad.

La caída de los precios del petróleo está visto, ha perdido más del 20 por ciento de lo que tenían hace menos de un año, y eso un gobierno responsable tendría que hacer un recorte significativo en lo que tiene que ver con los altos salarios de la elite burocrática, los gastos suntuarios y el costo de un sistema de seguridad a todas luces ineficaz.

Pero, parece, que la mirada está en otro lado, cuando se anuncia repentinamente un incremento del 3% en las gasolinas y todo lo que representa la reforma fiscal que se pone en marcha en 2015, es ahí donde está el énfasis y eso podría activar a sectores y regiones que sin duda vendrán a complicar la situación del gobierno con nuevos frentes de protesta.

El cambio de la estrategia fue, sin duda, por lo burdo del montaje que criminalizaba a quienes había sido detenidos al azar, la falta de elementos para justificarlo y encauzarlos penalmente, como también, por las críticas severas que no solo se produjeron en la prensa nacional sino en la internacional. Costaba menos tenerlos en la calle que en las prisiones.

Entonces

¿Cómo justificar tamañas acusaciones con el affaire de la Casa Blanca de Chapultepec?, donde al menos se puso en duda la honestidad de la familia presidencial por su relación con los empresarios del grupo Higa, que de último momento oficialmente se ha dado por cerrado el caso, como si esa decisión dependiera solo del gobierno y no de otros actores de la vida pública.

En un sistema con mayores contrapesos políticos, el Presidente debería separarse del cargo para abrir paso a una investigación imparcial. Pero no eso nunca se ha hecho en México. El Ejecutivo federal puede poner en entredicho la institución presidencial, incluso todo el sistema político, pero nunca ha sido juzgado o removido del cargo. Al menos no con el entramado de complicidades que hoy ponen al país como una nación poco confiable.

Lo vimos con el gobierno de Felipe Calderón, que aun habiendo desatado una guerra contra el narco con un costo de más de 60 mil víctimas, nunca hubo poder institucional, político o humano capaz de renunciarlo por elemental responsabilidad política. Sea esto por acción, omisión o corrupción. Hoy es uno de los políticos que viven la soledad del poder perdido.

A un Presidente al que se le acusa de omisión en el llamado crimen de Estado de Iguala, al que se le acusa de incapacidad de resolver con certeza si los 43 desaparecidos están vivos o muertos, y si además, se le señala junto con Miguel Mancera, como responsable políticos de detenciones ilegales y tortura, debería facilitar las cosas para una investigación de otro poder.

O mejor todavía, en el caso de la Casa Blanca de Chapultepec, el Presidente Peña Nieto debería asumir las responsabilidades que conlleva el origen de esa propiedad que no fue presentada en la primera declaración patrimonial y qué tendría que aportar mayores elementos para deslindar responsabilidades suyas o de su esposa.

Simplemente trasparentar los supuestos pagos de Televisa y esta empresa acredite debidamente los talones de cheques realizados a la entonces actriz y publicista Angélica Rivera, como los subsecuentes pagos de impuestos a la hacienda pública.

Más aun, en medio de esta vorágine de cuestionamientos, ambos, en honor a la transparencia deberían justificar el pago ipso facto de ese millón 325 mil dólares por el cierre apresurado de una compra a crédito de un departamento de lujo en Miami.

En fin, el caso de la detención y liberación de los once universitarios, habla de ese rigor curioso de este gobierno en contra de quienes supuestamente buscan desestabilizar el “proyecto de nación”, pero también exhibe la permisividad cuando se refiere a los omisos y los corruptos en la administración de las instituciones públicas.

La única posibilidad que tiene Peña Nieto de salvarse es reencauzando las instituciones y eso exige que de un primer paso, solo así puede recuperar la confianza perdida que los sondeos arrojan una caída hasta el 40% de aprobación una situación solo comparable a la que vivió Ernesto Zedillo.

Lo otro es seguir con la estrategia de un paso adelante, dos pasos atrás. Y permitir que los duros del gobierno, impongan la dinámica del gobierno.

Eso significa que el Presidente, seguirá empequeñeciendo más rápidamente.

Pero, eso, le ¿importa?

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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