Pareciera que después de dos meses de un país crispado, los diputados no han entendido nada. Desempolvar en estos momentos una Ley de Movilidad Universal en cuya exposición de motivos dice, “quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación, por tanto el Estado buscará mecanismos alternativos para el disfrute de dicha garantía”, es de un imprudencia absoluta, no puede ser interpretado de otra manera que como una ley que busca regular la protesta, un viejo anhelo de algunos grupos, principalmente de derecha, que puede tener elementos dignos discusión, pero que en este momento es tan impertinente como aquel que corta a la novia en el velorio de su suegra.
No deja de ser extraño que el gran cómplice del PRI en esta ley sea Acción Nacional, el partido que más se movilizó, tomó la calle, bloqueó carreteras y puentes de frontera en los años noventa. No están lejos los días en que los panistas defendían con piedras y palos los votos ¿Por qué aquellas manifestaciones sí eran legítimas y las actuales no?, ¿cuáles protestas ameritan cerrar calles, tomar edificios, y cuáles no?
Entendiendo la molestia que puede significar para muchos toparse con una marcha y quedar atrapado en esas marañas de movilidad. Todos los que trabajamos en el centro de alguna capital, sea ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, Torreón o Monterrey, sufrimos esta realidad más seguido de lo que quisiéramos. Pero la protesta y la manifestación son, en todo el mundo, las forma más eficiente de presionar el Estado frete a abusos de poder y, también, el elemento más sólido de construcción de ciudadanía, aunque a muchos no les guste.
El artículo sexto constitucional, cuya esencia viene intacta desde la Constitución de 1857, dice que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público de ciudadanía”. Muchos años después, ya a finales del siglo XX, se agregaron otros elementos sobre derecho a la información y derecho de réplica. Pues bien, este artículo fue uno de los más debatidos en el constituyente del 57 pues, apenas se había aprobado surgieron las voces que querían, acotarlo, sobre reglamentarlo y darle atribuciones a los poderes locales para ejercer el control de la libertad de expresión. En aquellos años fue Francisco Zarco el que sacó la cabeza libertad de expresión argumentando que estando claros los límites en el propio artículo sexto no era necesario poner más cortapisas a la libertad. El argumento de Zarco es igualmente válido hoy, 158 años después.
Pero lo más absurdo es que nuestros diputados siguen pensando que es con leyes como se cambia la realidad de nuestro país. Darle poderes a los gobernadores y alcaldes para limitar la libertad de manifestación no solo no parara las marchas sino que le dará a los manifestantes más motivos para movilizarse.
Los diputados han demostrado, una vez más, que en bola se rebuzna mejor. Que marchen los diputados.
