Las acusaciones en contra de los jóvenes detenidos el 20 de noviembre no dejan espacio para la duda. En la casa de gobierno están enojados y es tan grande el enojo que mueve el ADN autoritario. Y es que vea: A los 11 detenidos se les acusa de los delitos de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio, causas penales que no se han fincado ni siquiera a Joaquín "El Chapo" Guzmán, Vicente Carrillo o Héctor Beltrán Leyva, pero no solo eso, estos manifestantes dada su “peligrosidad” fueron llevados a penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.

Evidentemente es muy difícil demostrar cualquiera de estos delitos y menos todos en un mismo estudiante de Sociología o de Artes Plásticas, pero eso es lo que menos importa. Un juez ad hoc puede demostrar eso y más, decidir consignarlos y sentenciarlos, al margen de su inocencia. Entonces, el objetivo es otro, no se trata de demostrar culpabilidades sino como parte de una estrategia gubernamental inhibir a los manifestantes. Vamos, se judicializa la protesta, cuando es un derecho constitucional.

Sociedad peligrosa

Se trata de trasladar el tema de la violencia desde la esfera del gobierno hacia la sociedad. Y eso podría significar, que Los Guerreros Unidos y Los Rojos, puedan continuar con sus actividades delictivas, el gobierno ya decidió que la sociedad es más peligrosa que los grupos del crimen organizado,

Pero no es nuevo. Lo vimos con el caso de la detención del Dr. José Manuel Mireles y los 380 guardias de autodefensas michoacanos, que por proteger a sus pueblos de los criminales, fueron detenidos, consignados y distribuidos en penales de alta seguridad donde son acusados de delitos similares. Aunque en el caso de los michoacanos, podríamos decir que se logró el objetivo apaciguador, pues hoy prácticamente las autodefensas ya no pintan y el foco de atención se ha desplazado hacia donde existen protestas masivas.

Las posibilidades de éxito de esta estrategia, va a depender de las movilizaciones que se convoquen, como también el rol de los medios nacionales y extranjeros. Hoy, por ejemplo, los cargos contra los detenidos los registran diversos medios internacionales y hacen ver la desproporción entre la protesta y los delitos que se les imputan. Sería interesante comparar estos cargos y los de los miembros de Guerreros Unidos. Seguramente nos sorprenderíamos.

Y eso incrementa la indignación social, los padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, han levantado un grito de protesta ante la Secretaria de Gobernación, exigiendo la liberación de cada uno de ellos y esto no ha ocurrido, ni habrá de ocurrir, en tanto no baje la presión o ya no sea útil mediáticamente. El gobierno de Peña Nieto busca recuperar la iniciativa y tener el control de la situación. Así sea a través de la represión y procesos judiciales a todas luces infames.

Y resulta contradictorio, pues ante la ineficacia de autoridades con los criminales de Iguala, hoy el gobierno aprieta contra estos jóvenes indignados,  qué si quebraron un vidrio, graffitearon o se enfrentaron a la policía, no debería pasar de una sanción administrativa aunque es fuerte la sospecha de que al menos una parte de los encapuchados son parte de los servicios de seguridad, que actuaron bajo el amparo y protección de la policía federal y del gobierno del DF.

Pero, lo verdaderamente amenazador de estas decisiones, está en qué luego de un periodo de descontrol del gobierno federal y un protagonismo débil de la Presidencia de la República y la PGR, ahora como boxísticamente se dice las autoridades se han quitado los guantes para ir a puño limpio contra las protestantes.

Las palizas policiales se las llevaron gente como la productora del documental Presunto Culpable, quien acompañada de otras mujeres de su familia, fueron golpeadas al grito de ataque ¡Para eso querían venir, putas!

La necesidad de colocar a la violencia entre los que la cuestionan obedece a un plan perverso muchas veces practicado en México. La víctima transformada en victimario.  La pregunta es si estos métodos de etapas oscuras de nuestra historia contemporánea,  que en realidad nunca se han ido, son útiles el día de hoy o se transformaran en todo lo contrario de lo que se pretende. Dejar a un lado la política del diálogo y la negociación, para hacer política con garrote y buscar culpables donde no lo hay, y eso es el reconocimiento explícito de la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Vamos, que se hable de los violentos y no de los 43 desaparecidos. No de la ineficiencia del gobierno.

Pero, más todavía, significa que los blandos abren paso a los sectores duros del gobierno, y cuando esto sucede hay un cambio sustantivo en la conducción política, ya no cabe el discurso de las instituciones democráticas y sus beneficios sino su antítesis, el establecimiento del autoritarismo y su asechanza en la vida pública.

Humores y sótanos

Rolando Cordera, escribió un excelente artículo que fue publicado el pasado fin de semana en La Jornada con el memorioso título: No, por ahí no, Señor Presidente, en el primero apunta a si se vale generalizar en el caso de los manifestantes, como si todos tuvieran como objetivo desestabilizar y segundo, cuestiona la tendencia regresiva del discurso que Peña Nieto pronunció en Cuautitlán Izcalli. Pero, quedan sueltas las preguntas:

1) De si es una molestia personal del Presidente por el affaire de la Casa Blanca;  2) si esa molestia personalísima se ha convertido en política de seguridad pública; o 3) dado que los civiles no están funcionando se ha vuelto imperativo la intervención de todo el sistema de seguridad o simplemente lo que Cordera identifica como la activación de “los oficiosos de los sótanos”, que sin duda puede acarrear costos incalculables para el propio Presidente.

Mal estaría que los humores personales se convirtieran en golpes sobre la mesa pero peor, que el Presidente deje de lado la política institucional, la construcción de salidas en el caso Iguala, y eso cambie totalmente el escenario y termine por reeditar el peor momento del salinismo.

Esa amalgama de modernización económica con altas dosis de violencia política, qué tuvo un costo inconmensurable para la vida pública y sobre todo que reedita la máxima de que no puede haber aquella sin redistribución social.

De ahí que la coyuntura más que servir para revelar talantes autoritarios debe servir para revisar nuestros pasivos profundos que están detrás de las protestas y compaginar el debate público sobre la economía y la política.

Y eso pasa, por liberar a los detenidos y ajustar cuentas con los responsables materiales e intelectuales, como con las autoridades omisas o cómplices en Iguala y ante todo matizar la generalización de Cuautitlán Izcalli que amenazan el “Proyecto de Nación”, reconociendo que en este tema los diagnósticos son diferentes desde la campaña presidencial hasta el Pacto por México, es parte del juego democrático y sería terrible como imposible el pensamiento único en esta u otra materia.

En fin, el gobierno ha decidido combinar la mano dura y reformas que el Secretario de Gobernación nos dice, el Presidente anunciará esta semana, pero difícilmente prosperaran sin antes cerrar bien el expediente de Iguala y garantizar el debido proceso a los detenidos.

Por eso, lo de delincuencia organizada y terrorismo, es otro enredo que no tiene futuro.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

#Análisis ¬ ¿Es posible que Claudia suba más? Sí: en 2018, AMLO apretó en los últimos 30 días