Llega otro al ruedo, pero el crimen sigue sin castigo

19/11/2014 - 12:01 am

Finalmente llega un retador, Andrés Manuel lanza el guante a Peña Nieto a ver quién renuncia primero: si Enrique a la Presidencia o López Obrador a su eterna candidatura.

Sin duda el mandatario de la República se encuentra actualmente en su más bajo nivel de popularidad, y de esta manera se entiende la propuesta de renuncia, ¿pero es el proceso correcto para despedir al presidente de su empleo?

Imaginemos que los miles de seguidores de Morena se lanzan al combate, convencen a los demás ciudadanos del país para que se les unan y generan una crisis política tan grande que obliga a Peña Nieto a renunciar. La idea cae ante la primera dificultad: ¿Qué tamaño de crisis se requiere para que caiga un presidente? El último que cayó desde abajo fue Victoriano Huerta.

Si Andrés Manuel sabe que el presidente no va a llegar a ese extremo, sin importar qué tan certera sea la demanda ¿a qué le apuesta?

Intenta dejar en claro que él es ajeno a la clase política responsable (directa o indirectamente) de tener al país bajo el yugo de la delincuencia y la corrupción.

Sin embargo, aunque la pretensión es tan legítima como buscar el liderazgo electoral de los incontables adversarios de Peña (lo que ha intentado durante los últimos 12 años en su búsqueda por la presidencia), me parece que se fue recio. El proceso apenas empieza y él ya quiere que termine.

La caída del actual presidente debe ser el resultado de un proceso de rescate del estado de derecho, que primero lleve al banquillo de los acusados a todos los políticos delincuentes que han sumido al país en el lodo. Sólo al final de este proceso y hasta sanear la inmundicia que constituye la clase política, vendría la renuncia de Enrique Peña Nieto.

También una revolución, violenta o pacífica y que paralice a la patria, puede lograr la renuncia del presidente o al menos ponerlo en una tesitura similar a la de 1911, cuando tras la toma de Ciudad Juárez, Porfirio Diaz entendió que era mejor renunciar que hundir a la nación en una guerra civil. Pero, con todo respeto para mis amigos y parientes en Morena, López Obrador no es revolucionario. No se parece al Fidel Castro de 1953 que asaltó el Cuartel Moncada o que en 1959 tomó el poder por la fuerza. Tampoco  se parece al Che Guevara.

López Obrador es un competidor electoral y ha de llegar al poder por medio de las elecciones como Evo Morales, Verónica Michelle Bachelet o el brasileño Lula da Silva.

López Obrador es un hombre del sistema que ha construido una esperanza electoral dentro del mismo, esa es su mayor fortaleza. Él ha tenido dos oportunidades para iniciar un movimiento violento o pacífico rumbo a una revuelta social pero en ambas ocasiones ha priorizado su vocación partidaria y electoral. Por eso no coincidimos con su demanda, no es congruente con su pasado ni con el futuro que está construyendo.

Por otro lado quiero insistir en la necesidad de construir un moderno estado de derecho a partir de esta crisis.

En Tlatlaya y en Iguala se violaron los derechos fundamentales de decenas de seres humanos, mientras un grupo de funcionarios (necesariamente de alto nivel) conspiró para garantizar la impunidad a los asesinos materiales e intelectuales.

Insisto en que debemos conocer la verdad «tope donde tope» (como decía Lucha Villa, la grandota de Camargo). Esos funcionarios públicos deben ser investigados y castigados con todo el rigor de la Constitución; debemos imponer el imperio de la ley encarcelando a los responsables y a los conspiradores por beneficiarlos con la impunidad.

Si en esa investigación, que merece México y el entorno internacional, resultara implicado Peña Nieto, su renuncia sería inevitable. Así estaríamos construyendo un país capaz de ajustar sus actos al estado de derecho.

Como abogado me gusta ir al fondo, no priorizo las tácticas dilatorias y en política no me gustan las discusiones paralelas a los conflictos centrales.

Tanto en Tlatlaya, como en Iguala, hay desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales indiscutibles, ningún país puede dejar impunes hechos de esta naturaleza, son monstruos anti jurídicos que destruyen la socialización humana. Estos monstruos hay que liquidarlos para dejar claro que nadie en México puede realizar actos de esta clase y retirarse a dormir tranquilamente.

Por eso insisto, hay que encarcelar a todos los responsables de esta conducta criminal inaceptable y comprobada, y no debemos perdernos en el camino.

Gustavo De la Rosa
Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.
en Sinembargo al Aire

Opinión

más leídas

más leídas