La respuesta rotunda es no. Hasta donde se sabe quiénes los mataron fueron los miembros del cártel Guerreros Unidos en colusión con el alcalde de Iguala, ¿pero ahí terminan las responsabilidades en estos lamentables hechos criminales? En democracia la llamada responsabilidad política es un valor indispensable para sus equilibrios y a eso, hay que atenerse, si queremos empezar a salir del hoyo siniestro en qué nos encontramos.

Hay suficiente evidencia de que José Luis Abarca al menos toleraba la presencia y la acción de este grupo criminal, sino es que formaba parte de su estructura y operaba desde su despacho de gobierno.

También el gobernador Ángel Aguirre sabía de las relaciones de José Luis Abarca y su jefe de policía, con el mundo criminal y no hizo nada para enderezar el rumbo en este municipio y por el contrario hay fotos donde se les ve en feliz convivencia con las esposas.

Así mismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, debe tener información valiosa de los grupos criminales que operan en el territorio estatal como de sus miembros más visibles.

Los servicios de inteligencia del Ejército, la Armada y el Cisen, por su labor preventiva estaban obligados a saber de la relación entre los Guerreros Unidos y José Luis Abarca y hasta deben tener también archivos completos de estos personajes.

La misma Secretaria de Gobernación tenía conocimiento de que José Luis Abarca presuntamente había asesinado personalmente a Arturo Hernández Cardona y no intervino quizá por un acuerdo con la dirigencia nacional del PRD, como lo sugiere René Bejarano en una comparecencia reciente ante el CEN del PRD.

Y si todos lo sabían, no es ocioso preguntar: ¿el Presidente lo ignoraba?

¿Porque?

Entonces, si varias instancias del Estado Mexicano tenían conocimiento de lo que acontecía en el municipio de Iguala, ¿porque la insistencia de algunos periodistas y analistas de instalar la idea de que la responsabilidad es de quienes apretaron el gatillo, encendieron la pira y se dieron a la tarea de desaparecer los restos humanos y nada quienes por omisión dejaron que sucedieran los hechos trágicos?

La respuesta fácil es decir sin fundamento que Ciro Gómez Leyva cuando cabecea un artículo exculpatorio (Presidente, usted no mató a los jóvenes de Ayotzinapa) está pagado por el gobierno y eso lo desacredita moralmente para emitir juicios de valor sobre este asunto criminal, menos si agrega en otro artículo de la serie La historia en breve, expresiones de Enrique Krauze quien espera “la primera manifestación ciudadana contra los criminales” o la más más lapidaria de Héctor Aguilar Camín: “los mataron los hijos de puta”.

La respuesta va más allá de los puntos de vista estos personajes del mundo de las letras y la información. El problema es más de fondo y merece entrar en él para dar perspectiva a los hechos que hoy conmueven al país y exigen justicia expedita y pronta, para Guerrero pero también para el resto del país.

Estamos ante los encargados de garantizar la seguridad pública de todos los mexicanos y la omisión configura al menos responsabilidades públicas y estas deben ser investigadas y juzgadas. No puede quedarse en el nivel de los ejecutores materiales, de los hijos de puta, como los califica a Aguilar Camín.

Una investigación de fondo iría por todos los Guerreros Unidos, pero entre los funcionarios públicos no puede circunscribirse a José Luis Abarca y su esposa, sino a quienes teniendo responsabilidades institucionales no actuaron preventivamente o en el momento del secuestro de los muchachos de Ayotzinapa y no se diga cuando se les asesinaba.

Pero no, eso parece ir muy lejos, lo correcto es dar con los culpables materiales y cerrar el caso sin certeza alguna, como pretende hacerlo el gobierno en una conferencia de prensa donde se detalló información brutal y se dieron a conocer los rostros y los nombres de algunos de los presuntos criminales que proporcionaron información definitiva.

Revelación

Iguala, hay que decirlo una vez más, mostró lo que muchos mexicanos saben que sucede en sus ciudades. La complicidad de algunos gobernantes y funcionarios con el llamado poder paralelo de los criminales. Y está a creando una geografía política extraña por lo terrible en varios estados. Expresiones como “el dueño de la plaza”, “estamos arreglados” o el sumiso: “si jefe lo que usted diga y ordene”, son la constatación patética de las relaciones dominantes en muchos municipios del país y particularmente en los estados con mayores índices de violencia.

Más aun, no serían preocupantes las expresiones de Gómez, Krauze y Camín sino fuera porque en esa lógica el problema de seguridad se agotaría con la detención o la aniquilación de los jefes de los carteles, como no sucedió con la detención del Chapo Guzmán, Héctor Beltrán, Vicente Carrillo y ahora con algunos de los líderes de Guerreros Unidos, cuando en estos momentos el gobierno debería estar mostrando sus reflejos y encauzando las responsabilidades políticas e institucionales. Solo de esa manera haría una verdadera prevención del delito y se impartiría justicia en regiones lastimadas por el crimen.

Para empezar con Ángel Aguirre, quien debería estar detenido igual que la pareja Abarca-Padilla proporcionando información de todo el tejido criminal que ha tenido postrado al estado en la última década, pero seguramente el ex te se encuentra tomando unas vacaciones lejos del vendaval guerrerense y seguro que no será indiciado por la justicia.

Y es que a lo más que se llega, en otros casos similares es aplicar la misma receta ya insuficiente, que es la detención y reorganización de las estructuras policiales. Es decir, el resto, el engranaje de seguridad se mantiene intacto. Intocado. Simplemente hoy todo apunta a Iguala, nada hacía Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa o Coahuila, donde podría haber otros casos similares y potencialmente explosivos.

Quizá por eso, no se equivocó quien escribió en un muro la máxima: “Fue el estado” y no “Fueron los Guerreros Unidos”, como parecen reclamar los articulistas señalados, y muy a su pesar se ha transformado en un hashtag con manifestaciones virales.

Solo habría que distinguir entre las expresiones ciudadanas que ven en las omisiones de las instancias de gobierno en clave sistémica. Pensando, quizá, que detectando el problema el sistema pueda autor regenerarse para renovarse; muy distinta a las caracterizaciones político-militares que las ven en clave de insurrección popular que terminara de una vez por todas con el orden corrupto y el establecimiento de una sociedad utópica sin violencia.

Quizá ahí radica la diferencia entre las estrategias que sostienen organizaciones del tipo 43x43 que sentencian: ni revolución, ni actos incendiarios, pintando así su raya de las tendencias duras del gobierno y las posturas rupturistas y antisistema qué están detrás de algunas de las expresiones políticas.

En definitiva, las posturas con sus matices y énfasis de Gómez, Krauze y Camín, al salir en defensa del Presidente Peña Nieto y exigir un cuestionamiento mayor a los Guerreros Unidos, lo que buscan es desviar la atención del foco que todo mundo está viendo menos ellos, no de hoy, en ese lugar ubicuo llamado Iguala.

Y es que sí se mira esa ubicuidad, es por donde podríamos empezar a caminar en una dirección que está visto no se agota con la detención de los líderes visibles de los cárteles sino hace falta qué cada quien se le haga responsable de sus actos y omisiones.

Ese sería la noticia, no la de la Casa Blanca de los Peña-Rivera, o si va o no el maquillista de la señora en el “Air force one” mexicano. O es todo.

Tragedia y espectáculo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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