Pareciera que por primera vez de forma abierta y en distintos foros públicos actores sociales hablan de un narco estado. Este era un concepto que una década atrás fuentes de los servicios de inteligencia de otros países interesados en el nuestro, lo usaban para hablar del estado fallido, circunscribiendo esa clasificación a ciertas entidades y en particular a Tamaulipas.

Hoy también se comienza a oír la expresión narco democracia, para nombrar la alianza entre sectores de los diversos partidos políticos y las organizaciones criminales que se disputan los territorios y circuitos económicos de drogas y demás negocios ilícitos; aprovechándose para ello del aparato electoral y sus millonarios recursos. Y convirtiendo así los votos de los ciudadanos en las balas de los sicarios: “la alquimia democrática del crimen” se podría bautizar a ese proceso.

Que distinto aquel espíritu libertario y democrático de las décadas de los 80 y 90 que recorrió el territorio nacional. Millones de ciudadanos participaron en la llamada transición democrática de México. El que nos pasa de la aguda comedia de Héctor Suarez, desembocó en el que nos pasó de la página roja que es el rostro de nuestro país en estos días.

Son varias las razones que lo explican, internas y externas, pero sin duda una de las más relevantes es la que conduce al fracaso de los partidos políticos al no poder consolidar un estado de derecho democrático y justo. Al acceder al poder quedaron atrapados en las estructuras desmanteladas del estado autoritario y en las redes del crimen y su dinámica de dinero sonante y constante.

Su debilidad o soberbia los llevó a encerrarse en sí mismos, con una reforma política que terminó de obstruir los poros por donde los ciudadanos podrían respirar.

Parece que no les importó, pasara lo que pasara a no ser que la ciudadanía, en su gran mayoría decidiera no votar y de esa forma todos perdieran su registro, liberando así al sistema político para poder reformularse a partir de los mismos ciudadanos.

Pero eso ciertamente no está ahora en las opciones posibles y tal vez, por ello piensen que son vientos pasajeros los que hoy se viven y que con algunos acuerdos que se firmen para blindar a las elecciones, se recuperara la normalidad política.

El problema es que todo apunta que la crisis nacional que detonó la violencia criminal ejercida por las autoridades del ayuntamiento de Iguala, (la del Lábaro Patrio), asociadas a células de un cartel, contra un grupo de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, es ya un potencial tsunami político-social.

Ivonne Melgar en Excélsior, lo registró cuando hizo su detallada descripción de las pancartas de la protesta reciente en la ciudad de México, al rescatar la frase: “no supieron con qué generación se metieron.”

Ciertamente una generación que ha encontrado en esta profunda desgracia un camino de identidad que cruza territorios y clases sociales y reúne a estudiantes y jóvenes rurales y urbanos, de universidades públicas y privadas, grandes y pequeñas.

Y como los que viven en las entidades federativas saben bien de esa simbiosis entre políticos, policías y células criminales; saben bien de los lugares de riesgo donde pueden perder la vida por el asalto locuaz de unos cuantos delincuentes, que se han apoderado de las vías de circulación ante los ojos de la autoridad y muchas veces protegidos por ella misma. Éstos habitantes de provincia han comprendido el dolor y el fuego interior de las víctimas de Ayotzinapa.

Por lo mismo no fue casual que en Cuernavaca, donde surgió hace tres años el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, marcharan cerca de 20 mil personas encabezadas por el rector de la Universidad Autónoma del Estado Morelos y que en muchos otros lugares del país se manifestara una solidaridad espontánea, una voz colectiva que clama justicia y que es, en mucho la savia de la nación.

Los ciudadanos, las comunidades, las familias han perdido la seguridad cotidiana. Se les ha expropiado la paz social, imponiéndose un horario, que reduce sus horas de vigencia, al capricho y voluntad de las células del crimen: un estado de sitio ejercido a dosis por actores anónimos.

En el interior de México así se vive en múltiples lugares donde no importa quien gobierne por que quien domina es la demencia criminal que es la expresión más salvaje del capitalismo como lo señala Roberto Zamarripa, en su lúcido y reciente artículo en Reforma.

El grito de hace tres años que dio Javier Sicilia “Estamos hasta la madre”, se ha multiplicado y su señalamiento de que vivimos un estado de emergencia se ha convertido en una evidencia.

Lo platicamos en el café, en las reuniones, en los lugares de trabajo, la violencia de estos nómadas de la muerte, ya se les fue de control a todos. Y quienes los han amparado comienzan a ser sus víctimas también.

Ante este destino que nos alcanzó, diversas organizaciones se manifiestan para exigir que lo que ha sucedido en Iguala no quede impune, a ellas se suman las organizaciones empresariales del país que se expresan en términos similares. Pero lo cierto y lo saben todos, es que nada va a suceder si los ciudadanos no se movilizan y expresan con contundencia su rechazo a la impunidad y la violencia; y eso implica movilizaciones sociales, donde los estudiantes no pueden cargar solos en sus hombros a la nación y el gobierno no debe repetir la historia de la décadas de los 60 y 70 y los partidos políticos no pueden seguir inmunes, ante la pérdida de su credibilidad y representación. Lo que ha crecido exponencialmente es la violencia y los vacíos de poder.

Estamos ante un dilema, eso es lo primero que no se puede negar, ocultar o darle la vuelta. Y es un dilema que nos marcará como nación.

Tomás Calvillo Unna

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