Hay muertes de personajes célebres que coinciden en el mismo día, como la de Shakespeare y Cervantes que murieron el 23 de abril de 1616, pero hay otras que sin tener aquella significación histórica ocurrieron no el mismo día, pero sí en meses próximos.

Se trata de muertes de personajes regionales que tuvieron la gallardía de salir del anonimato y encabezar luchas quizá minúsculas, aisladas, irrelevantes en el ámbito nacional, pero de honda significación para sus comunidades. Tienen que ver muchas de ellas con la defensa de bienes comunitarios y eso significa hombres o mujeres que dejan la obscuridad del anonimato para enfrentar a poderes de jure y de facto.

Es el caso de los líderes sociales sinaloenses Ramón Corrales Vega y Atilano Román Tirado que fueron asesinados, uno en mayo en los montes secos del municipio de Choix y el otro, en octubre en una cabina de radio de las instalaciones del periódico El Sol de Mazatlán, sin que importara que en ese momento estuviera acompañado de una pequeña de 9 años de ojos vivaces. Una muestra más de que el sicario no tiene alma, ni sentimientos que lo haga titubear, solo cumple impasible órdenes de quien le paga.

Pero, ¿en que coinciden los asesinatos de Ramón y Atilano? Más allá, de que ambos son hijos naturales del campo sinaloense y una edad más o menos similar el día de su muerte, hay otras coincidencias que podrían llevar  a la hipótesis de que si bien no fue la misma mano ejecutora, si la misma motivación.

Más todavía, es probable también el mismo destino, la impunidad que hoy ensombrece la memoria de la activista sinaloense Sandra Luz Hernández, quien buscando a su hijo desaparecido encontró la muerte en mayo pasado.

I

Ambos  líderes comunitarios en las antípodas geográficas del estado lucharon por proteger los bienes de sus pueblos. Ramón Corrales, ex comisariado ejidal de El Cajón de Cancio, en el municipio serrano de Choix, encabezó la lucha  contra la minera Paradox Global Resources que gracias a un acuerdo había venido explotando desde 2006 yacimientos de hierro y los lugareños reclamaban el pago de 5 millones de dólares y el cumplimiento de compromisos para mejorar la infraestructura del pueblo.

 Atilano Román, por su parte, en 2007 salió desde La Puerta de Canoas, para reclamar un pago digno, la reubicación con la dotación de viviendas, accesos y servicios públicos y los beneficios en la explotación turística del embalse de agua a los pobladores de comunidades del municipio de Mazatlán que desaparecerían con la construcción de la Presa Picachos.

Sus pueblos enfrentaron a dos administraciones estatales, la de Jesús Aguilar Padilla y la de Mario López Valdez, quienes favorecieron las iniciativas de inversión para el desarrollo regional y facilitaron los acuerdos entre las partes. Sin embargo, como muchas cosas que suceden en México, lo que se acuerda ante notario público luego ya en camino terminan por no cumplirse o se dan largas para concluir en unos tribunales que dejan en duda su independencia.

Así, tenemos, que luego de conversaciones rotas viene en paquete desesperación, declaraciones contundentes, marchas, plantones, bloqueos que terminan por violar ordenamientos que se transforman en la coartada perfecta para proceder contra los infractores.

Así, Corrales Vega,  cuando ve que el Gobierno del Estado se pone al lado de la empresa minera encabezando un acto de resistencia la comunidad bloqueando el acceso a las instalaciones de la mina.

Esto dio la pauta legal para iniciar una demanda penal que la autoridad resolvió en forma expedita y tiene presos a 17 campesinos en el Penal de Los Mochis, mientras Ramón evadió la detención escondiéndose hasta que lo alcanzaron las balas de los cuernos de chivo.

Román Tirado, por su parte, ante el incumplimiento de los compromisos firmados por el Gobierno del Estado, encabezó al lado de sus compañeros y familias un movimiento social que desbordó los límites del municipio y se hizo presente en la vida pública del estado.

Son memorables los actos de resistencia de los llamados Picachos que marcharon los más de 200 kilómetros que separan sus pueblos y la sede del gobierno estatal, los plantones y la participación fallida en el Carnaval de Mazatlán en 2013.

A ellos les toca un “fuego cruzado” extraño en la carretera de Culiacán y Mazatlán y caen muertos seis comuneros, luego se encarcelaría a sus dirigentes no por mucho tiempo y se les liberó para volver a la carga, hasta que fueron consiguiendo el cumplimiento de sus demandas. Alguna vez Atilano me confió en el aeropuerto de Mazatlán: “Estamos viendo las cosas en el DF, nos va mejor”.

II

Ambos dirigentes vivieron en las partes altas de municipios que han estado controlados por narcotraficantes y hasta donde existe información, estos nunca se metieron con ellos, aunque trasciende en el diario Noroeste que la semana anterior al atentado de Atilano Román, éste había denunciado el interés de algunos de ellos por hacerse de poder en la zona de la presa como lo habían hecho algunos políticos.

III

Ambos mueren en un año especialmente desolador luego de que se descubrieron las fosas con 17 cuerpos calcinados en las inmediaciones de Iguala y el pronunciamiento de parlamentarios europeos que animan a este poder supranacional a romper un acuerdo global con México, en tanto no se aclaren los hechos violentos y se den con los culpables materiales e intelectuales de Tlatlaya e Iguala.

IV

Ambos, además, mueren cuando aparece un artículo escrito por Javier Sicilia en Proceso y donde el poeta hace una caracterización terrible del Estado mexicano. Identifica una tendencia de violencia incubado en las esferas de gobierno y qué se llama: “violación a los derechos humanos”, y va contra quienes no se discipline al orden establecido y acepten las nuevas reglas del juego. A los luchadores sociales, dice Sicilia, se le están aplicando correctivos, como son las detenciones selectivas del Dr. José Manuel Mireles, líder de las autodefensas michoacanas y la de Mario Luna, líder de los yaquis de Vicam recluidos en el Cereso de Hermosillo.

V

Finalmente, ambos recibieron el mismo ofrecimiento de que su muerte no quedarían impunes e irían contra los culpables.

En definitiva, la escalada de detenciones y muertes de luchadores sociales que atraviesa el país, de Chiapas a Sonora, de Michoacán a Guerrero, es imposible verlos como tragedias aisladas y animan a considerarlo como una política, especialmente fuera del país, como una cruzada que muestra la debilidad de las instituciones y como lo señala el juez español Baltazar Garzón, pone a México “cerca del genocidio”.

Los multicitados casos de Tlatlaya e Iguala, donde el ejército y la policía se ven involucrados en la muerte de decenas de personas, más la extraña e incomprensible incapacidad de gobierno para dar con el paradero de los integrantes del llamado cártel de Guerreros Unidos y el escondite de la pareja que hasta hace unos días gobernó el municipio de Iguala, son el mejor ejemplo de la debilidad de  las palabras del Presidente Peña Nieto, quien ha comprometido que en el caso de Ayotzinapa, va con todo  “tope donde tope”.

Y para Ramón y Atilano, el olvido, se suman a esa relación de muertes sin justicia.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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