Las primeras noticias de los 42 normalistas desaparecidos llegaron como rumores, como trascendidos, nada como evidencia definitiva, hoy una triste verdad. Es la semilla amarga de lo que podría ser un nuevo San Fernando, Tamaulipas o Tlatlaya en el Estado de México, donde quedaron regados decenas de cuerpos de migrantes y presuntos delincuentes.

Esos crímenes masivos que se han encargado de mostrar la otra cara de México, la de un país que nada parece tener de moderno, donde la barbarie se impone a pesar de los servicios de seguridad renovados. O quizá por eso, porque no ha cambiado nada y estos agentes se siguen moviendo con la máxima de José Fouché de que “los gobiernos pasan, los policías quedan”.

La muerte y la desaparición de jóvenes normalistas que cometieron la audacia de tomar  camiones para trasladarse a la sede de su institución y continuar con los preparativos del traslado a la ciudad de México, donde participarían en los actos conmemorativos del 46 aniversario de la matanza de la Plaza de Tlatelolco, terminó en desmesura violenta y trágica.

Su arrojo reiterado desató la furia de unos pistoleros con o sin carnet policial, con o sin justificación,  que dispararon en contra de ellos. Ahí cayeron los primeros estudiantes y se llevarían con resistencia a decenas de ellos. Pasó una semana antes de que se empezaran a conocer  los primeros indicios de las investigaciones policiales. Una semana larga para los familiares, compañeros, amigos.

Motivo de sospecha de que desde antes de la información en la Secretaria de Gobernación tenían información del destino y muerte de los jóvenes secuestrados o que se podría tomar el camino largo de las indagatorias para ir bajando presión a la burbuja mediática. ¿O acaso el estudio ADN no llevará semanas antes de que conozcamos sus resultados?

Interrogantes

Hoy se dice que los culpables son los miembros del crimen organizado pero la sola afirmación provoca interrogantes que no han sido respondidas por ninguna autoridad: En el momento de los crímenes y los secuestros, ¿dónde estaban los miembros de las distintas corporaciones policiacas de la capital del estado? ¿Dónde se localizaban y que hicieron los miembros del ejército encargados de patrullar incesantemente las vialidades el estado? ¿Qué hicieron éstas corporaciones entre las desapariciones y los asesinatos de los jóvenes futbolistas del Club Avispones? ¿Dónde se encuentra el alcalde de Iguala que de inmediato debió ser detenido para interrogarlo y contribuyera a las investigaciones en curso? ¿Por qué ese llamado a no especular sobre las fosas encontrada cuando es urgente dar a conocer los resultados de la investigación?  Ya no digamos por la necesidad de informar a la sociedad, sino ante todo cuándo es un asunto que ha trascendido las fronteras y se ha transformado en una bola de nieve hasta convertirse en una cuestión de Estado.

De imagen y percepción, esa que tanto preocupa a los funcionarios y que hoy los deben tener locos las ocho columnas de la prensa internacional. Su reiterado señalamiento de los silencios, las ambigüedades y las opacidades entre las autoridades competentes. El riesgo de una muestra más de impunidad que deja lagunas de impotencia en franjas importantes de una sociedad lastimada.  Consciente en muchos de sus miembros de que un secuestro de esta magnitud no puede ser sin la complicidad y la tolerancia de al menos la policía y la política estatal.

No es casual el pronunciamiento del CEN del PRD contra su correligionario en el gobierno municipal de Cuautla y haya decidido ipso facto expulsarlo de sus filas. Algo deben de saber los dirigentes perredistas sobre este personaje que hoy ante las lámparas mediáticas se le señala de connivencia con el crimen organizado. Con el grupo criminal Guerrero Unido que desde hace años asolan al estado y llegan a poner autoridades y jefes policiacos.

Estado fallido

Es la singularidad de un Estado fallido en varias regiones del país, donde no solo no se controla el territorio, sino llega a compartir el poder con criminales investidos de representantes populares. Quizá, por eso, el caso de los asesinatos de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, va mucho más allá de ser un asunto de las regiones donde el crimen organizado es amo y señor pues llega a las esferas del gobierno.

Y, por tanto, dada la gravedad de esta crisis obliga a una respuesta del tamaño de la provocación criminal. Aunque hay muchas dudas de una respuesta de fondo luego de lo de ocurrido en Michoacán, donde la Tuta sigue subiendo videos a la red de Youtube, habría que preguntarse si esta ocurrirá o es un suceso más de una cadena interminable de crímenes en la más absoluta impunidad.

Los cárteles guerrerenses son producto de la balcanización que se vive luego del descabezamiento de la mayoría de los grandes y tienen una menor capacidad operativa que la de sus antiguas jefaturas. Ahí está el caso del cártel Guerreros Unidos señalado por las autoridades como el responsable de la muerte y la desaparición de estudiantes. Un grupo desconocido hasta ahora fuera del estado pero de extraordinaria capacidad operativa y de amedrentamiento a las autoridades locales incluidas las policías que muchos de sus miembros podrían estar en su nómina.

Sin embargo, habría que preguntarse porque en medio del posicionamiento mediático de la Gendarmería Nacional, estás no actuaron antes de que ocurrieran los hechos y sus pesquisas no han sido los expedita como se esperaría por las urgencias del gobierno mexicano de ofrecer resultados inmediatos y confiables.

En México, tenemos un serio problema con la balcanización de los grupos criminales luego de la detención o muerte de muchos de los barones del narcotráfico y hasta ahora ante esa Medusa siniestra no parece haber una política pública eficaz que realmente disminuya los delitos dolosos en los niveles regionales y municipales.

Expedientes

Guerrero es un caso notorio. No es cualquier estado en nuestra geografía criminal pues desde hace varios años ocupa un lugar privilegiado en el índice nacional de homicidios dolosos y eso obligaría, a tener un expediente exacto de los grupos y desprendimientos que operan en él, como también de sus jefes y  guaridas, pero esto no parece suceder por las redes de complicidades y es más probable que sea más completo el expediente de los estudiantes normalistas incluidos los muertos y desaparecidos.

Son de las paradojas que enseñan los archivos históricos de seguridad pública, que son profusas en información sobre luchadores sociales, pero frecuentemente parcos o inexactos en materia de grupos criminales. Y es necesario que el gobierno invierta estos términos so riesgo de que cada día se extienda más la mancha de regiones con gobiernos fallidos.

En definitiva, los hechos ocurridos en Guerrero son una infamia nacional y más el secretismo que los envuelve de manera que conforme pasen los días, y próximamente las semanas, en muchos parecerá la mecánica singular de procesar la barbarie haciendo que se pudran mediáticamente hasta reducirlo a un asunto de las familias que hoy les lloran y no duermen.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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