Ha sido largo el camino que los habitantes de la capital del país hemos tenido que recorrer para adquirir derechos ciudadanos plenos. Además del cabildo de la ciudad de México, hasta la reforma de 1928, promovida por Álvaro Obregón durante su campaña por la reelección presidencial, en el D. F. había municipios con tradición propia: Coyoacán, San Ángel, Mixcoac, Tlalpan, Tacuba, Azcapotzalco... Cada uno con su concejo y con atribuciones heredadas de los ayuntamientos de la época colonial. Obregón buscó despojar a los habitantes de la entidad de derechos políticos para debilitar a sus adversarios del Partido Laborista —brazo político de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)— que controlaban el ayuntamiento de la ciudad de México y se habían opuesto a su reelección.

            Desde 1928, en coincidencia con la construcción del monopolio político que devendría en el régimen del PRI, la ciudad de México quedó excluida incluso del simulacro electoral que se escenificaba en el resto de las entidades del país. Los municipios tradicionales quedaron convertidos en delegaciones burocráticas y con ello sus atribuciones específicas se perdieron, lo que contribuyó al deterioro de su entorno y a su fusión desordenada en la monstruosa mancha gris hoy conocida con el burocrático nombre de D. F. Las delegaciones quedaron convertidas en meras oficinas de trámite, sin atribuciones sobre ordenación territorial, sin capacidad para defender sus fundos legales, sin representatividad ciudadana alguna. Era el diseño institucional acorde con el autoritarismo de la época clásica del PRI.

            Fue en la época de Echeverría (1970—1973) cuando el antiguo territorio del municipio de México quedó dividido en cuatro delegaciones más, con lo que se acentuó el modelo de gestión basado en la desconcentración de la gestión de algunos servicios, pero sin participación ciudadana alguna. Los nombres de las nuevas delegaciones siguieron el modelo de nomenclatura del régimen: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. Con ello desapareció formalmente la ciudad de México y hasta sus habitantes comenzaron a decirse defeños, mientras fuera de la capital eran despectivamente llamados chilangos. La identidad local se diluyó junto con los derechos políticos y el gobierno de la capital quedó en manos de un empleado del presidente de la República, el cual sólo rendía cuentas al señor del gran poder pues él era el quién lo podía remover libremente.

            Desde los tiempos de la reforma política de 1977, la desencadenante del proceso democratizador, el tema de la falta de derechos políticos de los habitantes de la ciudad de México estuvo sobre la mesa pero fue repetidamente eludido. El cambio político en la capital ha sido más lento y gradual que en el conjunto del país. No fue hasta 1991 cuando los capitalinos pudimos votar por una asamblea de representantes aunque sólo con facultades reglamentarias. El jefe de gobierno no se eligió hasta 1997 y los delegados sólo lo han sido por votación popular a partir de 2000. La asamblea, a pesar de contar ya con facultades legislativas, no es un congreso de pleno derecho, no tiene facultades constitucionales y no forma parte del constituyente permanente de la federación.

            Ahora al fin se abrirá un proceso constituyente para la Ciudad de México. La constitución de la entidad contemplaría, según ha dicho Mario Delgado, presidente de la comisión del Distrito Federal del Senado, la creación de municipios con cabildos, la eliminación del burocrático nombre de D. F. y el establecimiento de un congreso local. Sin embargo,  el proceso constituyente se presenta como una gran oportunidad para la innovación constitucional en México. ¿Por qué no aprovechar el proceso de diseño institucional para avanzar en la construcción de un régimen más democrático y plural, más gobernable y más eficaz? Las posibilidades existen; sería bueno que los constituyentes estuvieran abiertos a la creatividad basada en la experiencia internacional y no se limitaran a copiar las instituciones existentes en otras entidades del país.

            El tema más relevante será la creación de municipios con sus ayuntamientos. El modelo imperante en el país es presidencialista: los presidentes municipales son electos por mayoría relativa con sus respectivos cabildos, mientras que se reservan sólo algunas regidurías para la representación proporcional. ¿Por qué no pensar en cabildos compuestos exclusivamente por concejales elegidos por representación proporcional en los cuales se formaran coaliciones para nombrar al alcalde? Ese es el modelo imperante en la mayoría de las democracias avanzadas y aunque Rajoy lo quiere echar abajo en España para favorecer a su partido, es el que permite de mejor manera la integración plural y la gobernación eficaz. Los ayuntamientos constituidos así están sometidos a un proceso permanente de rendición de cuentas, pues la permanencia en el cargo de los alcaldes depende del cumplimiento de los compromisos adoptados ante el pleno del ayuntamiento.

            Hace unos días el periódico Reforma publicó una nota que alertaba sobre el costo que tendría el establecimiento de cabildos en las actuales delegaciones. Según el artículo, la elección de concejales dispararía el presupuesto de la ciudad. Esto no tiene por qué ser así necesariamente, aunque en México sea tan frecuente la creación de burocracias superfluas. Los concejales que formaren parte de la coalición mayoritaria en el ayuntamiento serían los que ocuparen las carteras ejecutivas que hoy ejercen los directores delegacionales.

Además, la innovación institucional debería incluir la creación de un servicio de funcionaros de carrera reclutados por méritos y con permanencia, en lugar de la actual estructura clientelista de la burocracia del D. F. donde los empleos se consiguen por disciplina partidista y lealtad personal. Una burocracia profesional es un imperativo para la existencia de un servicio público menos politizado y más eficiente. Si los nuevos municipios se construyeren con base en un servicio profesional, tal vez veríamos la reducción de la corrupción, de la extorsión con pretextos administrativos, de la recogida de basura con métodos de la época de Maricastaña y a costa de los ciudadanos y muchas otras taras de la gestión urbana de la capital.

            La elaboración de la constitución sería también la oportunidad para que las regiones de la capital recuperaran sus nombres tradicionales y dejaran atrás sus nombres burocráticos. Que San Ángel vuelva a ser San Ángel y la Villa la Villa. Que Mixcoac y Tacubaya vuelvan a ser ayuntamientos y recuperen sus sedes históricas. Una nueva división política que recupere la historia pero se haga cargo de la realidad actual de la entidad será uno de los retos del constituyente. Por ejemplo, hoy existe una zona llamada Santa Fe que está en litigio entre Álvaro Obregón y Cuajimalpa. ¿No necesita su propio ayuntamiento?

            El constituyente también es una oportunidad para innovar en la relación entre ejecutivo y legislativo en la ciudad. Una cámara electa esencialmente por representación proporcional, en circunscripciones municipales, que sea un espacio para la formación de coaliciones de gobierno, con un jefe de gobierno que, si bien será electo por mayoría relativa, tenga que estar obligado a construir su mayoría alrededor de un programa de gobierno sobre el cuál tenga que rendir cuentas.

            El espacio para la innovación es enorme. Si el resultado de la constitución de la Ciudad de México es más de lo mismo, lo que habrá ocurrido será un mero parto de los montes.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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