Incitatus: el amparo 561/2014

12/08/2014 - 12:00 am

Hay jueces que no merecen el título, pues no respetan el derecho ni hacen justicia.

“Tendrás el nombre de rey si hicieres derecho, y si no haces derecho no podrás llevar el nombre de rey, porque el rey tiene dos virtudes, la verdad y la justicia”, dictaban los visigodos del siglo V, manifestando las primeras ideas del control de la voluntad real por la ley de acuerdo con los estudios del maestro Jesús Ángel Arroyo Moreno.

Así debería decírseles a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del circuito judicial federal de Chihuahua, y especialmente a la magistrada ponente en la queja del amparo 561/2014, pues fueron ellos quienes, contraviniendo la ley, legitimaron la decisión del Congreso del Estado de nombrar por un tercer periodo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz.

El apego al derecho ya era una idea clara en 456 d.C., en la hoy península ibérica, cuando los reyes Redesvinto y Chindasvinto ordenaron la recopilación de leyes que se iban a aplicar en el recién formado imperio Visigodo, buscando la independencia jurídica de Roma.

Volviendo al presente, en la resolución del recurso de queja que se tramitó en ese tribunal y que sepultó los juicios de amparo promovidos por varios ciudadanos, los magistrados noactuaron como verdaderos jueces.

Debido a que la ley de la CEDH establece que su dirigente sólo podrá serlo por dos periodos, en marzo de 2014 se convocó a los aspirantes a ocupar el puesto que necesariamente debía dejar Armendáriz, quien ya concluía su segunda vuelta. Pero, en un giro esperado, él fue designado por el Congreso del Estado para un tercer periodo consecutivo, contraviniendo la letra y el espíritu de la legislación.

Aunque se interpusieron los juicos de amparo, el juez Tercero de Distrito desecho las demandas en el primer acuerdo, negándose a darles trámite porque (según él) las facultades de los parlamentarios de nombrar al presidente de la Comisión son totalmente discrecionales. Ni siquiera admitió el derecho a procesarlas.

Para su resolución, tomó como precedente una sentencia emitida en la ciudad de Guadalajara. En aquel caso, el resolutor concluyó que la votación final para elegir ombudsman es un acto discrecional y libre de los miembros del Congreso, situación que surgió a raíz de que varias ONG’s propusieran un candidato diferente al designado oficialmente y los tribunales federales tomaran la medida para defender el derecho de los diputados a votar por quién quisieran.

En el caso de Chihuahua, es evidente que no aplicaba el precedente porque lo que se impugnó no era la libertad de voto de los diputados, sino la inelegibilidad del designado; los diputados pueden votar por quién ellos quieran, siempre y cuando los ciudadanos votados cumplan los requisitos de la ley.

No es cosa de grandes juristas ni se necesitan profundos estudios establecer que el Congreso del Estado tiene la obligación de respetar la ley y luego votar en libertad.

Al ratificar la sentencia dictada por el juez de Distrito, los magistrados establecen dos peligrosos precedentes.

Primero, han oficializado una trampa procesal. Rechazando la demanda por improcedente, sin darle trámite, ya sólo queda disponible el recurso de queja, y la resolución de tal recurso no admite la posibilidad de revisión por la Suprema Corte de Justicia, esto significa un verdadero fraude a la ley.

Ahora sí, basta un acuerdo de jueces de Distrito y magistrados de un Tribunal Colegiado (donde el juez discrecionalmente rechace la demanda y el tribunal el recurso de queja), para cancelar el derecho de amparo de los ciudadanos agraviados por un acto de autoridad arbitrario. De esta manera, todo queda en familia y la Suprema Corte no puede atraer el asunto, ni siquiera conocer el expediente por las pastas.

El otro precedente es que, a partir de ahora, en todas las designaciones de funcionarios o ratificaciones de las mismas, tendrán total discrecionalidad los diputados para nombrar a quién ellos quieran; exactamente como lo hizo Calígula cuando nombró cónsul a su caballo: Incitatus.

Mientras tanto, seguimos gritando: ¡Qué viva México! ¡Arriba Chihuahua!

Gustavo De la Rosa
Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.
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