Si se puede sacar una conclusión contundente del Foro Internacional sobre Política de Drogas que organizó la cámara de diputados —sobre todo impulsado por Fernando Belanzaurán— esta semana, es que el consenso previamente existente en torno a la prohibición de las drogas se ha roto y uno nuevo comienza a abrirse paso. Desde luego que nunca fue unánime la visión prohibicionista, pues siempre hubo voces disidentes que cuestionaron la idea de que la mejor manera de prevenir y enfrentar las adicciones y los males a la salud relacionados con el consumo de sustancias psicotrópicas es combatir policialmente la oferta y criminalizar a los usuarios para disuadir la demanda. Sin embargo, entre los políticos y los gobernantes el consenso era casi unánime y cualquier posición en contrario era considerada electoralmente muy riesgosa, dado el amplio respaldo social que la prohibición llegó a tener.

En la academia la discusión ha sido más compleja y el consenso más débil. En el ámbito de los científicos, desde hace años se han llevado a cabo cientos de estudios ya sea para respaldar o para cuestionar la estrategia prohibicionista como la forma adecuada para manejar los efectos sobre la salud derivados del consumo de sustancias muy diversas. Ha habido muestras de exageración de los daños causados por ciertas drogas como la mariguana o el LSD, lo mismo que estudios complacientes que pretenden minimizar los efectos también con una agenda política oculta. Sin embargo, entre la ciencia más seria y objetiva gradualmente se han ido abriendo paso las visiones que, con base en evidencia contrastable, plantean con objetividad que los males asociados a las diferentes sustancias deben ser tratados de manera específica y que, por lo tanto, una política de prohibición que trata a todas las sustancias por igual puede agravar el problema en lugar de atemperarlo.

Mientras tanto, en el ámbito del análisis y el diseño de políticas públicas, también la polarización se ha exacerbado ya desde hace décadas. Frente a los defensores del modelo prohibicionista, ya desde hace años se han desarrollado planteamientos sobre la necesidad de enfrentar el tema desde el lado de la demanda, con especial énfasis en la prevención de los consumos peligrosos, la reducción del daño y el tratamiento, y la regulación estatal de los mercados hoy controlados por las organizaciones criminales.

Los últimos en llegar al debate han sido los políticos y los burócratas. Desde luego no en todos lados, pues es bien sabido que los Países Bajos llevan ya 30 años con una política pública que ha descriminalizado de facto a los consumidores, ha separado mercados al crear un espacio controlado para la venta de mariguana al menudeo y ha echado a andar programas de reducción de daño y su experiencia ha influido en las políticas de otros países europeos; Portugal, por su parte, ha avanzado más, pues ha descriminalizado de jure el consumo de todas las sustancias prohibidas por los tratados internacionales y ha desarrollado un amplio programa de salud con prevención, reducción de daño y tratamiento. Sin embargo, también en Europa subsisten Estados de línea dura, como Suecia.

A pesar de la excepción europea, de hecho limitada, el consenso político prohibicionista exacerbado a partir de 1988 con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, no había mostrado fisuras hasta hace muy poco tiempo. Primero fueron las voces de algunos ex presidentes que, junto con intelectuales y académicos, llamaron a cambiar el paradigma prohibicionista. Después, poco a poco se comenzaron a oír las voces de distintos presidentes en ejercicio, sobre todo en América Latina, que pedían reflexionar sobre los grandes males provocados por la prohibición, sin que el objetivo de un mundo libre de drogas hubiera avanzado un ápice.

En el foro de esta semana se hizo evidente que, si bien todavía el enfoque prohibicionista cuenta con fuerte respaldo, se ha abierto paso una nueva mirada que quiere poner el foco en estrategias de política de salud y de regulación de mercados y no ya en el combate al tráfico y a las adicciones como si de una plaga se tratara. Los elementos de este nuevo enfoque se pueden resumir más o menos así:

—La prohibición ha fracasado. No sólo no ha reducido la disponibilidad de drogas sino que ha agravado los problemas sociales y de salud relativos al consumo: infecciones por compartir jeringas (sobre todo VIH), intoxicaciones y sobredosis por drogas adulteradas, introducción de los consumidores de drogas blandas al mercado de drogas duras, encarcelamiento de consumidores y penas desproporcionadas por delitos no violentos, además de la estela de muerte y violencia producidas por su aplicación.

—Los problemas relativos al uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes pueden ser tratados de manera más eficaz desde el sistema de salud. La prevención, la reducción de daño y el tratamiento deben ser los tres ejes de la estrategia.

—No todas las drogas actualmente prohibidas tienen el mismo grado de peligrosidad. Cada tipo de sustancia debe ser tratada de manera específica, con regulaciones diferenciadas e intervenciones específicas.

— La mariguana, por ser la sustancia de las hoy prohibidas de más alto consumo y por tener un grado de peligrosidad relativamente bajo, debe ser regulada de manera que su comercio quede separado de drogas mucho más peligrosas y se restrinja eficazmente su disponibilidad a los menores.

Nadie ve a la reforma de la política de drogas que se está abriendo paso como la solución mágica para los problemas asociados al consumo de drogas. Los sistemas de salud tendrán que adaptarse y la regulación implicará complicados problemas de implementación. Pero sin duda los recursos públicos estarán mejor enfocados si se destinan al sistema de salud y a la persecución de delitos depredadores como el secuestro, el robo y el homicidio, en lugar de combatir a balazos un mercado que puede ser bien regulado por el Estado.

No se trata, desde luego, de pasar del actual estado de cosas a un libre mercado de sustancias. La nueva regulación implica un complejo proceso de diseño y su aplicación será compleja, pero seguro las cosas estarán mejor que ahora. Lo que no deja de sorprender en el debate es que quienes deberían estar dedicados a la prevención o el tratamiento de las adicciones como los Centros de Integración Juvenil, entre los privados, o el Consejo Nacional para la Atención de las Adicciones, entre los públicos, sigan insistiendo en que su trabajo se los haga la policía, en lugar de buscar un nuevo arreglo que les canalice más recursos. Paradojas de la necedad.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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