Entre la jura de Juan Carlos I como rey y su abdicación ha transcurrido el mismo tiempo que entre el levantamiento militar de Francisco Franco con el que comenzó la guerra civil y la muerte del dictador. Si el triunfo militar del nacional catolicismo en 1939 instauró un régimen que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial dejó a España con el paso cambado respecto al resto de Europa occidental , que vivió a partir de entonces una era de crecimiento y distribución sin parangón histórico, la llegada de Juan Carlos de Borbón a la jefatura del Estado en 1975 abrió un proceso de cambio político que sentó las bases para una época de crecimiento económico y despliegue del Estado de bienestar en tiempos en los que el resto de Europa, en plena ola neoconservadora, echaba atrás muchas de las conquistas de la época del consenso socialdemócrata.

            La transición democrática española, en buena medida promovida por el rey ahora retirado, aunque inexplicable sin la existencia de unas elites políticas tanto de derecha como de izquierda dispuestas al pacto, permitió la inserción de España en Europa, con la consecuente inyección de fondos europeos para a convergencia económica y social que sacaron a España del atraso social, económico y político en el que el autoritarismo franquista la había colocado. El de Franco, junto con el de Salazar en Portugal, fue un sobreviviente de los regímenes antiliberales surgidos entre la tercera y la cuarte década del siglo XX en Europa. De la calaña del fascismo y el nazismo, el franquismo, sostenido por una coalición entre la casta militar, la iglesia y los intereses económicos de un empresariado rentista y dependiente de las protecciones estatales respecto a la competencia internacional y la lucha de los trabajadores por sus derechos, fue un régimen perdonado por los aliados al final de la guerra, gracias a que supo presentarse como un bastión contra el avance del comunismo en los años de la Guerra Fría.

            Sólo la muerte del dictador acabó con aquel arreglo política. Juan Carlos de Borbón y su entorno entendieron que sólo un pacto político incluyente generaría la estabilidad necesaria para el desarrollo económico. La llamada transición democrática española fue vista como un paradigma de negociación política por la manera en la que logró incluir a la inmensa mayoría de los actores relevantes de izquierda a derecha y de las diferentes identidades nacionales que había exacerbado su desafección a la idea de la España una, grande y libre pregonada por el franquismo.

            Durante décadas, el régimen democrático surgido de la Constitución española de 1978 fue visto como un ejemplo de lo que un buen pacto de elites políticas podía lograr. Es verdad que quedaban cabos sueltos, notorios sobre todo en la persistencia del terrorismo de ETA, que reclamaba la independencia del País Vasco con un reguero de muertos, pero frente al cual se construyó un amplio consenso de izquierda a derecha, que incluía a los nacionalistas no violentos; pero el abanico de fuerzas en los que se sustentó el acuerdo constitucional era visto como sólido e incluyente. El Estado de las autonomías parecía una solución razonable a la diversidad regional de una España plurinacional y diversa. El desarrollo económico y la prosperidad parecían una conquista irreversible de una sociedad caída vez más integrada en la Europa rica.

            La crisis económica que estalló en 2008 dio al traste con la ilusión de solidez institucional. El paradigma de acuerdo político comenzó a resquebrajarse. Los nacionalistas catalanes, que habían sido parte fundamental del acuerdo de la transición, decidieron escalar su reclamo soberanista en medio del descontento social generado por el desempleo, los recortes del Estado de bienestar, los aumentos de impuestos y la contracción del gasto público. Mientras, en el conjunto de España los jóvenes, atenazados por la falta de oportunidades, mostraban su enorme desafección respecto a los partidos políticos que han ostentado la representación política desde el momento de la instauración democrática.

            La crisis económica ha resquebrajado sustancialmente la institucionalidad nacida con la transición. El resultado de la elecciones europeas del 25 de mayo fue la expresión contundente del debilitamiento del bipartidismo que ha sido eje del régimen político surgido de la transición. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que desde la década de 1980 habían sumado alrededor del 80 por ciento de los votos, no alcanzaron entre ambos el 50 por ciento de los sufragios para elegir diputados al Parlamento Europeo. Una nueva fuerza, el colectivo Podemos, emergió como fuerza crítica a la cerrazón de la “casta política” tradicional, mientras la izquierda republicana de Cataluña, con su reclamo independentista, fue la fuerza más votada en su región.

            Con ese telón de fondo, el rey que impulsó el cambio político abdicó en su hijo. El reto soberanista catalán, el debilitamiento de la representatividad de los partidos tradicionales, la pérdida de prestigio del rey, inmerso en escándalos de corrupción de su familia y aquejado por achaques de la edad, y el malestar social, sobre todo entre la juventud, hacen necesaria la revisión de buena parte de los fundamentos del arreglo construido hace casi cuatro décadas. El final del reinado de Juan Carlos coincide con el final del consenso político que él contribuyó a construir. Si bien no se trata de un nuevo final de régimen, se hace indispensable abrir un nuevo proceso de negociación de muchas de las instituciones nacidas del pacto de la década de los setenta del siglo pasado.

            Si bien la sucesión en la jefatura del Estado se ha dado en paz, sólo un nuevo ciclo de reformas podrá evitar la fractura de España y el deterioro de una democracia que durante décadas ha sido vista como ejemplar. A pesar de las manifestaciones republicanas vistas en las últimas semana, no existen condiciones para un cambio de régimen, como el ocurrido hace casi 40 años. Sin embargo, sólo con reforma sustanciales España podrá alcanzar un nuevo ciclo de certidumbres.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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