Martín Moreno-Durán
21/05/2014 - 12:00 am
Moreno Valle, Velasco, Borge, y el fascismo
+Puebla, Chiapas, QR: bala y palo a manifestantes +Moreno y Velasco: el fondo, sus ambiciones en 2018 La tentación del autoritarismo entre los políticos es una línea tan delgada como peligrosa. ¿Dónde termina la tolerancia de los poderosos? Cuando su imagen, intereses y proyectos se ven dañados por la crítica. Es entonces cuando el virus […]
+Puebla, Chiapas, QR: bala y palo a manifestantes
+Moreno y Velasco: el fondo, sus ambiciones en 2018
La tentación del autoritarismo entre los políticos es una línea tan delgada como peligrosa. ¿Dónde termina la tolerancia de los poderosos? Cuando su imagen, intereses y proyectos se ven dañados por la crítica. Es entonces cuando el virus de la represión les brota, a la mayoría, contra sus rivales y, en no pocas ocasiones, amenazando a ciudadanos inconformes.
Y eso ocurre en Puebla, Chiapas y Quintana Roo, gobernados por los priistas Rafael Moreno Valle, Manuel Velasco y Roberto Borge, respectivamente, entidades donde han impulsado y sus Congresos aprobado leyes antimarchas en las cuales –como en el caso poblano- hasta armas de fuego se autoriza utilizar en contra de manifestantes.
Usted me dirá, lector de esta Red Pública, que Moreno Valle es del PAN y Velasco del Partido Verde. En la papeleta electoral, así fue. En su formación política, corazón y entrañas, son priistas.
Moreno Valle perteneció siempre al PRI y sólo brincó al PAN por conveniencia política para poder llegar a la gubernatura. Si Moreno es panista, entonces Puebla está en Europa.
Velasco siempre ha pertenecido al PVEM que, como todos sabemos, es un eructo del PRI. Los verdes son las rémoras del priismo: nadan a su sombra, actúan como priistas, piensan como ellos. Si Velasco no es priista, entonces Chiapas está en África.
¿Y Roberto Borge? Un gobernador joven pero con las mañas antidemocráticas del priismo viejo aunque, en la praxis política, no hay viejo ni nuevo PRI. Es el mismo. El de siempre.
Y sí: son ellos, los priistas. No cambian. Ni cambiarán.
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Por supuesto que el columnista jamás estará en favor de la anarquía, del uso de la violencia de manifestantes contra civiles o comercios, o cuando se ponga en riesgo la vida de una persona. No es por ahí.
Sí, en cambio, que haya libertad en manifestaciones públicas en contra de los abusos del poder, protestas contra gobiernos que pretenden reducir al silencio y a la resignación a las sociedades, o marchas en busca de fortalecer libertades que pretenden ser suprimidas por la clase política. Con estos movimientos, cada quién desde nuestra trinchera, estaremos a favor.
Sin embargo, la ley antimarchas en Puebla tiene, indiscutiblemente, tintes fascistas.
El lunes pasado se aprobó un ordenamiento que desde su nombre es un mar de contradicciones: “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales”. Es decir: en Puebla se protegerá a balazos. Como en el viejo oeste.
Se argumenta en su Artículo 10 la “legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o la integridad física”. Esto es más que obvio y no necesita reglamentación alguna: la autoridad policiaca está obligada, bajo cualquier circunstancia, a proteger a los ciudadanos. Cómo sea. Eso ya está consagrado en la Constitución.
Lo preocupante de la iniciativa enviada por Moreno Valle al Congreso poblano –un pretexto falaz-radica en que el uso de armas de fuego -pistolas, rifles, metralletas, etc- lleva dedicatoria y está etiquetada: utilizar bala contra los manifestantes que pongan en jaque al gobierno.
¿Bajo qué argumento?
Basta leer el apartado que clasifica como “factor de riesgo” en las manifestaciones públicas, considerando…“el poder numérico de los manifestantes; las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleve a cabo las manifestaciones; el fin que persigue la manifestación o mera manifestación de ideas; los aspectos socioeconómicos o políticos imperantes en el momento de la manifestación y la cobertura a la manifestación”.
¿Qué tal?
Supongamos entonces en base a lo anterior:
Si el número de manifestantes es por miles, podrán ser disueltos a balazos.
Si es en el Centro de Puebla, deberán ser sometidos bajo plomo.
Si el fin que persigue la manifestación es, por ejemplo, protestar por los abusos o la incompetencia del gobernador Moreno Valle y pedir su renuncia, podrán ser baleados.
Si la mera “manifestación de ideas” exhibe al gobierno de Moreno Valle, pues a someterlos a balazos.
No nos equivoquemos: amenazar la “manifestación de ideas” es autoritarismo. Y punto.
¿Y quién determinará qué manifestaciones son de alto riesgo? Pues Moreno Valle.
Lo que ocurre en Puebla es una regresión democrática, atentar contra las libertades ciudadanas, amagando con someter a balazos –literalmente-, las expresiones contrarias al gobierno establecido.
Y algo también lamentable: el silencio y la falta de crítica de medios y periodistas locales contra la #LeyRafaBalazos con aromas fascistas. Salvo dignas excepciones, como el Periódico Central, que ha sido riguroso con la información y ha dado la voz de alerta a Puebla y al país, la mayoría de los comunicadores poblanos han cerrado los ojos. Qué pena.
“El estado protege sus intereses y éstos van en contra de la misma nación, y al ir en contra de la mayoría, no acepta la crítica, y ha llegado al grado de utilizar las armas para querer evitarlo. Es característico de los gobiernos dictatoriales donde no hay democracia”, advierte el investigador de la BUAP, Silvano Victoria de la Rosa.
Dictaduras. ¿No que ya se habían ido?
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El 15 de mayo pasado, en Chiapas, también por iniciativa del gobernador Manuel Velasco, fue aprobada una ley que avala el uso de la fuerza pública contra marchas o manifestaciones.
“Constituye un amago contra las manifestaciones públicas en momentos en que hay un descontento social generalizado por las reformas y decisiones gubernamentales que agravian a la mayoría de los mexicanos “, advirtió la diputada local Hortensia Zúñiga.
Velasco, como Moreno Valle, argumenta no permitir “manifestaciones violentas” y reservarse el uso de la fuerza. Okey. El problema es cuándo y cómo se determinará que las marchas en Chiapas son “violentas”: ¿Cuándo critiquen al gobernador? ¿Cuándo cuestionen a Peña Nieto? ¿Cuándo sean contrarias a los intereses oficialistas?
En Chiapas, Manuel Velasco ha basado su programa de gobierno en tres puntos básicos: en publicidad y propaganda, en amenaza a las libertades públicas…y en su noviazgo fabricado con Anahí.
Pobre Chiapas.
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En Quintana Roo se abrió el baile del fascismo.
El gobernador priista Roberto Borge encabeza el primer gobierno que oficialmente concretó una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, y que faculta a las autoridades para que, ante cualquier queja o protesta, los policías puedan disolver las concentraciones masivas.
Es decir: si el PRI o alguno se queja de que hay marcha contra el gobernador, será motivo suficiente para reprimir a los manifestantes. Así de sencillo.
QR, como Puebla y Chiapas, son las joyas del autoritarismo oficial en contra de las manifestaciones públicas.
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La tentación del autoritarismo es una línea muy delgada…y tiene un fondo sucesorio: el 2018.
Moreno Valle –aliado incondicional de Gustavo Madero-, busca ser el candidato presidencial del PAN…con su corazón priista.
Manuel Velasco quiere ser candidato presidencial del Partido Verde…con el apoyo de su querido PRI.
Y por ello, desde ahora, ambos pretenden someter las manifestaciones públicas en su contra y las adversas a Peña Nieto; silenciar a las voces críticas; consolidar la censura, siguiendo el ejemplo pueril del gobierno peñista contemplado en la Ley de Telecomunicaciones.
Primero, el fascismo. Después, el 2018.
Twitter: @_martinmoreno
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