Érase una vez que el Partido Revolucionario Institucional era el poder hegemónico en la República Mexicana, que hacía y deshacía en las entidades federativas que integraban aquella rica nación.

Gustaba el Primer Priísta del País de poner y quitar gobernadores, de palomear y bloquear candidatos, de mandar en las Cámaras Legislativas y de dominar todas y cada una de las ciudades del vasto territorio nacional.

Era común escuchar las historias de los solícitos que contaban leyendas como aquella que las hojas de ningún árbol en México se movían sin conocimiento del Ejecutivo Nacional. O cuando solía preguntar la hora, la respuesta inmediata era “la que usted ordene señor Presidente de la República”.

El poder absoluto, los vasallos y los aprovechados llevaron a ese gobierno hegemónico a la perdición. Al abuso y la rapiña, a la transa y la corrupción, a la represión y la dictadura casi perfecta. Entonces menguó pero no desapareció.

Ese PRI, regresó al poder de la República con Enrique Peña Nieto. El Presidente de las estrellas, el mandatario que todo lo aprueba, el de la foto y el discurso escrito, el que controla la retórica pública e incide en la privada, el que en tiempos modernos de transparencia y menoscabada democracia, pone y quita.

En ese contexto, con la mano presidencial fuera del panorama en los estados, pero metida hasta la médula en la administración pública a partir del ejercicio del poder federal, en los últimos días, cayeron dos secretarios de gobierno de dos estados de la República.

Uno de un estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el otro de uno administrado por el Partido Acción Nacional. Bajo la lógica política, falta uno que gobierne en un estado dominado por el Partido de la Revolución Democrática.

En efecto, primero cayó Jesús Reyna García en Michoacán, quien después de ocupar el despacho del Gobierno del Estado que abandonó Fausto Vallejo para tratarse una enfermedad hasta hoy desconocida –por supuesto la atención médica la recibió en el extranjero y no en el país- fue regresado a su cargo de Secretario de Gobierno, y luego retirado debido a una orden de arraigo en su contra para que la Procuraduría General de la República lo investigue por presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con el cártel de los Caballeros Templarios.

El segundo en caer de la silla de la Secretaría de Gobierno, fue el número dos del Gobierno de Baja California, Guillermo Trejo Dozal. Compadre del mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid, Trejo había sido panista, luego perredista, más adelante empresario y en los últimos meses Secretario de Gobierno, hasta que una orden de aprehensión fue liberada por un Juez de Distrito a propósito de un caso cuya investigación ordenó la mismísima Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la venta de seguros sin contar con el permiso para ello.

Así, dos gobiernos de los estados, el de Michoacán y el de Baja California, se quedaron sin el original número dos de las administraciones locales, debido a investigaciones federales. Podría usted pensar que lo de Trejo fue para minimizar lo de Reyna pero no. La orden de aprehensión contra Trejo Dozal fue emitida el 31 de enero de 2014, mientras la de Reyna ni siquiera ha salido, pues de otra forma no se requeriría una solicitud de arraigo para investigar y en caso de encontrar evidencias, procesar al político.

Que los dos hayan sido cachados por el gobierno federal no puede ser una coincidencia, mucho menos cuando se trata de una administración priísta que todo lo controla. Sorprende que los dos, tanto Reyna como Trejo, ignoraran que eran el blanco de investigaciones federales, que finalmente concluirían con su separación del cargo.

En el caso de Michoacán, aducen que el ex Secretario de Gobierno se reunió con criminales incluso desde los tiempos de la campaña política de Fausto Vallejo, y que se vio frente a frente con Servando Gómez “La Tuta”, a la sazón el único criminal con liderazgo en ese banda delincuencial que se encuentra prófugo.

Sin ofrecer mayor información se investiga, como si en estos días reunirse con “La Tuta” fuese difícil. Al criminal le han hecho entrevistas periodistas extranjeros y nacionales; ha dado discursos ante cámaras del Canal de las Estrellas como de la competencia, igual manda mensajes a políticos y medios, como hace mitines y organiza concentraciones masivas. De hecho, tan no es difícil toparse con un narcotraficante en Michoacán, que hasta el Comisionado Presidencial para la Seguridad en aquella entidad, Alfredo Castillo, habló y prometió revisar su caso, con Juan José Farías “El Abuelo”, del cártel de Los Valencia. Ahora sí que en Michoacán, muchos son Reyna aunque no se apelliden igual.

La impunidad que priva en México, la represión, y la silenciosa guerra contra el narcotráfico que encabezan las fuerzas federales comandadas por Enrique Peña Nieto, han hecho que los narcotraficantes también sean figuras públicas, a grado, como “La Tuta” de conceder entrevistas y solicitar reuniones con, como dicen en el País dominado por el PRI, “las fuerzas vivas” de la sociedad.

Definitivamente se debe investigar a quienes acuerdan con narcotraficantes, eso no está en duda, pero utilizar el arraigo del cual tanto han renegado en la presente administración debido al abuso en la presidencia anterior, significa que poco o nada tienen contra el ex Secretario de Gobierno de Michoacán, pero les urgía separarlo del cargo.

Por alguna razón el caso del ex Secretario de Gobierno de Baja California se dio en la misma semana. No porque el doctor Trejo haya declinado a su participación en el gobierno de Francisco Vega mientras es investigado por realizar operaciones activas de seguro sin contar con la autorización correspondiente para hacerlo, por parte de la autoridad federal, sino porque ¡No dijo nada! Sabiendo que en enero 2014 un Juez Federal emitió una orden de aprehensión en su contra, continuó “laborando” para el Gobierno de Baja California, sin tomar precauciones ni notificar a su superior ni a los ciudadanos a los que se supone representa.

Mientras no era evidenciado como lo fue, por personas anónimas que entregaron la documentación de la orden de aprehensión a periodistas, para el prófugo Secretario de Gobierno Guillermo Trejo Dozal, no pasaba nada. Continuaba con su charada de todo está bien y el Gobernador Vega de Lamadrid lo solapaba –si es que estaba enterado de la orden de aprehensión- o también era engañado, si es que desconocía el mandamiento judicial.

Ciertamente si en los estados los funcionarios no ponen de su parte, es probable que el gobierno federal no pueda meter las manos para hacer y deshacer o para quitar o poner secretarios o directores, pero de que si le abren la puerta, entrarán con todo, estos dos casos lo comprueban.

El Gobierno Federal tiene el poder y lo ejerce; igual para encarcelar a la líder de los maestros, como para pactar con un grupo y detener a otro. O retirar con argumentos legales endebles a un secretario de gobierno y promover una investigación y orden de aprehensión para otro.

El poderío hegemónico del PRI está de regreso. Caerán aquellos que no pacten, que no acuerden y que, encima de todo, incluso de ser del mismo partido, transen en lo individual.

Desde aquella última década del Siglo pasado cuando gobernadores caían, hasta esta semana, no se habían visto golpes de todo poderoso. “No se equivoquen” dirían en lo más granado del salinismo… aún faltan.

Adela Navarro Bello

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